miércoles, 22 de febrero de 2017

Desierto Verde

En 2015 tuve la posibilidad de conocer de cerca la realidad de los poblados rurales de la zona centro sur de Chile, al participar de un trabajo de campo en el contexto del proceso de planificación de la construcción de pequeños y medianos embalses para regadío en zonas fuertemente afectadas por la sequía que ha sacudido al país en los últimos años. Debo reconocer que antes se subirme a los transportes que nos llevaban a los diversos lugares de las regiones de O’higgins y Maule conocía escasamente de qué se trataba el problema, cuál era su real magnitud y la complejidad de factores que hay detrás de una situación que es transmitida por los grandes medios de comunicación como un “desastre natural”, evitando hablar de las responsabilidades humanas. En el camino hacia las zonas en que nos correspondía desplegar a los equipos de trabajo, quienes no conocíamos varios de los lugares nos impresionamos ante los bellos paisajes marcados por el verde de los densos bosques que nos vigilaban a escasos metros (o incluso centímetros) de los serpenteantes caminos muy bien pavimentados y, en momentos, atestados de grandes camiones de los que emanaba el profundo olor de la resina de los arboles recién mutilados que transitan hacia los aserraderos.

Durante el mes de enero y febrero de ese año nos desplegamos en la comuna de Curepto, ubicada hacia la costa de la ciudad de Talca, en la región del Maule. Ahí, en un sector llamado Gualleco, comenzamos a conocer la realidad de una zona fuertemente afectada por el gran capital forestal chileno. La imagen de los verdes bosques quedó convertida en una molesta ilusión –o un espejismo, como los que se producen en los desiertos-.

En un pueblo casi fantasma, afectado por el terremoto de 2010 y luego por el devastador incendio de 2014, los escasos pobladores que se negaban a emigrar al mundo urbano nos contaron que desde fines la década de 1970, cuando comenzaron a proliferar las grandes plantaciones de Pinos y Eucaliptus, el pueblo nunca volvió a ser igual. Grandes empresas representadas por señores citadinos educados y vestidos con ternos, corbatas y artículos electrónicos inentendibles para ellos, llegaron ofreciendo la esperanza de una mejor calidad de vida, generar más fuentes de trabajo y traer el progreso a estas zonas olvidadas que solo hace pocos años comenzaban a superar los residuos de la era del latifundio. Pero el resultado fue la agudización de las sequías y, al mecanizar los procesos de extracción, la promesa de un aumento de la necesidad de mano de obra se esfumó. Quedaron sumidos en el abandono y la pobreza rural, que no es igual a la de las grandes ciudades, porque en el campo al menos queda sentido de comunidad, están los animales y los esfuerzos para hacer producir la tierra a como dé lugar, con el único fin de poder subsistir.

Pese a la vida precaria que llevaban, los habitantes de Gualleco buscaban entre lo que no tenían para ofrecernos alguna fruta, un pan amasado, una empanada o cualquier cosa de comer y beber. La esperanza de poder enfrentar la sequía que las forestales agravaron estaba en sus ojos, como si presenciaran la oportunidad de encontrar un oasis en medio de este desierto verde. La mayoría de habitantes del poblado eran adultos mayores, puesto que sus hijos y nietos habían tenido que emigrar forzosamente a las ciudades más cercanas en búsqueda de trabajo, estudios y, en fin, el espejismo de una vida más cómoda con el que se promueve a las ciudades en el mundo rural. En ese momento entendí que el incendio ya había pasado por ahí antes de que se vieran las llamas y comenzó cuando desde las altas esferas del poder se decidió adoptar una política que enriquece a unos pocos, a costa de la precarización de muchos.

Los cambios que los habitantes de estas comunidades del centro sur de Chile comenzaron a ver durante la década de 1970 responden a la ejecución del Decreto 701 del 15 de octubre de 1974, firmado por la dictadura cívico-militar, que concedió exenciones tributarias, subsidios y bonos para la industria forestal. El acuerdo fue sellado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), institución que en ese momento era liderada por Julio Ponce Leroy, yerno del dictador Augusto Pinochet que luego adquiriría la empresa estatal Soquimich, que actualmente se encuentra involucrada en escándalos de financiamiento irregular a casi la totalidad de partidos políticos de la transición. El acuerdo para potenciar la industria forestal emanó como una forma de pagar los favores que los Matte y Angelini, dos de las familias más poderosas del país, le hicieron a la derecha chilena al “invertir” mucho dinero en el boicot al gobierno de Salvador Allende, que terminó con el golpe del 11 de septiembre de 1973 y la imposición de una dictadura cívico-militar que, a punta de violencia, impulsó políticas neoliberales y enriqueció a sus “amigos” vendiendo bienes públicos y generando subsidios para estabilizar sus negocios.

