domingo, 8 de abril de 2018

Sobre la detención de Lula Da Silva


En los últimos días hemos sido testigos de diversos movimientos que han terminando en una orden de detención contra el expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, acusado en el denominado caso Lava Jato, que destapó una enorme red de corrupción que involucraba a un conjunto de empresas contratistas de la estatal Petrobras, en donde se pagaban transversalmente sobornos a políticos, medios de comunicación, policías, funcionarios públicos y jueces, con el fin de tener exclusividad en la adjudicación de grandes obras de infraestructura y servicios asociados a la petrolera.

Cuando se destapó el escándalo, en 2014, las fichas se comenzaron a mover en el mapa político de Brasil, llegando al golpe que terminó con la expulsión de Dilma Rousseff de la presidencia de este país en 2016. La derecha neoliberal brasileña aprovechó la crisis para movilizar a todas sus fuerzas y poder hacerse del poder a través de la figura de Michel Temer, quien también se encuentra involucrado en hechos de corrupción -incluso más graves que los que se le acusan a Lula-. El mapa del presente es de un gobierno absolutamente deslegitimado que ha decidido usar mecanismos autoritarios para mantenerse estable, haciendo que toda la atención mediática se centre en el Partido de los Trabajadores (PT) y en la corrupción que salpica a quienes gobernaron Brasil desde 2003, logrando grandes avances en aseguramiento de derechos sociales y mayor justicia social.

Los dos puntos que hay que tener claros son que el mapa político actualmente es dominado de forma autoritaria por la derecha conservadora (en lo valórico) y neoliberal (en lo económico y cultural); y los avances sociales, políticos y culturales logrados durante los periodos de Da Silva y Rousseff son indesmentibles y categóricos. En ese contexto, es entendible la rebelión de los sectores que durante siglos han concentrado el poder en Brasil y que en la última década lo fueron perdiendo. También es entendible que aprovechen los errores y corrupción de algunos sectores de la izquierda brasileña para socavar todos los avances logrados y devolverse a sí mismos su estatus de privilegio.

La prisión a Lula es una jugada política de la ultraderecha para sacarlo del mapa electoral. Las diversas cosas que hemos visto en los últimos días son brutales y atentan contra cualquier debido proceso hacia una persona, vulnerando la Constitución y mostrando que los sectores privilegiados de Brasil -y Latinoamérica- están dispuestos a utilizar todos los medios a su disposición para evitar que las conquistas populares continúen profundizándose. La manipulación de medios como O Globo y Veja, sumada a la acción de militares, políticos y jueces que no tienen miedo en dejar en evidencia su corrupción, deja de manifiesto que estamos frente a una evidente operación política para anular a Lula, montando un caso cuyas pruebas son completamente cuestionables. Están desesperados, porque saben que Brasil es una olla a presión.

Analizando la complejidad de la corrupción en Brasil, si fuera por llevar a prisión a los corruptos la mitad del país estaría preso. Temer, todos los parlamentarios, policías federales y locales, jueces, periodistas y una gran cantidad de personas deberían ir al lado de Lula, porque las redes tejidas por las grandes empresas tienen una dimensión estructural en el Estado brasileño. Frente a eso, la serie O Mecanismo, que ficcionaliza a partir del caso Lava Jato, deja una interesante reflexión que emana desde su mismo nombre: la corrupción está tan interiorizada en la cultura, que opera desde el sujeto que debe arreglar una tubería en una calle hasta los altos ejecutivos de las empresas estatales. Todo es un mecanismo basado en la normalización del sistema de "coimas".

