domingo, 26 de noviembre de 2017

La gratuidad de Piñera y el tejado de vidrio de la Nueva Mayoría

En tiempos de elecciones se ven muchas cosas increíbles, sobre todo cuando nos acercamos a una segunda vuelta con un panorama tan incierto como lo que ocurre en el presente, en donde Piñera llega debilitado, a casi 14 puntos de alcanzar el 50% más un voto que lo llevaría a su segundo mandato como Presidente de la República. Así, el candidato que todos los medios de comunicación y grandes encuestadoras daban como ganador seguro -incluso abriéndose a la posibilidad de que no hubiera balotaje y la coyuntura se cerrara con un triunfo en primera vuelta- resulta herido de gravedad y con un diagnóstico que aspira a un cuadro terminal, cuestión que ha abierto paso a situaciones dignas de retratar para la posteridad.

Comenzó la campaña post primera vuelta con la ex deportista y ahora Diputada electa Erika Olivera asegurando que si Guillier ganaba Chile podría convertirse en Venezuela –que junto a Cuba y Norcorea son como los artilugios discursivos más patéticos que suele utilizar la derecha chilena para desacreditar al oponente cuando sienten amenazados sus privilegios-, que en principio sería vista como una “mala declaración”, pero luego fue aprovechada por el mismo Piñera para atacar al candidato del oficialismo. Al término de la semana, los reporteos periodísticos darían cuenta de que no fue un error comunicacional, sino que una estrategia articulada desde el interior del comando de Piñera por sus espadachines Chadwick y Ubilla, con el fin de instalar un miedo colectivo al más puro estilo de la posverdad.

Después de eso vendrían los llamados desesperados a uno de los enemigos más públicos del candidato de la derecha, su antiguo contendor en las elecciones primarias, Manuel José Ossandón, para que hiciera explícito su apoyo a Piñera en la primera vuelta. Y se produjo, no como quisieran en el comando del expresidente, pero el referente de una parte no menor de la derecha popular chilena le entregó su respaldo, aunque anunciando que el abanderado de Chile Vamos se había comprometido explícitamente con algunos puntos claves de su programa. El más polémico: la gratuidad en la educación superior.

Que Piñera, enemigo declarado de la idea de gratuidad, cambiara de posición, fue la ventana para que se desataran una serie de cuestionamientos y acusaciones de “volteretas políticas” al interior de la misma derecha, porque –hay que decirlo- fue este bloque el que se opuso férreamente a la gratuidad implementada por el gobierno de Michelle Bachelet, incluso al punto de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. En concordancia con este cambio, el candidato también le informó al país que pasó de creer que “la educación es un bien de consumo” a que “es un derecho”, así, por arte de magia.


La Nueva Mayoría, aprovechando la instancia, disparó con todo al ya herido Piñera, con la intención de asegurar el triunfo de Alejandro Guillier y terminar de desmoronar la campaña de la derecha. No es un secreto que el comando del candidato oficialista ha pasado a estar controlado por voces conservadoras (como la de Sergio Bitar) que abogan por no hacer concesiones programáticas al Frente Amplio (la nueva y potente tercera fuerza que se abre paso en el parlamento) y apostar por el “voto contra Piñera”, articulando un discurso que pretende movilizar en base al miedo por el retroceso social y político que podría significar para el país un triunfo de la derecha.

Sin hacer mayores gestos programáticos ni articular una propuesta de cambios reales, todo parece indicar que la estrategia de Guillier no le entrega al grueso de la masa electoral del Frente Amplio un motivo de peso para asistir en diciembre a las urnas y votar contra Piñera. Más bien, algunos sectores de este mundo están apostando por terminar con la tentación de votar por el mal menor y, si el candidato oficialista no se acerca con propuestas, todo parece indicar que no habría un apoyo explícito del mundo frenteamplista, lo que crearía un panorama adverso para el periodista y pondría una cuota de incertidumbre aún más extrema a esta segunda vuelta.

Por todo lo anterior, el cambio de Piñera con el tema de la gratuidad les cayó del cielo a quienes querían dejar en evidencia la desesperación de la derecha ante una eventual derrota electoral. Lo que no se atreven a decir es que el espacio para que el candidato de Chile Vamos se definiera por apoyar la gratuidad en la educación superior, fue abierto por la pésima política pública implementada por la misma Nueva Mayoría en torno al tema.