Cómodos con las medidas neoliberales los gobiernos de la postdictadura se han negado hasta nuestros días a modificar la normativa impuesta (ver más en: https://shar.es/19KhBz) y -posiblemente impulsados por los grandes “aportes” de estas empresas a campañas políticas-, sabiendo el daño que hacen las plantaciones de las especies anteriormente mencionadas, se ha estimulado su cultivo encubriéndolo mentirosamente con una campaña comunicacional que apela a bonificaciones por “recuperación de suelos degradados y forestación”, entregándose solo entre los años 2000 y 2014 un monto superior a los US$228 millones a las grandes empresas forestales. No contentos con este decreto, pese a los constantes incendios como el de Gualleco en 2014, en los últimos años se han continuado aprobando más subsidios y noticia aún más escandalosa: después de los mega incendios desatados en los meses de enero y febrero de 2017 en el centro sur del país, el gobierno volverá a subsidiar la “reforestación” de las zonas incendiadas en los últimos episodios para ser plantadas por pinos y eucaliptus, volviendo a levantar millonarias ganancias para las grandes familias de la elite chilena a costa de la precarización y empobrecimiento de miles de familias campesinas (ver documental “Plantar Pobreza”).

Los habitantes de Gualleco con el tiempo conocieron el significado de una compleja palabra: monocultivo, la forma en que los técnicos llaman al desarrollo de plantaciones de Pinos y Eucaliptus en cantidades industriales que se desplegaron en lo que antes eran tierras cultivables o bosques nativos. Ambas especies arbóreas fueron introducidas al país, desplazando a las cepas autóctonas. Un gran negocio en el corto plazo, puesto que son de rápido crecimiento si se les compara con especies locales, pero un potencial desastre en el futuro, ya que consumen exceso de agua y desertifican los suelos impidiendo la vida de gran parte de la flora y fauna propia de esta zona. A largo plazo, un polvorín en caso de que se dieran las condiciones –e irresponsabilidades- asociadas a un incendio, pero también con consecuencias a mediano plazo: la transformación brutal de bellos pueblos con economías de subsistencia en verdaderos desiertos verdes, continuando con la política del Estado neoliberal de basar la economía del país en la explotación indiscriminada de recursos naturales.

* Escrito originalmente para rebelion.org

martes, 23 de agosto de 2016

Reforma: institucionalización del mercado en la educación superior

En 2006 miles de estudiantes secundarios salimos a las calles a manifestarnos en lo que se ha conocido como La Revolución Pingüina. Como adolescentes, invisibilizados por las instituciones, habíamos decidido avanzar en nuestros planteamientos pasando, de manifestarnos por mejores condiciones de infraestructura en nuestros colegios o la rebaja de la tarifa del transporte público, a reconocer que este tipo de problemas eran solo síntomas de una falla sistémica, que sentaba sus bases en la revolución neoliberal iniciada por la dictadura cívico-militar, pero afianzada y profundizada por el pacto de la transición –en el que la Alianza y la Concertación no tuvieron muchas diferencias-. Los dardos del movimiento estudiantil apuntaron a la Constitución pinochetista impuesta en 1980 y a sus leyes orgánicas, que amarraban el destino mercantil de la educación. El reclamo contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) comenzó a remover lo que el pacto político postdictatorial decía que no se podía modificar.

La violencia de los agentes del Estado desplegada contra menores de edad que nos manifestábamos en las calles causó revuelo internacional y visibilizó aún más nuestras demandas, que aspiraban a transformaciones sistémicas en la educación, a través de la derogación de la LOCE y cambios concretos en la administración de los precarizados establecimientos públicos (desmunicipalización). Todo esto terminó por forzar a la presidenta Michelle Bachelet a responder con la promesa de trabajar para enviar al parlamento dos proyectos de ley que consideraran las principales demandas estudiantiles. Para trabajar la reforma, la presidenta conformó el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, en el que se depositarían las esperanzas de una sociedad que había logrado comprender los problemas de la educación y sintonizar con los estudiantes.

En 2007 se materializaron los compromisos presidenciales, a través de la presentación de la Ley General de Educación. El problema es ésta es que contaría con un amplio acuerdo de los partidos del pacto de la transición (como un solo bloque), pero con el rechazo del movimiento estudiantil y la sociedad chilena. Emblemática resulta la fotografía en donde todos los representantes de los partidos de gobierno y oposición se toman sus manos y las levantan, en señal de triunfo, al momento de pactar una reforma educacional que institucionalizó las desigualdades de la educación escolar y no solucionó las demandas levantadas por la movilización estudiantil, que continuaría ahora en rechazo a la reforma del bloque transicional, que a través de los medios –controlados por grandes conglomerados económicos- nos decían que hasta ahí no más, que los pendejos no sabíamos lo que significaba gobernar un país, que las cosas tenían que cambiar pero habían ciertos límites.

Otra promesa incumplida, otra mentira
Pero ¿por qué recordar ese pasado? Pues porque hoy pareciéramos estar en un momento en donde la historia se vuelve a repetir sin matiz alguno y, quienes nos movilizamos en 2006 siendo derrotados institucionalmente, en 2011 volvimos a las calles aun con más masividad que antes, esperando ganar. Michelle Bachelet tomó las consignas del movimiento estudiantil nuevamente, las usó en su campaña obteniendo un mayoritario apoyo ciudadano que la posicionó por segunda vez en el gobierno, pero cuatro años después de ese histórico 2011 volvemos a observar impávidos la caída de la promesa de construir un sistema más justo, reemplazada por la institucionalización de la educación de mercado.