Pero dar cuenta de la persecución política que vive Lula con la intención de anular las ideas de justicia social en Brasil, visibilizando la corrupción estructural del Estado, no quita que también miremos lo escandaloso de los negocios de Petrobras y el PT con el gran capital privado, como un matrimonio que terminó alejando a la ciudadanía del proceso social. Así, con este caso tenemos la demostración viva de que cuando los procesos sociales se alejan del pueblo y no profundizan en mayores canales de democracia directa, terminan siendo fácilmente cooptados y corrompidos por las fuerzas que quieren mantener el orden capitalista de la sociedad, marcado por la producción y reproducción de las desigualdades. El proceso de avances en justicia social que ha vivido Brasil en los últimos años es innegable y debe reconocerse, pero ello no debe quitarnos jamás la capacidad crítica en estos momentos tan difíciles en donde es el pueblo brasileño el que debe resistir a esta nueva embestida de los privilegiados.




NOTA:
El mismo capital privado con el que se terminó casando una parte de la izquierda brasileña es el que financió el viaje de Lula a Chile en 2013. La empresa OAS (una de las contratistas involucradas en el caso Lava Jato) pagó un avión privado que trajo al expresidente al país para apoyar la campaña de Michelle Bachelet. Ese mismo avión se quedó en Chile y fue utilizado en la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Ningún medio de comunicación ha profundizado en estos detalles ni en el posible financiamiento de empresas como OAS u Odebrecht a campañas políticas chilenas, cuando esas contratistas tienen millonarios contratos vigentes con el Estado chileno.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Mientras descansamos (algunas consideraciones sobre el Proyecto de Universidades Estatales)

Por estos días, mientras la mayoría del mundo estudiantil se encuentra de vacaciones y los funcionarios comienzan a cerrar el ciclo 2017, se discute en el Parlamento el proyecto de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, propuesto con suma urgencia por el gobierno durante los últimos días, debiendo aprobarse de forma expresa antes del 29 de diciembre. El proyecto en general ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pasando en los próximos días al Senado, para ser despachado en los plazos forzados por el ejecutivo.
La legislación, pese a que tiene algunos avances, presenta fallas graves que podrían profundizar los problemas actuales, por lo mismo he considerado necesario plantear algunas consideraciones:

1. El proyecto original establecía que instituciones que cuenten con una acreditación superior al promedio podrían aumentar su matrícula sin límites (según sus capacidades), sumando una serie de beneficios tributarios para facilitar la inversión de excedentes en el mejoramiento de la calidad e investigación. Esos aspectos que fueron aprobados en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados luego fueron recortados por la Comisión de Hacienda, que transgredió sus atribuciones con la complicidad del gobierno y la derecha, continuando con una práctica que ha sido habitual en todas las leyes de educación aprobadas durante el periodo de Michelle Bachelet, en donde finalmente el Ministerio de Educación ha terminado trabajando con la derecha para
serenar los aspectos positivos de todos los proyectos. En este caso, las Universidades del Estado tendrán límites para el aumento de su matrícula y no gozarán de mayores beneficios tributarios que les permitan fortalecerse contando con mayores recursos. 2. Continúa manteniéndose una estructura de gobierno universitario tipo "Directorio", en donde los diversos estamentos que componen las universidades son puestos en un rol secundario. La ley amenaza la autonomía de las instituciones de educación superior de forma preocupante, restando poder a los órganos colegiados de la comunidad universitaria en favor de personas nombradas a dedo que gobiernan en una lógica de universidad-empresa, puesto que 4 de los 9 miembros del Consejo Superior de las instituciones, serán externos a las casas de estudio. 3. Pese a que se crea un organismo de coordinación entre las universidades del Estado, no se les mandata a trabajar en una estrategia nacional de desarrollo que implique cooperación y solidaridad entre estas instituciones. Tampoco se suma a esta coordinación a los Centros de Formación Técnica Estatales, lo que hace que la instancia sea un mero saludo a la bandera que no reafirma en ningún caso el rol público que deberían tener las instituciones de educación superior del Estado. 4. Se continúa perpetuando el modelo de financiamiento indirecto vía Voucher. De esta forma, se deja a las universidades sin un financiamiento basal que les permita crecer y fortalecer su rol público, condenándolas al autofinanciamiento y a una competencia descarnada (entre ellas mismas y con el resto de instituciones privadas del sistema). Hoy el 16% de la matrícula se concentra en universidades del Estado, mientras que el 84% de estudiantes se ven obligados a optar por instituciones de educación superior privadas, con escasa regulación -sobre las que existen
fundadas sospechas de que continúan lucrando, pese a que la ley lo prohibe- y donde, en muchos casos, la calidad impartida por esas casas de estudio deja mucho que desear.