Me explico…

Entregar la gratuidad como una beca, bajo la lógica del voucher, no fue un invento de los Chicago Boys ni de los ingenieros neoliberales de Piñera, sino que fue la misma Nueva Mayoría la que pensó en un modelo en donde se favorece a la “oferta” del mundo “privado” y se dinamiza el “mercado educativo”. No es un detalle menor el que la Universidad Autónoma sea la que recibe la mayor cantidad de recursos asociados al concepto de gratuidad: un plantel privado que estuvo siendo investigado por lucro y hasta nuestros días presenta una escasa regulación del uso de sus recursos que provienen masivamente del fisco. Mientras tanto, universidades integrales, estatales, públicas y de reconocida calidad solo han aumentado sus déficits al adherir a esta política.

Con ese cuadro heredado por el gobierno actual, con ese tejado de vidrio con el que hoy pontifican los sectores oficialistas para atacar al candidato de la derecha, Sebastián Piñera ha apostado por una promesa tramposa que responde a sus intereses personales de continuar por la senda de la “educación como un bien de consumo”. El anuncio de expandir la gratuidad en la educación superior tiene una especificación: será a través de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Esto nuevamente no es una improvisación, puesto que es este sector el que quedó intocable después de los ajustes realizados por la Nueva Mayoría durante este periodo de gobierno, incluso permitiéndosele a estos planteles lucrar. Así, la gratuidad propuesta por el expresidente transita por el mismo camino del negocio educativo que el gobierno de Michelle Bachelet no quiso terminar: llenarle los bolsillos de plata a quienes siguen lucrando con el derecho a la educación.

domingo, 19 de noviembre de 2017

Contra todo pronóstico


Este 19 de noviembre hemos vivido un día histórico en donde el Frente Amplio ha superado todos los vaticinios y campañas que se realizaron desde las encuestadoras y los medios de comunicación. Sebastián Piñera (36%) y Alejandro Guillier (22%) pasan a segunda vuelta, pero la candidata Beatriz Sánchez obtiene un 20% de los votos. La situación resulta compleja de analizar, puesto que habrán algunos que dirán que es un fracaso el no haber pasado al balotaje. Pese a ello, a continuación escribo algunos antecedentes para aportar al debate:

1. Los recursos
Se deben tener en cuenta los recursos utilizados por cada candidatura. En cifras, la proporción el gasto de campaña de Guillier y Sánchez es de 5 a 1, respectivamente. Mientras tanto, la proporción entre Piñera y Sánchez es de 10 a 1. La situación resulta fundamental para reconocer que los resultados electorales obtenidos por el Frente Amplio son un éxito en materia de campaña. Una situación aún más grave sucede con los recursos utilizados por las diferentes coaliciones que competían por escaños en el parlamento. Pese a ello, contra todo pronóstico el Frente Amplio se constituye como alternativa y alcanza porcentajes históricos que tienen una disonancia si se les compara con los gastos. Así, la consigna "el poder de much*s" se convierte en una realidad.

2. Los medios
En el tránsito de la campaña, los medios de comunicación fueron fundamentales. Al respecto, la cobertura de la campaña del Frente Amplio fue muy parecida a la proporcionalidad del gasto de campaña, si la comparamos con el resto de los candidatos (con Guillier 5 a 1 y con Piñera 10 a 1, aproximadamente). A eso debemos sumarle la acción de las grandes empresas encuestadoras que, en base a los resultados, podríamos indicar que mintieron descaradamente. Sumados los medios y las encuestadoras, se construyó una realidad en donde la carrera ya estaba corrida y existía la seria posibilidad de que Piñera ganara en primera vuelta. Los acontecimientos del 19N han demostrado que jamás fue así y que simplemente estas instancias generaron una falsa realidad que el Frente Amplio debe reconocer como un problema fundamental de su quehacer político futuro, puesto que ha quedado en evidencia que la concentración de los medios de comunicación conspira contra una alternativa de cambio.