Fortalecimiento a la educación pública, fin al lucro, gratuidad de la enseñanza y mayor calidad fueron las principales demandas levantadas por los secundarios de 2006, que en 2011 siendo universitarios nos volvimos a alzar. Bachelet respondió en su programa de gobierno, prometiendo que en sus primeros 100 días en La Moneda presentaría una “reforma estructural” que llevaría a la educación de ser un bien de consumo manejado bajo lógicas de mercado a convertirse en un derecho social garantizado para toda la población. Muchos creyeron en las promesas, pero otros sabíamos que era casi imposible que los mismos que construyeron la educación de mercado decidieran botar su proyecto neoliberal. Después de los primeros 100 días las acciones comenzaron a darnos la razón a aquellos desconfiados, que para nada nos sentimos ganadores, sino que todo lo contrario, lamentamos el haber tenido la razón. La “reforma estructural” prometida comenzó a postergarse, postergarse y postergarse, no una, dos o tres veces, sino que nueve y habiendo pasado más de dos años y medio de gobierno recién durante este mes el gobierno ha presentado al Congreso lo que ha denominado “Reforma a la Educación Superior”.

Quienes tenemos conocimiento de algunas cuestiones que suceden en los pasillos del Ministerio de Educación sabemos que hasta última hora las autoridades no estaban seguras con la presentación del proyecto. Incluso, tres días antes de la Cadena Nacional de la presidenta Bachelet anunciando el ingreso de la propuesta de ley al Congreso, el Mineduc se reunía con los rectores de las universidades estatales para intentar convencerlos de apoyar la “reforma” y éstos le daban la espalda, declarando valientemente que lo que se pretende hacer con la iniciativa es privatizar completamente el sistema. En esa misma reunión, sin ningún tapujo Nicolás Eyzaguirre, ex economista del FMI y actual ministro secretario general de gobierno (encargado de la tramitación del proyecto en el parlamento), declaró frente a los rectores que “el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuará de por vida” para “ayudar” a quienes realicen sus estudios en “universidades privadas con arancel liberado”, reconociendo que la lógica de mercantil que mantiene endeudadas a más de un millón doscientas mil familias no desaparece, sino que se acentúa.

A las palabras del economista se suman las de Adriana Delpiano, asistente social ex miembro del think-tank Educación2020 y actual ministra de educación, quien declaró que “el problema del CAE es por la participación de la banca en este crédito”, asegurando que si se buscan soluciones, en ningún caso alguna pasa por suprimir las lógicas de endeudamiento estudiantil (La Tercera 9/07/2016). Y agregando una clave importantísima para comprender la forma en la que se gesta esta “reforma”, Delpiano señala en una entrevista televisiva que “no se sabe cuánto cuesta la gratuidad para el 100% de los estudiantes” (CNN Chile), dejando en evidencia el problema de fondo: jamás pensaron realmente en cumplir las promesas realizadas a la sociedad chilena. Le mintieron a la gente.

El problema de fondo: la institucionalización de la educación de mercado
Pero revisando el proyecto de educación superior presentado por el gobierno (evitaré hablar de reforma porque solo es un marco regulatorio del mercado) éste establece que todas las universidades deberán acreditarse para poder existir como tal, pero será decisión de cada plantel adherir a la gratuidad o no. Si se suman al sistema de gratuidad (comprendida como una beca, bajo la lógica neoliberal del financiamiento a la demanda) se deberán someter a un sistema de “regulación y fijación de aranceles” establecido por los organismos reguladores que la misma ley instituye (Subsecretaría, Superintendencia y Consejo para la Calidad de la Educación Superior).

Si esto ya es un problema, porque la lógica mercantil está siempre detrás de todo, la cosa se pone más compleja porque el mismo proyecto establece que los denominados “beneficios estudiantiles” que la ley entiende como becas y créditos (aunque es completamente legítimo cuestionarnos si es que estos últimos son realmente un beneficio para los estudiantes) se entregarán a todas las instituciones acreditadas.

Ahora el problema grave: solo las universidades que adscriban a la gratuidad van a tener aranceles regulados, mientras que un conjunto de planteles que no se sumen a esta forma de financiamiento van a poder elevar todo lo que quieran sus aranceles y hacer que sus estudiantes los paguen a través de becas y formas de endeudamiento que el mismo Estado promueve. Esto representa un claro gesto hacia planteles como la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, todas instituciones privadas investigadas por lucro y receptoras de más de un cuarto de los dineros del CAE para toda la educación superior (Fuente: Fundación Sol). Así, el gobierno entrega un gesto a estos planteles, permitiéndoles seguir creciendo a costa del endeudamiento y el subsidio estatal, pero no solo eso, pese a que se prohíbe no se tipifica el lucro como delito y se legaliza el traspaso de recursos de las universidades a otras instituciones relacionadas por concepto de arriendo de espacios, mecanismo utilizado por las casas que lucran para “retirar excedentes”, es decir, apropiarse de recursos que deberían invertir en la educación de sus estudiantes. Lucrar.