Los estudiantes con los mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria, la mayoría provenientes de familias con mayores recursos, continúan prefiriendo a las instituciones estatales, convirtiéndolas en espacios elitistas que no se logran abrir al resto de la sociedad, no solamente por su sentido cultural de elite, sino que porque el mismo Estado no entrega los recursos suficientes.
Considerando todo lo anterior, Ley de Fortalecimiento de las Universidades Estatales no cumple con el sentido de su nombre, puesto que continúa obligando a las casas de estudio a la competencia dentro de un sistema que les impide crecer y las obliga a manejarse bajo lógicas de mercado, lo que demuestra la fórmula que ha seguido el gobierno con todas las reformas aprobadas durante la administración Bachelet: ejecutar cambios cosméticos que en ningún caso sacan al mercado de la educación.

domingo, 26 de noviembre de 2017

La gratuidad de Piñera y el tejado de vidrio de la Nueva Mayoría

En tiempos de elecciones se ven muchas cosas increíbles, sobre todo cuando nos acercamos a una segunda vuelta con un panorama tan incierto como lo que ocurre en el presente, en donde Piñera llega debilitado, a casi 14 puntos de alcanzar el 50% más un voto que lo llevaría a su segundo mandato como Presidente de la República. Así, el candidato que todos los medios de comunicación y grandes encuestadoras daban como ganador seguro -incluso abriéndose a la posibilidad de que no hubiera balotaje y la coyuntura se cerrara con un triunfo en primera vuelta- resulta herido de gravedad y con un diagnóstico que aspira a un cuadro terminal, cuestión que ha abierto paso a situaciones dignas de retratar para la posteridad.

Comenzó la campaña post primera vuelta con la ex deportista y ahora Diputada electa Erika Olivera asegurando que si Guillier ganaba Chile podría convertirse en Venezuela –que junto a Cuba y Norcorea son como los artilugios discursivos más patéticos que suele utilizar la derecha chilena para desacreditar al oponente cuando sienten amenazados sus privilegios-, que en principio sería vista como una “mala declaración”, pero luego fue aprovechada por el mismo Piñera para atacar al candidato del oficialismo. Al término de la semana, los reporteos periodísticos darían cuenta de que no fue un error comunicacional, sino que una estrategia articulada desde el interior del comando de Piñera por sus espadachines Chadwick y Ubilla, con el fin de instalar un miedo colectivo al más puro estilo de la posverdad.

Después de eso vendrían los llamados desesperados a uno de los enemigos más públicos del candidato de la derecha, su antiguo contendor en las elecciones primarias, Manuel José Ossandón, para que hiciera explícito su apoyo a Piñera en la primera vuelta. Y se produjo, no como quisieran en el comando del expresidente, pero el referente de una parte no menor de la derecha popular chilena le entregó su respaldo, aunque anunciando que el abanderado de Chile Vamos se había comprometido explícitamente con algunos puntos claves de su programa. El más polémico: la gratuidad en la educación superior.

Que Piñera, enemigo declarado de la idea de gratuidad, cambiara de posición, fue la ventana para que se desataran una serie de cuestionamientos y acusaciones de “volteretas políticas” al interior de la misma derecha, porque –hay que decirlo- fue este bloque el que se opuso férreamente a la gratuidad implementada por el gobierno de Michelle Bachelet, incluso al punto de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. En concordancia con este cambio, el candidato también le informó al país que pasó de creer que “la educación es un bien de consumo” a que “es un derecho”, así, por arte de magia.