3. La irrupción de una nueva fuerza
La cantidad de parlamentarios obtenidos por el Frente Amplio -que a esta hora alcanzaría 20 diputados y un senador- ha sido el mayor éxito electoral de una fuerza política en las últimas décadas. Con ello, el Frente Amplio debe comprender que se posiciona como un actor clave que rompe definitivamente con el modelo duopólico de esta democracia pactada. El desafío ahora es profundizar el programa y constituirse, en un futuro no muy lejano, como una opción política que asegure gobernabilidad y aspire decididamente a la construcción de un país más justo y verdaderamente democrático. El triunfo debe ser tomado con cautela y los nuevos liderazgos que ingresarán al Parlamento deben propender hacia facilitar la llegada de esta nueva fuerza a los territorios. El triunfo debe ser canalizado desde el día 1 hacia un trabajo territorial que visibilice las nuevas formas de hacer política que propone el Frente Amplio -como ejemplos tenemos el gran trabajo que han realizado los actuales tres parlamentarios del bloque en sus distritos-.

4. CONSIDERACIONES DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA
Ahora, con los resultados a cuestas, van a venir los patudos de siempre a decirle al Frente Amplio que sea responsable, que firme un cheque en blanco a Guillier, cuando en realidad es el candidato de la Nueva Mayoría el que tiene que pensar mejor su programa y acercarse a los votantes del Frente Amplio con propuestas concretas. Si realmente quiere ganar, Guillier debe comenzar a hacer política y replantearse sus objetivos programáticos que apuntaron hacia una mantención de las AFP's, el CAE y el endeudamiento estudiantil, las Isapres y las dudas sobre una convocatoria a Asamblea Constituyente. Todos esos elementos deben ser repensados por el comando de quien pasa a segunda vuelta, puesto que son temas que el Frente Amplio levantó como banderas de lucha y que, si no se cambian, en ningún caso podría abrir paso a un apoyo electoral por parte del bloque naciente hacia el periodista en la segunda vuelta, puesto que no es responsabilidad de Beatriz Sánchez conseguirle los votos a Guillier.

El nuevo ciclo histórico que comienza con este parlamento pone fin al binominal, pero también a las cocinas, los acuerdos cupulares y los traspasos de votos. Si el Frente Amplio quiere constituirse como fuerza, debe apostar por medidas programáticas concretas, sin firmar cheques en blanco ni apostar por cogobernar junto a quienes no han demostrado interés por llevar a cabo los cambios que Chile necesita.