Pero esto no es coincidencia. Si miramos los directorios de las universidades-empresa, veremos que están conformados por muchos militantes del oficialismo, que han presionado fuertemente para que este proyecto de ley no avance por el camino que indicó la sociedad en 2011 y siga fortaleciendo su negocio educativo. El ejemplo más concreto es Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, militante de la Democracia Cristiana (partido de gobierno), ex ministro de Bachelet, que ha sido acusado directamente de hacer lobby para que continúe el sistema de endeudamiento estudiantil como forma de financiar los estudios de miles de personas (revisar entrevista a Mónica González en CNN Chile). En el mismo cuadro está Jesús Villate, Director Ejecutivo para la región andina de la transnacional Laureate, grupo controlador de la Universidad Nacional Andrés Bello (universidad con la mayor matrícula del país) y otras 4 instituciones de educación superior, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno.

El panorama es claro. Se avanza entonces hacia la institucionalización de un sistema que es la antítesis del “fortalecimiento de la educación pública”, petición estudiantil con la que se llenaron la boca personas como Michelle Bachelet y quienes hoy están en el congreso representando su programa de gobierno. El fin de la reforma es construir un sistema en donde lo privado sea el eje articulador del sistema educativo, como sucede con la educación escolar, en donde existan universidades privadas para quienes puedan pagarlas, planteles privados subvencionados por el Estado (a través de Becas) para quienes puedan hacer aportes propios o endeudarse, e instituciones públicas precarizadas y disminuidas para quienes no tengan recursos. Así, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, sigue sumando puntos en su obsesión por construir guetos. Lo hicieron con la educación escolar, con la salud, con la vivienda y ahora avanzan a la educación superior.

No podemos permitirnos una nueva derrota. No otra vez. Hoy las fuerzas sociales deben decirlo claro y fuerte: la ley de educación superior enviada este mes al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet no es una reforma, ni menos tiene algún componente que desestabilice la estructura del modelo vigente. El proyecto institucionaliza la privatización de la educación como forma de administrar el sistema y el subsidio a la demanda a través de becas y créditos como mecanismo de financiamiento.

* Texto preparado para exposición en las Jornadas de Discusión Triestamental sobre la Reforma a la Educación Superior, realizadas en la Universidad de Chile en el mes de julio de 2016.

sábado, 30 de julio de 2016

La fuerza de la ley

“Quisiera referirme a hechos violentos que hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en el INBA. Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y comprometida con los asuntos públicos, pero eso se hace construyendo y no destruyendo… nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos vandálicos con las movilizaciones aquellas del 2011 que despertaron la conciencia de todo un país sobre los desafíos que Chile tenía con la educación de sus hijos… Yo creo que el país no entiende y por eso nos indignan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla, y vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley porque eso es lo que nos pide toda la sociedad”. Con esa frase la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, opinaba por primera vez de forma directa de las masivas manifestaciones estudiantiles que hoy mantienen más de un centenar de escuelas secundarias tomadas y alrededor de 35 planteles de educación superior movilizados a través de tomas o paros indefinidos.


El sistema de Educación Superior está en crisis y la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles centra el foco en hechos aislados, como las millonarias destrucciones de un establecimiento educacional emblemático de Santiago -el Internado Nacional Barros Arana (INBA)- y no en la masiva fuerza social demostrada por las y los estudiantes en las calles, sacando más de 150 mil personas a las calles del país.

Los periódicos, radios y cadenas de televisión, controladas vertical y horizontalmente por tres cuatro grupos empresariales (nacionales y transnacionales) dedican grandes espacios en donde se repiten palabras como “delincuentes”, “vándalos” y “antisociales” para calificar a los estudiantes movilizados, a tal punto que el discurso mediático-empresarial valida el que en medio de desalojos de estudiantes secundarios, la policía haya ingresado a un establecimiento (el INBA) con sus armas de servicio desenfundadas, en una acción de extrema violencia.
A nadie parece importarle que la misma mañana en donde todos los medios centraban sus focos en los destrozos del INBA se hayan llevado detenidos con fuerte violencia a un grupo de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios por estar en la acera de una calle, frente al Ministerio de Hacienda, intentando hacer un acto pacífico. Se les realizó un control de identidad y los detuvieron, como si no hubiera ninguna diferencia entre la "democracia" de 2016 y la dictadura de 1983, reprimiendo de la misma forma a los secundarios.