La Nueva Mayoría, aprovechando la instancia, disparó con todo al ya herido Piñera, con la intención de asegurar el triunfo de Alejandro Guillier y terminar de desmoronar la campaña de la derecha. No es un secreto que el comando del candidato oficialista ha pasado a estar controlado por voces conservadoras (como la de Sergio Bitar) que abogan por no hacer concesiones programáticas al Frente Amplio (la nueva y potente tercera fuerza que se abre paso en el parlamento) y apostar por el “voto contra Piñera”, articulando un discurso que pretende movilizar en base al miedo por el retroceso social y político que podría significar para el país un triunfo de la derecha.

Sin hacer mayores gestos programáticos ni articular una propuesta de cambios reales, todo parece indicar que la estrategia de Guillier no le entrega al grueso de la masa electoral del Frente Amplio un motivo de peso para asistir en diciembre a las urnas y votar contra Piñera. Más bien, algunos sectores de este mundo están apostando por terminar con la tentación de votar por el mal menor y, si el candidato oficialista no se acerca con propuestas, todo parece indicar que no habría un apoyo explícito del mundo frenteamplista, lo que crearía un panorama adverso para el periodista y pondría una cuota de incertidumbre aún más extrema a esta segunda vuelta.

Por todo lo anterior, el cambio de Piñera con el tema de la gratuidad les cayó del cielo a quienes querían dejar en evidencia la desesperación de la derecha ante una eventual derrota electoral. Lo que no se atreven a decir es que el espacio para que el candidato de Chile Vamos se definiera por apoyar la gratuidad en la educación superior, fue abierto por la pésima política pública implementada por la misma Nueva Mayoría en torno al tema.

Me explico…

Entregar la gratuidad como una beca, bajo la lógica del voucher, no fue un invento de los Chicago Boys ni de los ingenieros neoliberales de Piñera, sino que fue la misma Nueva Mayoría la que pensó en un modelo en donde se favorece a la “oferta” del mundo “privado” y se dinamiza el “mercado educativo”. No es un detalle menor el que la Universidad Autónoma sea la que recibe la mayor cantidad de recursos asociados al concepto de gratuidad: un plantel privado que estuvo siendo investigado por lucro y hasta nuestros días presenta una escasa regulación del uso de sus recursos que provienen masivamente del fisco. Mientras tanto, universidades integrales, estatales, públicas y de reconocida calidad solo han aumentado sus déficits al adherir a esta política.

Con ese cuadro heredado por el gobierno actual, con ese tejado de vidrio con el que hoy pontifican los sectores oficialistas para atacar al candidato de la derecha, Sebastián Piñera ha apostado por una promesa tramposa que responde a sus intereses personales de continuar por la senda de la “educación como un bien de consumo”. El anuncio de expandir la gratuidad en la educación superior tiene una especificación: será a través de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Esto nuevamente no es una improvisación, puesto que es este sector el que quedó intocable después de los ajustes realizados por la Nueva Mayoría durante este periodo de gobierno, incluso permitiéndosele a estos planteles lucrar. Así, la gratuidad propuesta por el expresidente transita por el mismo camino del negocio educativo que el gobierno de Michelle Bachelet no quiso terminar: llenarle los bolsillos de plata a quienes siguen lucrando con el derecho a la educación.

domingo, 19 de noviembre de 2017

Contra todo pronóstico


Este 19 de noviembre hemos vivido un día histórico en donde el Frente Amplio ha superado todos los vaticinios y campañas que se realizaron desde las encuestadoras y los medios de comunicación. Sebastián Piñera (36%) y Alejandro Guillier (22%) pasan a segunda vuelta, pero la candidata Beatriz Sánchez obtiene un 20% de los votos. La situación resulta compleja de analizar, puesto que habrán algunos que dirán que es un fracaso el no haber pasado al balotaje. Pese a ello, a continuación escribo algunos antecedentes para aportar al debate:

1. Los recursos
Se deben tener en cuenta los recursos utilizados por cada candidatura. En cifras, la proporción el gasto de campaña de Guillier y Sánchez es de 5 a 1, respectivamente. Mientras tanto, la proporción entre Piñera y Sánchez es de 10 a 1. La situación resulta fundamental para reconocer que los resultados electorales obtenidos por el Frente Amplio son un éxito en materia de campaña. Una situación aún más grave sucede con los recursos utilizados por las diferentes coaliciones que competían por escaños en el parlamento. Pese a ello, contra todo pronóstico el Frente Amplio se constituye como alternativa y alcanza porcentajes históricos que tienen una disonancia si se les compara con los gastos. Así, la consigna "el poder de much*s" se convierte en una realidad.