lunes, 4 de septiembre de 2017

Con qué fin... A 12 años de la desaparición de José Huenante

José Huenante Huenante es un joven que nació el 1 de noviembre de 1988 en la ciudad de Puerto Montt, en sur de Chile. Ahí se crió en un clima de pobreza y escasez, que forzó a su madre a salir de la ciudad y dirigirse a Santiago a trabajar como asesora del hogar. La historia de la infancia de José es la de muchas niñas y niños chilenos: se desescolarizó tempranamente, fue a vivir con una tía e intentó trabajar y hacer algún dinero para poder aportar a los gastos de la nueva casa en donde vivía. Sus amigos y familia dicen que siempre quizo volver a estudiar, pero las condiciones no lo permitieron. Primero hay que comer.
José Huenante Huenante
Cuando tenía 16 años, el 3 de septiembre de 2005, fue visto por última vez siendo golpeado y detenido por una patrulla de Carabineros en medio de un operativo que desplegó a tres automóviles llenos de policías civiles y uniformados. Desde ese día, la lucha incesante de su familia y amigos no ha tenido respuesta por parte de las instituciones del Estado chileno. Han pasado 12 años y el gobierno de Michelle Bachelet, en su primer periodo en ese entonces, no desarrolló ninguna acción concreta para esclarecer el hecho y llegar a la verdad, convirtiendo a José Huenante Huenante en el primer desaparecido después del fin de la dictadura cívico-militar. Así mismo, los gobiernos de Piñera y nuevamente Bachelet, han intentado bajarle el perfil a la grave situación, incluso cuando en 2013 esta última fue emplazada en medio de su campaña para ser electa en su segundo mandato y mandó a callar a quienes protestaban, asegurando que en democracia los problemas no se resuelven de esa forma. Tampoco evitando investigar desapariciones forzadas, se le olvidó a la Presienta.
Los medios de comunicación, actores principales en un cuadro democrático sano en donde las instituciones deberían estar bajo permanente cuestionamiento respecto de actuar, también guardaron silencio, un silencio que se hace cómplice del olvido, puesto que los convierte en partícipes activos del manto de impunidad que se ha intentado imponer en esta situación, en donde las policías han actuado como verdaderas mafias en contra de quienes han tenido la valentía de entregar informaciones que permitan esclarecer los hechos. Paralelo a eso, la alteración de bitácoras de viaje, informes policiales y versiones de los carabineros involucrados no han logrado llamar la atención y durante todo este tiempo el olvido se ha transformado en una aspiración para todas las instituciones cómplices de esta desaparición forzada.
Al cumplirse una docena de años desde la última vez en que se tuvo información del paradero de José, el programa Informe Especial, de TVN, emitió un reportaje titulado "¿Dónde está José Huenante? Desaparecido en democracia". Ahí se entrevista a un ex funcionario de Carabineros involucrado en su desaparición, quien se pregunta en algún momento "¿con qué fin vas a hacer desaparecer a una persona?", pretendiendo disipar sospechas. La inexistencia de un motivo fundado para la comisión de la desaparición forzada de José los ha salvado de ser condenados por todas las irregularidades cometidas, pero en la realidad, la violencia policial tiene móvil en sí misma, porque es una práctica normalizada en las instituciones del Estado chileno.
Ronnie Ibarra, Sargento en retiro de Carabineros que participó en el procedimiento durante la noche en la que desapareció José Huenante
La respuesta de un periodismo incisivo y no temeroso frente a ese policía mentiroso debería haber sido "entonces ¿con qué fin golpearon hasta la inconsciencia al otro detenido junto a José?", porque reportajes como este suelen omitir o mostrar como un detalle menor el hecho de que hubo otro menor de edad detenido la misma noche en que desaparece José y cuyo testimonio podría ser clave, pero fue tan golpeado por esos mismos carabineros que ahora sostienen un evidente pacto de silencio, que hoy no recuerda -o no quiere recordar- nada, cuestión comprensible dadas las brutales irregularidades, seguimientos y amedrentamientos por parte de agentes del Estado hacia quienes se han atrevido a dar su testimonio de lo ocurrido esa noche.
¿Con qué fin golpean a un menor de edad hasta la inconsciencia los policías que ahora se pintan de buenos? Pues con el mismo fin con el que hicieron desaparecer a José y con el mismo fin con el que han guardado silencio desde el 3 de septiembre del 2005, por 12 dolorosos años; con el mismo fin con el que los dos gobiernos de Michelle Bachelet y el de Piñera han sido cómplices activos de toda esta situación: la sucia protección de un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los más pobres y luego cubre sus huellas con mantos de impunidad y pactos de silencio.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Desierto Verde

En 2015 tuve la posibilidad de conocer de cerca la realidad de los poblados rurales de la zona centro sur de Chile, al participar de un trabajo de campo en el contexto del proceso de planificación de la construcción de pequeños y medianos embalses para regadío en zonas fuertemente afectadas por la sequía que ha sacudido al país en los últimos años. Debo reconocer que antes se subirme a los transportes que nos llevaban a los diversos lugares de las regiones de O’higgins y Maule conocía escasamente de qué se trataba el problema, cuál era su real magnitud y la complejidad de factores que hay detrás de una situación que es transmitida por los grandes medios de comunicación como un “desastre natural”, evitando hablar de las responsabilidades humanas. En el camino hacia las zonas en que nos correspondía desplegar a los equipos de trabajo, quienes no conocíamos varios de los lugares nos impresionamos ante los bellos paisajes marcados por el verde de los densos bosques que nos vigilaban a escasos metros (o incluso centímetros) de los serpenteantes caminos muy bien pavimentados y, en momentos, atestados de grandes camiones de los que emanaba el profundo olor de la resina de los arboles recién mutilados que transitan hacia los aserraderos.

Durante el mes de enero y febrero de ese año nos desplegamos en la comuna de Curepto, ubicada hacia la costa de la ciudad de Talca, en la región del Maule. Ahí, en un sector llamado Gualleco, comenzamos a conocer la realidad de una zona fuertemente afectada por el gran capital forestal chileno. La imagen de los verdes bosques quedó convertida en una molesta ilusión –o un espejismo, como los que se producen en los desiertos-.