El círculo se cierra cuando la presidenta responde anunciando la aplicación de “toda la fuerza de la ley” contra los “vándalos”, convirtiendo un caso aislado en una generalidad con el fin de criminalizar a los estudiantes. El problema es que la máxima autoridad del país no tiene la misma fuerza para aplicar toda la fuerza de la ley a los bancos que endeudan brutalmente a los estudiantes y a sus familias, persiguiéndolos y embargándoles sus viviendas; tampoco se aplica la fuerza de la ley a las universidades privadas, muchas de grandes grupos transnacionales (como Laureate International Universities) que lucran brutalmente y se aprovechan de los sueños de miles de estudiantes; menos se aplica la fuerza de la ley a los agentes del Estado que ingresaron al Liceo de Aplicación (otro establecimiento emblemático de la capital) rompiendo una puerta que es monumento histórico y tiene más de 150 años de antigüedad, ahí el patrimonio parece que se olvida. Por último, nadie aplica la fuerza de la ley a los policías que torturan (sí, torturan) a estudiantes secundarios y universitarios en comisarías o que detienen a cualquier joven que camina por la calle solo por el hecho de ser joven.

Podríamos seguir hablando de situaciones que la prensa omite para desinformar a la población o en donde no se hacen carne viva las palabras que la mandataria chilena usa para criminalizar a los estudiantes, pero el objetivo de este relato es recalcar que el movimiento estudiantil debe ser conciente de que en los grandes medios controlados por el empresariado hay un enemigo, que no se combate necesariamente con una violencia física directa, sino que generando fuerzas mediáticas contrahegemónicas, que le hagan el contrapeso a los relatos de quienes defienden el status quo. Junto con eso, no podemos dejar que los medios de los empresarios controlen el debate, hay que llevarlos a las discusiones de fondo, dejarlos en evidencia, denunciar en su propio terreno la desinformación que promueven. No pretendo con esto hacer una apología o explicar los hechos de violencia en las manifestaciones sociales poniéndolos en una balanza con las acciones del Estado neoliberal y las instituciones económicas, sino que llamar a la reflexión: ¿qué es más violento para el sistema imperante hoy en día? ¿los semáforos, paraderos y liceos destruidos o la organización, la ocupación de espacios y las expresiones de masividad de un movimiento para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que esto hay que cambiarlo de una vez por todas?

* Escrito originalmente para rebelion.org

lunes, 13 de junio de 2016

El Cristo decapitado


Este jueves 9 de junio de 2016, mientras se desarrollaba una marcha por la educación en Chile, que fue cortada en tres oportunidades por la policía con uso de gases lacrimógenos y carro lanza agua sin haber motivo alguno (la marcha se realizaba pacíficamente y en un trazado acordado con las autoridades), en medio de una nube vimos aparecer a Cristo crucificado desde el interior de una iglesia. No comprendíamos el hecho histórico que estábamos presenciando a tan solo unos metros de distancia. Yo, con mi cámara en las manos, quedé tan pasmado que no pude reaccionar para ni pensar en obtener una fotografía y solo observé. Una señal: Cristo marchando con los pobres, con los endeudados, c on los que quieren cambiar el sistema injusto, con quienes a diario son aplastados por esos otros cristianos ortodoxos que ocupan altos puestos en el gobierno y corporaciones empresariales, como el recientemente nombrado Ministro del Interior del Gobierno de la "socialista" Michelle Bachelet, el supernumerario del Opus Dei Mario Fernández.

La aparición del Cristo crucificado parecía conmover a la población hasta el punto de las lagrimas. El Cristo se alzó por sobre las cabezas de los manifestantes, crucificado y torturado por quienes lo vieron -en su tiempo- como un peligro para la subsistencia del sistema. Ese Cristo agonizante que había recibido todo el repudio de los conservadores luego de echar violentamente a los mercaderes del tempo, hoy marchaba con los estudiantes chilenos que se deben endeudar con la banca privada o llorar por becas para poder formar parte de una educación mirada como un "bien de consumo" y en ningún caso como un "derecho social". Así como en aquel tiempo un grupo de personas se enriquecía con la fe de los miles que llegaban hasta el templo, hoy en Chile un grupo de bancos privados y grandes corporaciones transnacionales de la educación se enriquecen lucrando con los sueños y la esperanza de un futuro mejor que tienen miles de estudiantes pobres. Cristo, crucificado y torturado, había decidido levantarse con los estudiantes.

La imagen fue impresionante, corrimos a verla, pero en el camino se vino abajo estrepitosamente. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, hubo un silencio en medio de tanto alboroto. El Cristo al caer terminaba decapitado.


No era una nube celestial, era lacrimógena. No era emoción, era el efecto del gas con el que reprimen indiscriminadamente a quienes se manifiestan. No era una aparición, era el saqueo de la iglesia. Sí era Cristo marchando y terminando descabezado. La policía, que anteriormente había intervenido sin razón en la manifestación, ahora observaba desde lejos esa acción y permitía a la prensa filmar y fotografiar al Cristo torturado, crucificado y decapitado, para que hoy estemos viendo todas esas imágenes en los principales medios de comunicación -controlados por esos pocos cristianos que tienen el poder y explotan a la mayoría de cristianos-, acompañadas de discursos que llaman a más violencia, no sólo contra quienes hagan destrozos, sino que contra cualquier manifestación social, aprovechándose del Cristo decapitado para criminalizar la protesta estudiantil, como si esa acción les hubiera caído del cielo para seguir protegiendo su orden conservador y neoliberal.