2. Los medios
En el tránsito de la campaña, los medios de comunicación fueron fundamentales. Al respecto, la cobertura de la campaña del Frente Amplio fue muy parecida a la proporcionalidad del gasto de campaña, si la comparamos con el resto de los candidatos (con Guillier 5 a 1 y con Piñera 10 a 1, aproximadamente). A eso debemos sumarle la acción de las grandes empresas encuestadoras que, en base a los resultados, podríamos indicar que mintieron descaradamente. Sumados los medios y las encuestadoras, se construyó una realidad en donde la carrera ya estaba corrida y existía la seria posibilidad de que Piñera ganara en primera vuelta. Los acontecimientos del 19N han demostrado que jamás fue así y que simplemente estas instancias generaron una falsa realidad que el Frente Amplio debe reconocer como un problema fundamental de su quehacer político futuro, puesto que ha quedado en evidencia que la concentración de los medios de comunicación conspira contra una alternativa de cambio.

3. La irrupción de una nueva fuerza
La cantidad de parlamentarios obtenidos por el Frente Amplio -que a esta hora alcanzaría 20 diputados y un senador- ha sido el mayor éxito electoral de una fuerza política en las últimas décadas. Con ello, el Frente Amplio debe comprender que se posiciona como un actor clave que rompe definitivamente con el modelo duopólico de esta democracia pactada. El desafío ahora es profundizar el programa y constituirse, en un futuro no muy lejano, como una opción política que asegure gobernabilidad y aspire decididamente a la construcción de un país más justo y verdaderamente democrático. El triunfo debe ser tomado con cautela y los nuevos liderazgos que ingresarán al Parlamento deben propender hacia facilitar la llegada de esta nueva fuerza a los territorios. El triunfo debe ser canalizado desde el día 1 hacia un trabajo territorial que visibilice las nuevas formas de hacer política que propone el Frente Amplio -como ejemplos tenemos el gran trabajo que han realizado los actuales tres parlamentarios del bloque en sus distritos-.

4. CONSIDERACIONES DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA
Ahora, con los resultados a cuestas, van a venir los patudos de siempre a decirle al Frente Amplio que sea responsable, que firme un cheque en blanco a Guillier, cuando en realidad es el candidato de la Nueva Mayoría el que tiene que pensar mejor su programa y acercarse a los votantes del Frente Amplio con propuestas concretas. Si realmente quiere ganar, Guillier debe comenzar a hacer política y replantearse sus objetivos programáticos que apuntaron hacia una mantención de las AFP's, el CAE y el endeudamiento estudiantil, las Isapres y las dudas sobre una convocatoria a Asamblea Constituyente. Todos esos elementos deben ser repensados por el comando de quien pasa a segunda vuelta, puesto que son temas que el Frente Amplio levantó como banderas de lucha y que, si no se cambian, en ningún caso podría abrir paso a un apoyo electoral por parte del bloque naciente hacia el periodista en la segunda vuelta, puesto que no es responsabilidad de Beatriz Sánchez conseguirle los votos a Guillier.