En un pueblo casi fantasma, afectado por el terremoto de 2010 y luego por el devastador incendio de 2014, los escasos pobladores que se negaban a emigrar al mundo urbano nos contaron que desde fines la década de 1970, cuando comenzaron a proliferar las grandes plantaciones de Pinos y Eucaliptus, el pueblo nunca volvió a ser igual. Grandes empresas representadas por señores citadinos educados y vestidos con ternos, corbatas y artículos electrónicos inentendibles para ellos, llegaron ofreciendo la esperanza de una mejor calidad de vida, generar más fuentes de trabajo y traer el progreso a estas zonas olvidadas que solo hace pocos años comenzaban a superar los residuos de la era del latifundio. Pero el resultado fue la agudización de las sequías y, al mecanizar los procesos de extracción, la promesa de un aumento de la necesidad de mano de obra se esfumó. Quedaron sumidos en el abandono y la pobreza rural, que no es igual a la de las grandes ciudades, porque en el campo al menos queda sentido de comunidad, están los animales y los esfuerzos para hacer producir la tierra a como dé lugar, con el único fin de poder subsistir.

Pese a la vida precaria que llevaban, los habitantes de Gualleco buscaban entre lo que no tenían para ofrecernos alguna fruta, un pan amasado, una empanada o cualquier cosa de comer y beber. La esperanza de poder enfrentar la sequía que las forestales agravaron estaba en sus ojos, como si presenciaran la oportunidad de encontrar un oasis en medio de este desierto verde. La mayoría de habitantes del poblado eran adultos mayores, puesto que sus hijos y nietos habían tenido que emigrar forzosamente a las ciudades más cercanas en búsqueda de trabajo, estudios y, en fin, el espejismo de una vida más cómoda con el que se promueve a las ciudades en el mundo rural. En ese momento entendí que el incendio ya había pasado por ahí antes de que se vieran las llamas y comenzó cuando desde las altas esferas del poder se decidió adoptar una política que enriquece a unos pocos, a costa de la precarización de muchos.

Los cambios que los habitantes de estas comunidades del centro sur de Chile comenzaron a ver durante la década de 1970 responden a la ejecución del Decreto 701 del 15 de octubre de 1974, firmado por la dictadura cívico-militar, que concedió exenciones tributarias, subsidios y bonos para la industria forestal. El acuerdo fue sellado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), institución que en ese momento era liderada por Julio Ponce Leroy, yerno del dictador Augusto Pinochet que luego adquiriría la empresa estatal Soquimich, que actualmente se encuentra involucrada en escándalos de financiamiento irregular a casi la totalidad de partidos políticos de la transición. El acuerdo para potenciar la industria forestal emanó como una forma de pagar los favores que los Matte y Angelini, dos de las familias más poderosas del país, le hicieron a la derecha chilena al “invertir” mucho dinero en el boicot al gobierno de Salvador Allende, que terminó con el golpe del 11 de septiembre de 1973 y la imposición de una dictadura cívico-militar que, a punta de violencia, impulsó políticas neoliberales y enriqueció a sus “amigos” vendiendo bienes públicos y generando subsidios para estabilizar sus negocios.

Cómodos con las medidas neoliberales los gobiernos de la postdictadura se han negado hasta nuestros días a modificar la normativa impuesta (ver más en: https://shar.es/19KhBz) y -posiblemente impulsados por los grandes “aportes” de estas empresas a campañas políticas-, sabiendo el daño que hacen las plantaciones de las especies anteriormente mencionadas, se ha estimulado su cultivo encubriéndolo mentirosamente con una campaña comunicacional que apela a bonificaciones por “recuperación de suelos degradados y forestación”, entregándose solo entre los años 2000 y 2014 un monto superior a los US$228 millones a las grandes empresas forestales. No contentos con este decreto, pese a los constantes incendios como el de Gualleco en 2014, en los últimos años se han continuado aprobando más subsidios y noticia aún más escandalosa: después de los mega incendios desatados en los meses de enero y febrero de 2017 en el centro sur del país, el gobierno volverá a subsidiar la “reforestación” de las zonas incendiadas en los últimos episodios para ser plantadas por pinos y eucaliptus, volviendo a levantar millonarias ganancias para las grandes familias de la elite chilena a costa de la precarización y empobrecimiento de miles de familias campesinas (ver documental “Plantar Pobreza”).