* Escrito originalmente para rebelion.org

domingo, 6 de diciembre de 2015

Elecciones en Venezuela: la extraña dictadura y los extraños demócratas

Este domingo 6 de diciembre se celebran las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Los medios de comunicación hegemónicos –situados a la derecha del espectro político- han anunciado con bombos y platillos que podría ser una oportunidad de la derecha para controlar la Asamblea Nacional, con mayoría revolucionaria desde que asumió Hugo Chávez el poder el 2 de febrero de 1999. Estos mismos medios que se han encargado de anunciar un supuesto “inminente triunfo” de la oposición, también han puesto en tela de juicio el proceso eleccionario, porque parece que solo si ellos ganan será considerado un proceso limpio y si no, tendrán la oportunidad de acusar fraude.

Y esta no es una actitud de ahora, ya que los mismos que hoy se ponen el traje de demócratas para atacar la supuesta dictadura chavista, son los artífices del golpe de Estado que en 2002 sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas, hasta que la movilización popular en las calles y el ejército obediente al mandato popular -extraña cosa en la historia latinoamericana- devolvieron al depuesto presidente al poder. Los mismos que hoy se ponen traje de demócratas para acusar falta de libertad de expresión son quienes, en medio de ese golpe cerraron el Canal 8 (Venezolana de Televisión, la televisora pública) y una serie de radios para que no mantuvieran informada a la población y se generara una visión mentirosa y alterada de los hechos que supuestamente justificaban el golpe.

El golpe de Estado de 2002 terminó con los golpistas nuevamente en la oposición, hoy vistiéndose de demócratas.
Por otro lado nos encontramos con una extraña dictadura que en su constitución –plenamente vigente en este momento, realizada por una asamblea constituyente y aprobada en urnas por toda la población- establece un referéndum en cualquier momento del periodo presidencial, si el mandatario así lo quisiera o si el parlamento, con un quorum no muy alto, se lo solicitara. Fue así como la oposición logró en 2004 conseguir los votos para forzar a Chávez a someterse a este mecanismo. Entonces presenciamos, por primera vez en la historia de la humanidad, a un “dictador” sometiéndose al escrutinio de su pueblo, quien lo ratificó en el poder con el 59,1% de las preferencias. En ese momento delegaciones de observadores de Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos e independientes invitados por el oficialismo y la oposición, validaron el proceso, reconociéndolo como una muestra de madurez democrática. Además, aprovecharon de calificar el sistema eleccionario venezolano (voto electrónico) como uno de los más seguros del mundo, en términos de dejar casi nula la posibilidad de fraude –ya que se realizan auditorías previas, en el momento y posterior a la elección, con presencia de representantes de todos los sectores participantes y observadores internacionales, además de miembros del Consejo Nacional Electoral, que constitucionalmente se articula como un poder del Estado-. Extrañamente son varias de esas mismas instituciones las que hoy se abren a hablar, anticipadamente, de una posibilidad de fraude, cuando el sistema electoral sigue siendo el mismo que anteriormente reconocieron y apoyaron.

Entonces, vale la pena cuestionarnos por qué los medios de comunicación, que debieran ser los mediadores entre una realidad particular, en este caso la venezolana, y el resto de la sociedad, han generado un relato completamente alejado de la realidad y hecho a la medida de quienes, reitero, hoy se disfrazan de demócratas.

Por último, dejar en claro que con lo anterior no quiero decir que la situación en Venezuela sea la panacea. Por supuesto que hay problemas, como en todos los países, pero solo hace un par de semanas acabo de llegar de un viaje de casi tres semanas por Caracas, en donde participé de diversas actividades académicas y pude conocer a revolucionarios, antirrevolucionarios, apáticos y desinteresados. Ahí me di cuenta de la forma en la que se ha construido el proceso revolucionario venezolano, que pasó de 1,5 millones de analfabetos a ser reconocido como un país libre de ese problema, en donde se desarrolla un fuerte plan de intervención al espacio urbano para generar más de un millón de viviendas para la población pobre, donde un país tan pequeño y latinoamericano se ubica en el quinto lugar en matrícula universitaria en el mundo, con más de 20 nuevos planteles estatales, gratuitos y de calidad creados desde 1999 hasta la fecha. Después de dar cuenta de todo eso puedo decir que los logros son visibles, que por más que se quiera vender una imagen caótica y servil a los intereses de las élites que han ido perdiendo su poder frente a los avances del pueblo, en el suelo venezolano, en el día a día, se sabe la realidad y se ven a simple vista los logros de la revolución.