El nuevo ciclo histórico que comienza con este parlamento pone fin al binominal, pero también a las cocinas, los acuerdos cupulares y los traspasos de votos. Si el Frente Amplio quiere constituirse como fuerza, debe apostar por medidas programáticas concretas, sin firmar cheques en blanco ni apostar por cogobernar junto a quienes no han demostrado interés por llevar a cabo los cambios que Chile necesita.

lunes, 4 de septiembre de 2017

Con qué fin... A 12 años de la desaparición de José Huenante

José Huenante Huenante es un joven que nació el 1 de noviembre de 1988 en la ciudad de Puerto Montt, en sur de Chile. Ahí se crió en un clima de pobreza y escasez, que forzó a su madre a salir de la ciudad y dirigirse a Santiago a trabajar como asesora del hogar. La historia de la infancia de José es la de muchas niñas y niños chilenos: se desescolarizó tempranamente, fue a vivir con una tía e intentó trabajar y hacer algún dinero para poder aportar a los gastos de la nueva casa en donde vivía. Sus amigos y familia dicen que siempre quizo volver a estudiar, pero las condiciones no lo permitieron. Primero hay que comer.
José Huenante Huenante
Cuando tenía 16 años, el 3 de septiembre de 2005, fue visto por última vez siendo golpeado y detenido por una patrulla de Carabineros en medio de un operativo que desplegó a tres automóviles llenos de policías civiles y uniformados. Desde ese día, la lucha incesante de su familia y amigos no ha tenido respuesta por parte de las instituciones del Estado chileno. Han pasado 12 años y el gobierno de Michelle Bachelet, en su primer periodo en ese entonces, no desarrolló ninguna acción concreta para esclarecer el hecho y llegar a la verdad, convirtiendo a José Huenante Huenante en el primer desaparecido después del fin de la dictadura cívico-militar. Así mismo, los gobiernos de Piñera y nuevamente Bachelet, han intentado bajarle el perfil a la grave situación, incluso cuando en 2013 esta última fue emplazada en medio de su campaña para ser electa en su segundo mandato y mandó a callar a quienes protestaban, asegurando que en democracia los problemas no se resuelven de esa forma. Tampoco evitando investigar desapariciones forzadas, se le olvidó a la Presienta.
Los medios de comunicación, actores principales en un cuadro democrático sano en donde las instituciones deberían estar bajo permanente cuestionamiento respecto de actuar, también guardaron silencio, un silencio que se hace cómplice del olvido, puesto que los convierte en partícipes activos del manto de impunidad que se ha intentado imponer en esta situación, en donde las policías han actuado como verdaderas mafias en contra de quienes han tenido la valentía de entregar informaciones que permitan esclarecer los hechos. Paralelo a eso, la alteración de bitácoras de viaje, informes policiales y versiones de los carabineros involucrados no han logrado llamar la atención y durante todo este tiempo el olvido se ha transformado en una aspiración para todas las instituciones cómplices de esta desaparición forzada.
Al cumplirse una docena de años desde la última vez en que se tuvo información del paradero de José, el programa Informe Especial, de TVN, emitió un reportaje titulado "¿Dónde está José Huenante? Desaparecido en democracia". Ahí se entrevista a un ex funcionario de Carabineros involucrado en su desaparición, quien se pregunta en algún momento "¿con qué fin vas a hacer desaparecer a una persona?", pretendiendo disipar sospechas. La inexistencia de un motivo fundado para la comisión de la desaparición forzada de José los ha salvado de ser condenados por todas las irregularidades cometidas, pero en la realidad, la violencia policial tiene móvil en sí misma, porque es una práctica normalizada en las instituciones del Estado chileno.
Ronnie Ibarra, Sargento en retiro de Carabineros que participó en el procedimiento durante la noche en la que desapareció José Huenante
La respuesta de un periodismo incisivo y no temeroso frente a ese policía mentiroso debería haber sido "entonces ¿con qué fin golpearon hasta la inconsciencia al otro detenido junto a José?", porque reportajes como este suelen omitir o mostrar como un detalle menor el hecho de que hubo otro menor de edad detenido la misma noche en que desaparece José y cuyo testimonio podría ser clave, pero fue tan golpeado por esos mismos carabineros que ahora sostienen un evidente pacto de silencio, que hoy no recuerda -o no quiere recordar- nada, cuestión comprensible dadas las brutales irregularidades, seguimientos y amedrentamientos por parte de agentes del Estado hacia quienes se han atrevido a dar su testimonio de lo ocurrido esa noche.
¿Con qué fin golpean a un menor de edad hasta la inconsciencia los policías que ahora se pintan de buenos? Pues con el mismo fin con el que hicieron desaparecer a José y con el mismo fin con el que han guardado silencio desde el 3 de septiembre del 2005, por 12 dolorosos años; con el mismo fin con el que los dos gobiernos de Michelle Bachelet y el de Piñera han sido cómplices activos de toda esta situación: la sucia protección de un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los más pobres y luego cubre sus huellas con mantos de impunidad y pactos de silencio.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Desierto Verde