Los habitantes de Gualleco con el tiempo conocieron el significado de una compleja palabra: monocultivo, la forma en que los técnicos llaman al desarrollo de plantaciones de Pinos y Eucaliptus en cantidades industriales que se desplegaron en lo que antes eran tierras cultivables o bosques nativos. Ambas especies arbóreas fueron introducidas al país, desplazando a las cepas autóctonas. Un gran negocio en el corto plazo, puesto que son de rápido crecimiento si se les compara con especies locales, pero un potencial desastre en el futuro, ya que consumen exceso de agua y desertifican los suelos impidiendo la vida de gran parte de la flora y fauna propia de esta zona. A largo plazo, un polvorín en caso de que se dieran las condiciones –e irresponsabilidades- asociadas a un incendio, pero también con consecuencias a mediano plazo: la transformación brutal de bellos pueblos con economías de subsistencia en verdaderos desiertos verdes, continuando con la política del Estado neoliberal de basar la economía del país en la explotación indiscriminada de recursos naturales.

* Escrito originalmente para rebelion.org

viernes, 9 de diciembre de 2016

Entrevista con Revista Signos

A continuación un extracto en formato audiovisual de una entrevista que entregué para la Revista Signos, del Instituto Bartolomé de las Casas, en Lima. El espacio elegido para la sesión fue el Lugar de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en la capital peruana.

martes, 23 de agosto de 2016

Reforma: institucionalización del mercado en la educación superior

En 2006 miles de estudiantes secundarios salimos a las calles a manifestarnos en lo que se ha conocido como La Revolución Pingüina. Como adolescentes, invisibilizados por las instituciones, habíamos decidido avanzar en nuestros planteamientos pasando, de manifestarnos por mejores condiciones de infraestructura en nuestros colegios o la rebaja de la tarifa del transporte público, a reconocer que este tipo de problemas eran solo síntomas de una falla sistémica, que sentaba sus bases en la revolución neoliberal iniciada por la dictadura cívico-militar, pero afianzada y profundizada por el pacto de la transición –en el que la Alianza y la Concertación no tuvieron muchas diferencias-. Los dardos del movimiento estudiantil apuntaron a la Constitución pinochetista impuesta en 1980 y a sus leyes orgánicas, que amarraban el destino mercantil de la educación. El reclamo contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) comenzó a remover lo que el pacto político postdictatorial decía que no se podía modificar.

La violencia de los agentes del Estado desplegada contra menores de edad que nos manifestábamos en las calles causó revuelo internacional y visibilizó aún más nuestras demandas, que aspiraban a transformaciones sistémicas en la educación, a través de la derogación de la LOCE y cambios concretos en la administración de los precarizados establecimientos públicos (desmunicipalización). Todo esto terminó por forzar a la presidenta Michelle Bachelet a responder con la promesa de trabajar para enviar al parlamento dos proyectos de ley que consideraran las principales demandas estudiantiles. Para trabajar la reforma, la presidenta conformó el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, en el que se depositarían las esperanzas de una sociedad que había logrado comprender los problemas de la educación y sintonizar con los estudiantes.

En 2007 se materializaron los compromisos presidenciales, a través de la presentación de la Ley General de Educación. El problema es ésta es que contaría con un amplio acuerdo de los partidos del pacto de la transición (como un solo bloque), pero con el rechazo del movimiento estudiantil y la sociedad chilena. Emblemática resulta la fotografía en donde todos los representantes de los partidos de gobierno y oposición se toman sus manos y las levantan, en señal de triunfo, al momento de pactar una reforma educacional que institucionalizó las desigualdades de la educación escolar y no solucionó las demandas levantadas por la movilización estudiantil, que continuaría ahora en rechazo a la reforma del bloque transicional, que a través de los medios –controlados por grandes conglomerados económicos- nos decían que hasta ahí no más, que los pendejos no sabíamos lo que significaba gobernar un país, que las cosas tenían que cambiar pero habían ciertos límites.

Otra promesa incumplida, otra mentira
Pero ¿por qué recordar ese pasado? Pues porque hoy pareciéramos estar en un momento en donde la historia se vuelve a repetir sin matiz alguno y, quienes nos movilizamos en 2006 siendo derrotados institucionalmente, en 2011 volvimos a las calles aun con más masividad que antes, esperando ganar. Michelle Bachelet tomó las consignas del movimiento estudiantil nuevamente, las usó en su campaña obteniendo un mayoritario apoyo ciudadano que la posicionó por segunda vez en el gobierno, pero cuatro años después de ese histórico 2011 volvemos a observar impávidos la caída de la promesa de construir un sistema más justo, reemplazada por la institucionalización de la educación de mercado.