También se ven otras cosas: la corrupción, la inseguridad, las filas para conseguir ciertos productos (principalmente de aseo personal), la inflación, etcétera. Sí, también se ve y sería bochornoso criticar a los medios que solo muestran una parte manipulada de la realidad y responder haciendo lo mismo de vuelta. Hay problemas y también se ven a simple vista. Pese a lo anterior, creo que el conflicto más grande está en la necesidad de repensar y replantear un proceso social y político que ya cumple 17 años y que, pasando a una etapa de madurez, necesita construir un nuevo relato, plantear un nuevo horizonte en donde las bases del proyecto político revolucionario sigan más vivas que nunca, pero se logre volver a reactivar la acción y el compromiso que caracterizó la primera época del proceso. Hoy la revolución, lo que los medios denominan “el chavismo” por toda esa demonización que se generó en torno a la figura de Hugo Chávez, enfrenta un gran desafío: generar un relato político que despierte nuevamente la revolución y perfeccione las malas decisiones que se pueden haber tomado en los últimos años. Pero frente a las elecciones, solo queda terminar con una frase del escritor Eduardo Galeano, quien conoció de cerca la realidad venezolana siendo corresponsal de prensa en este país durante un tiempo:

“Esos y otros muchos invisibles no están dispuestos a regresar a Nadalandia, que es el país donde habitan los nadies. Ellos han conquistado su país, que tan ajeno era… Hoy están en el gobierno y, por más que los medios alteren la realidad, no están dispuestos a irse y así lo demuestran en las urnas”.

lunes, 2 de noviembre de 2015

El lento cambio cultural y la institucionalidad neoliberal

Ni en 2006 ni en 2011 conseguimos un cambio institucional en la educación chilena. Con el gobierno de Bachelet se tomaron las consignas del movimiento estudiantil, pero hemos visto cómo hacen oídos sordos a las propuestas que con mucho trabajo y responsabilidad han emanado de los actores de la educación. Podríamos decir que eso es un fracaso, que nuestras movilizaciones no han logrado nada, pero si miramos las discusiones que se han abierto en el país, en los colegios, en las universidades, nos vamos a dar cuenta que hay cambios culturales que están transgrediendo y superando la institucionalidad vigente heredada de la dictadura y potenciada por quienes se dicen la "izquierda" concertacionista.
Hoy en los colegios se abren espacios de participación a las comunidades, los estudiantes secundarios tienen cada vez más protagonismo. En las universidades se comienza a exigir mayor democratización, participación de las comunidades universitarias en la toma de decisiones, derogación a estatutos que en muchas casas de estudio rigen desde la dictadura cívico militar. Hoy exigimos que nuestros espacios educativos estén realmente vinculados con la sociedad, que respondan a los intereses del país y no a los de un grupo reducido de empresarios que nos quieren como mano de obra, exigimos transparencia, que el Estado se cuadre como garante no solo del derecho a la educación, sino que también de otros derechos fundamentales como la salud, la vivienda o el buen vivir. Eso es un cambio cultural que está ocurriendo, poco a poco, y en algún momento la institucionalidad neoliberal pinochetista-concertacionista va a quedar chica. Eso no pasa de un día para otro, no pasará si nosotros no actuamos para seguir profundizando y madurando esta oportunidad de cambio.
El gobierno responde hoy con una supuesta gratuidad en la educación. Por estos días me encuentro de viaje en Caracas (Venezuela) y me han dicho en varias oportunidades: "pero Bachelet les entregó gratuidad para el 2016". Cuando les explico la forma en la que se materializa esa promesa, cuando les cuento cómo funciona el Crédito con Aval del Estado y que éste mecanismo de financiamiento aumenta su aporte estatal para el 2016 en 122 mil millones de pesos -que van directamente a los bolsillos de los bancos y que representa un 20% del aumento del presupuesto para educación, que el gobierno anunció diciendo que era para la gratuidad- no comprenden nada, dicen que es un sistema que carece de toda lógica. Y no estoy hablando de estudiantes chavistas, me refiero a personas de la calle, incluso de oposición. Para cualquiera que no sea chileno es imposible entender que el Estado le entregue a la banca privada dinero y que después los estudiantes tengamos que volver a pagar de nuevo lo mismo, por 20 años, en un crédito eterno. Eso es el deseo indiscriminado y descarado de privilegiar el mercado en la educación, cosa que va en contra del cambio cultural (lento pero efectivo) que está viviendo la sociedad chilena.
Es de esperar que, entre todos, podamos seguir construyendo, profundizando y madurando este cambio, que en algún momento superará a la institucionalidad encerrada en los cerrojos neoliberales que ni Bachelet ni la Nueva Mayoría están dispuestos a romper. Se abren posibilidades de cambio en la Universidad de Santiago, con estatutos que deroguen a los de la dictadura; se abren cambios futuros en la Universidad Alberto Hurtado, avanzando en democratización y transparencia; se abren caminos en la Universidad Católica cuando comienza a existir, como alternativa viable y concreta a la Federación de Estudiantes, un proyecto que promueve la unidad de la comunidad educativa para alcanzar democratización efectiva y luchar contra la elitización de esa casa de estudios. Son cambios pequeños, pero así avanzamos.

martes, 4 de agosto de 2015

¿“Hechos aislados” o violencia policial como política de Estado? (Parte I)