En 2015 tuve la posibilidad de conocer de cerca la realidad de los poblados rurales de la zona centro sur de Chile, al participar de un trabajo de campo en el contexto del proceso de planificación de la construcción de pequeños y medianos embalses para regadío en zonas fuertemente afectadas por la sequía que ha sacudido al país en los últimos años. Debo reconocer que antes se subirme a los transportes que nos llevaban a los diversos lugares de las regiones de O’higgins y Maule conocía escasamente de qué se trataba el problema, cuál era su real magnitud y la complejidad de factores que hay detrás de una situación que es transmitida por los grandes medios de comunicación como un “desastre natural”, evitando hablar de las responsabilidades humanas. En el camino hacia las zonas en que nos correspondía desplegar a los equipos de trabajo, quienes no conocíamos varios de los lugares nos impresionamos ante los bellos paisajes marcados por el verde de los densos bosques que nos vigilaban a escasos metros (o incluso centímetros) de los serpenteantes caminos muy bien pavimentados y, en momentos, atestados de grandes camiones de los que emanaba el profundo olor de la resina de los arboles recién mutilados que transitan hacia los aserraderos.

Durante el mes de enero y febrero de ese año nos desplegamos en la comuna de Curepto, ubicada hacia la costa de la ciudad de Talca, en la región del Maule. Ahí, en un sector llamado Gualleco, comenzamos a conocer la realidad de una zona fuertemente afectada por el gran capital forestal chileno. La imagen de los verdes bosques quedó convertida en una molesta ilusión –o un espejismo, como los que se producen en los desiertos-.

En un pueblo casi fantasma, afectado por el terremoto de 2010 y luego por el devastador incendio de 2014, los escasos pobladores que se negaban a emigrar al mundo urbano nos contaron que desde fines la década de 1970, cuando comenzaron a proliferar las grandes plantaciones de Pinos y Eucaliptus, el pueblo nunca volvió a ser igual. Grandes empresas representadas por señores citadinos educados y vestidos con ternos, corbatas y artículos electrónicos inentendibles para ellos, llegaron ofreciendo la esperanza de una mejor calidad de vida, generar más fuentes de trabajo y traer el progreso a estas zonas olvidadas que solo hace pocos años comenzaban a superar los residuos de la era del latifundio. Pero el resultado fue la agudización de las sequías y, al mecanizar los procesos de extracción, la promesa de un aumento de la necesidad de mano de obra se esfumó. Quedaron sumidos en el abandono y la pobreza rural, que no es igual a la de las grandes ciudades, porque en el campo al menos queda sentido de comunidad, están los animales y los esfuerzos para hacer producir la tierra a como dé lugar, con el único fin de poder subsistir.

Pese a la vida precaria que llevaban, los habitantes de Gualleco buscaban entre lo que no tenían para ofrecernos alguna fruta, un pan amasado, una empanada o cualquier cosa de comer y beber. La esperanza de poder enfrentar la sequía que las forestales agravaron estaba en sus ojos, como si presenciaran la oportunidad de encontrar un oasis en medio de este desierto verde. La mayoría de habitantes del poblado eran adultos mayores, puesto que sus hijos y nietos habían tenido que emigrar forzosamente a las ciudades más cercanas en búsqueda de trabajo, estudios y, en fin, el espejismo de una vida más cómoda con el que se promueve a las ciudades en el mundo rural. En ese momento entendí que el incendio ya había pasado por ahí antes de que se vieran las llamas y comenzó cuando desde las altas esferas del poder se decidió adoptar una política que enriquece a unos pocos, a costa de la precarización de muchos.