Fortalecimiento a la educación pública, fin al lucro, gratuidad de la enseñanza y mayor calidad fueron las principales demandas levantadas por los secundarios de 2006, que en 2011 siendo universitarios nos volvimos a alzar. Bachelet respondió en su programa de gobierno, prometiendo que en sus primeros 100 días en La Moneda presentaría una “reforma estructural” que llevaría a la educación de ser un bien de consumo manejado bajo lógicas de mercado a convertirse en un derecho social garantizado para toda la población. Muchos creyeron en las promesas, pero otros sabíamos que era casi imposible que los mismos que construyeron la educación de mercado decidieran botar su proyecto neoliberal. Después de los primeros 100 días las acciones comenzaron a darnos la razón a aquellos desconfiados, que para nada nos sentimos ganadores, sino que todo lo contrario, lamentamos el haber tenido la razón. La “reforma estructural” prometida comenzó a postergarse, postergarse y postergarse, no una, dos o tres veces, sino que nueve y habiendo pasado más de dos años y medio de gobierno recién durante este mes el gobierno ha presentado al Congreso lo que ha denominado “Reforma a la Educación Superior”.

Quienes tenemos conocimiento de algunas cuestiones que suceden en los pasillos del Ministerio de Educación sabemos que hasta última hora las autoridades no estaban seguras con la presentación del proyecto. Incluso, tres días antes de la Cadena Nacional de la presidenta Bachelet anunciando el ingreso de la propuesta de ley al Congreso, el Mineduc se reunía con los rectores de las universidades estatales para intentar convencerlos de apoyar la “reforma” y éstos le daban la espalda, declarando valientemente que lo que se pretende hacer con la iniciativa es privatizar completamente el sistema. En esa misma reunión, sin ningún tapujo Nicolás Eyzaguirre, ex economista del FMI y actual ministro secretario general de gobierno (encargado de la tramitación del proyecto en el parlamento), declaró frente a los rectores que “el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuará de por vida” para “ayudar” a quienes realicen sus estudios en “universidades privadas con arancel liberado”, reconociendo que la lógica de mercantil que mantiene endeudadas a más de un millón doscientas mil familias no desaparece, sino que se acentúa.

A las palabras del economista se suman las de Adriana Delpiano, asistente social ex miembro del think-tank Educación2020 y actual ministra de educación, quien declaró que “el problema del CAE es por la participación de la banca en este crédito”, asegurando que si se buscan soluciones, en ningún caso alguna pasa por suprimir las lógicas de endeudamiento estudiantil (La Tercera 9/07/2016). Y agregando una clave importantísima para comprender la forma en la que se gesta esta “reforma”, Delpiano señala en una entrevista televisiva que “no se sabe cuánto cuesta la gratuidad para el 100% de los estudiantes” (CNN Chile), dejando en evidencia el problema de fondo: jamás pensaron realmente en cumplir las promesas realizadas a la sociedad chilena. Le mintieron a la gente.

El problema de fondo: la institucionalización de la educación de mercado
Pero revisando el proyecto de educación superior presentado por el gobierno (evitaré hablar de reforma porque solo es un marco regulatorio del mercado) éste establece que todas las universidades deberán acreditarse para poder existir como tal, pero será decisión de cada plantel adherir a la gratuidad o no. Si se suman al sistema de gratuidad (comprendida como una beca, bajo la lógica neoliberal del financiamiento a la demanda) se deberán someter a un sistema de “regulación y fijación de aranceles” establecido por los organismos reguladores que la misma ley instituye (Subsecretaría, Superintendencia y Consejo para la Calidad de la Educación Superior).

Si esto ya es un problema, porque la lógica mercantil está siempre detrás de todo, la cosa se pone más compleja porque el mismo proyecto establece que los denominados “beneficios estudiantiles” que la ley entiende como becas y créditos (aunque es completamente legítimo cuestionarnos si es que estos últimos son realmente un beneficio para los estudiantes) se entregarán a todas las instituciones acreditadas.