La madrugada de este viernes 24 de julio de 2015 será recordada como un nuevo día oscuro para las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Nelson Quichillao López fue baleado por Fuerzas Especiales de Carabineros, que habían llegado hasta la división El Salvador durante el día anterior, con el objetivo de “reforzar” el trabajo de la policía local en medio de las manifestaciones de los trabajadores subcontratistas de Codelco, que se encontraban en su cuarto día de huelga, exigiendo mejoras sustanciales a las condiciones en las que desarrollan su labor. Según el intendente de Atacama, Miguel Vargas, tres oficiales de policía habrían hecho uso de sus armas de fuego al verse “amenazados” por un grupo de personas que usando “maquinaria pesada” pretendía precipitarse sobre ellos. Quichillao resultó muerto y El Salvador se tiñó nuevamente de sangre obrera.
Lugar en donde es baleado Nelson Quichillao por Carabineros.
Cuando nos encontramos con este tipo de hechos suele decirse que son “aislados”, pero lo mismo se dijo el pasado 21 de mayo cuando en Valparaíso cayó herido de gravedad el estudiante Rodrigo Avilés y Carabineros montó una declaración con mentiras, que quedaron en evidencia cuando la prensa develó un vídeo en donde aparecía que el joven se encontraba en la vereda y simplemente fue agredido brutalmente por la fuerza policial; lo mismo dijeron cuando el 3 de mayo de 2007 en la región del Biobío cayó muerto el trabajador forestal Rodrigo Cisterna, producto las balas que Fuerzas Especiales le propinó luego de que subiera a una maquinaria de la empresa de Anacleto Angelini y los amenazara–misteriosamente los relatos del gobierno de la época, primer mandato de Michelle Bachelet, son muy parecidos a los del caso de Quichillao.
Que era un hecho aislado, dijo también Edmundo Pérez Zujovic, el ministro del interior del gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, luego de que el 11 de marzo de 1966 resultaran ocho personas muertas y más de medio centenar heridas, en una intervención conjunta de agentes del Estado –Carabineros, investigaciones y ejército- en el sindicato de la Confederación de Trabajadores del Cobre en la división El Salvador, de Andes Cooper Mining Company  (parte de la conocida Anaconda Cooper Company), todo esto en medio de una huelga que fue calificada como “ilegal” por las autoridades. En ese hecho, la historia ha demostrado que si no hubiese sido por el médico y el sacerdote del pueblo, que intervinieron en la acción, la masacre hubiese continuado.
El ministro del interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el DC Edmundo Pérez Zujovic
Tres años después, el 9 de marzo de 1969, el mismo Edmundo Pérez Zujovic diría que era un hecho aislado la matanza de 10 pobladores -incluyendo un menor de edad que falleció ahogado por las bombas lacrimógenas, de las que también se abusaba en esa época- en medio de un violento desalojo de una ocupación que casi medio millar de personas desarrollaba en un terreno baldío ubicado en el sector alto de Puerto Montt, conocido también como La Pampa Irigoin.
La reacción de las fuerzas progresistas y de izquierda fue apuntar directamente al Ministerio del Interior, como responsable político de tamañas masacres. El senador Salvador Allende, representando la voz del Partido Socialista, el 13 de marzo de 1969 denunciaba públicamente la situación de Puerto Montt, acusando “premeditación” y calificando la situación como un “crimen, un homicidio premeditado y alevoso”. Además acusaba a Edmundo Pérez Zujovic como el responsable político de la situación, puesto que en él recaía la responsabilidad constitucional de ordenar a las policías. El Partido Comunista también hacía lo propio, exigiendo la renuncia del alto mando de Carabineros y el Ministro del Interior del gobierno DC. Hasta Víctor Jara haría una canción: “Preguntas por Puerto Montt”, publicada a fines de 1969 en el disco Pongo en tus manos abiertas, donde denunciaba la “matanza tan vil” y exigía que Pérez Zujovic respondiera “por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil”.

Jorge Burgos, ministro del interior de Bachelet y responsable del accionar de las policías.
Volviendo al presente, tenemos que comprender que hay responsabilidades individuales comprometidas en el suceso, claro está que hubo tres efectivos que emitieron los disparos. Pero pese a eso, al igual que en la década de los ’60 hoy también hay responsabilidades políticas detrás de los hechos ocurridos, ya que pese a que pareciera que se ha constituido como una política de Estado –a lo largo de la historia- combatir las protestas con balas, no podemos darnos el lujo de seguir permitiéndolo, por más que las fuerzas de izquierda de ayer (el PC y el PS) hoy prefieran mirar al cielo y omitir los brutales hechos de represión y montajes policiales ocurridos en el último tiempo. Jorge Burgos y Mahmud Aleuy, responsables directos del accionar de las policías, hoy deben responder. Y podrá decirte que con sus renuncias en el escritorio presidencial no se cambia nada en lo concreto, sí, pero es un acto mínimo que hablaría de la nueva forma en que el Estado debiera enfrentar los abusos de sus agentes contra la población civil. Ministro Burgos, usted debe responder.