Los cambios que los habitantes de estas comunidades del centro sur de Chile comenzaron a ver durante la década de 1970 responden a la ejecución del Decreto 701 del 15 de octubre de 1974, firmado por la dictadura cívico-militar, que concedió exenciones tributarias, subsidios y bonos para la industria forestal. El acuerdo fue sellado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), institución que en ese momento era liderada por Julio Ponce Leroy, yerno del dictador Augusto Pinochet que luego adquiriría la empresa estatal Soquimich, que actualmente se encuentra involucrada en escándalos de financiamiento irregular a casi la totalidad de partidos políticos de la transición. El acuerdo para potenciar la industria forestal emanó como una forma de pagar los favores que los Matte y Angelini, dos de las familias más poderosas del país, le hicieron a la derecha chilena al “invertir” mucho dinero en el boicot al gobierno de Salvador Allende, que terminó con el golpe del 11 de septiembre de 1973 y la imposición de una dictadura cívico-militar que, a punta de violencia, impulsó políticas neoliberales y enriqueció a sus “amigos” vendiendo bienes públicos y generando subsidios para estabilizar sus negocios.

Cómodos con las medidas neoliberales los gobiernos de la postdictadura se han negado hasta nuestros días a modificar la normativa impuesta (ver más en: https://shar.es/19KhBz) y -posiblemente impulsados por los grandes “aportes” de estas empresas a campañas políticas-, sabiendo el daño que hacen las plantaciones de las especies anteriormente mencionadas, se ha estimulado su cultivo encubriéndolo mentirosamente con una campaña comunicacional que apela a bonificaciones por “recuperación de suelos degradados y forestación”, entregándose solo entre los años 2000 y 2014 un monto superior a los US$228 millones a las grandes empresas forestales. No contentos con este decreto, pese a los constantes incendios como el de Gualleco en 2014, en los últimos años se han continuado aprobando más subsidios y noticia aún más escandalosa: después de los mega incendios desatados en los meses de enero y febrero de 2017 en el centro sur del país, el gobierno volverá a subsidiar la “reforestación” de las zonas incendiadas en los últimos episodios para ser plantadas por pinos y eucaliptus, volviendo a levantar millonarias ganancias para las grandes familias de la elite chilena a costa de la precarización y empobrecimiento de miles de familias campesinas (ver documental “Plantar Pobreza”).

Los habitantes de Gualleco con el tiempo conocieron el significado de una compleja palabra: monocultivo, la forma en que los técnicos llaman al desarrollo de plantaciones de Pinos y Eucaliptus en cantidades industriales que se desplegaron en lo que antes eran tierras cultivables o bosques nativos. Ambas especies arbóreas fueron introducidas al país, desplazando a las cepas autóctonas. Un gran negocio en el corto plazo, puesto que son de rápido crecimiento si se les compara con especies locales, pero un potencial desastre en el futuro, ya que consumen exceso de agua y desertifican los suelos impidiendo la vida de gran parte de la flora y fauna propia de esta zona. A largo plazo, un polvorín en caso de que se dieran las condiciones –e irresponsabilidades- asociadas a un incendio, pero también con consecuencias a mediano plazo: la transformación brutal de bellos pueblos con economías de subsistencia en verdaderos desiertos verdes, continuando con la política del Estado neoliberal de basar la economía del país en la explotación indiscriminada de recursos naturales.

* Escrito originalmente para rebelion.org

viernes, 9 de diciembre de 2016

Entrevista con Revista Signos

A continuación un extracto en formato audiovisual de una entrevista que entregué para la Revista Signos, del Instituto Bartolomé de las Casas, en Lima. El espacio elegido para la sesión fue el Lugar de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en la capital peruana.