Ahora el problema grave: solo las universidades que adscriban a la gratuidad van a tener aranceles regulados, mientras que un conjunto de planteles que no se sumen a esta forma de financiamiento van a poder elevar todo lo que quieran sus aranceles y hacer que sus estudiantes los paguen a través de becas y formas de endeudamiento que el mismo Estado promueve. Esto representa un claro gesto hacia planteles como la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, todas instituciones privadas investigadas por lucro y receptoras de más de un cuarto de los dineros del CAE para toda la educación superior (Fuente: Fundación Sol). Así, el gobierno entrega un gesto a estos planteles, permitiéndoles seguir creciendo a costa del endeudamiento y el subsidio estatal, pero no solo eso, pese a que se prohíbe no se tipifica el lucro como delito y se legaliza el traspaso de recursos de las universidades a otras instituciones relacionadas por concepto de arriendo de espacios, mecanismo utilizado por las casas que lucran para “retirar excedentes”, es decir, apropiarse de recursos que deberían invertir en la educación de sus estudiantes. Lucrar.

Pero esto no es coincidencia. Si miramos los directorios de las universidades-empresa, veremos que están conformados por muchos militantes del oficialismo, que han presionado fuertemente para que este proyecto de ley no avance por el camino que indicó la sociedad en 2011 y siga fortaleciendo su negocio educativo. El ejemplo más concreto es Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, militante de la Democracia Cristiana (partido de gobierno), ex ministro de Bachelet, que ha sido acusado directamente de hacer lobby para que continúe el sistema de endeudamiento estudiantil como forma de financiar los estudios de miles de personas (revisar entrevista a Mónica González en CNN Chile). En el mismo cuadro está Jesús Villate, Director Ejecutivo para la región andina de la transnacional Laureate, grupo controlador de la Universidad Nacional Andrés Bello (universidad con la mayor matrícula del país) y otras 4 instituciones de educación superior, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno.

El panorama es claro. Se avanza entonces hacia la institucionalización de un sistema que es la antítesis del “fortalecimiento de la educación pública”, petición estudiantil con la que se llenaron la boca personas como Michelle Bachelet y quienes hoy están en el congreso representando su programa de gobierno. El fin de la reforma es construir un sistema en donde lo privado sea el eje articulador del sistema educativo, como sucede con la educación escolar, en donde existan universidades privadas para quienes puedan pagarlas, planteles privados subvencionados por el Estado (a través de Becas) para quienes puedan hacer aportes propios o endeudarse, e instituciones públicas precarizadas y disminuidas para quienes no tengan recursos. Así, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, sigue sumando puntos en su obsesión por construir guetos. Lo hicieron con la educación escolar, con la salud, con la vivienda y ahora avanzan a la educación superior.

No podemos permitirnos una nueva derrota. No otra vez. Hoy las fuerzas sociales deben decirlo claro y fuerte: la ley de educación superior enviada este mes al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet no es una reforma, ni menos tiene algún componente que desestabilice la estructura del modelo vigente. El proyecto institucionaliza la privatización de la educación como forma de administrar el sistema y el subsidio a la demanda a través de becas y créditos como mecanismo de financiamiento.

* Texto preparado para exposición en las Jornadas de Discusión Triestamental sobre la Reforma a la Educación Superior, realizadas en la Universidad de Chile en el mes de julio de 2016.

sábado, 30 de julio de 2016

La fuerza de la ley

“Quisiera referirme a hechos violentos que hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en el INBA. Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y comprometida con los asuntos públicos, pero eso se hace construyendo y no destruyendo… nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos vandálicos con las movilizaciones aquellas del 2011 que despertaron la conciencia de todo un país sobre los desafíos que Chile tenía con la educación de sus hijos… Yo creo que el país no entiende y por eso nos indignan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla, y vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley porque eso es lo que nos pide toda la sociedad”. Con esa frase la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, opinaba por primera vez de forma directa de las masivas manifestaciones estudiantiles que hoy mantienen más de un centenar de escuelas secundarias tomadas y alrededor de 35 planteles de educación superior movilizados a través de tomas o paros indefinidos.


El sistema de Educación Superior está en crisis y la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles centra el foco en hechos aislados, como las millonarias destrucciones de un establecimiento educacional emblemático de Santiago -el Internado Nacional Barros Arana (INBA)- y no en la masiva fuerza social demostrada por las y los estudiantes en las calles, sacando más de 150 mil personas a las calles del país.

Los periódicos, radios y cadenas de televisión, controladas vertical y horizontalmente por tres cuatro grupos empresariales (nacionales y transnacionales) dedican grandes espacios en donde se repiten palabras como “delincuentes”, “vándalos” y “antisociales” para calificar a los estudiantes movilizados, a tal punto que el discurso mediático-empresarial valida el que en medio de desalojos de estudiantes secundarios, la policía haya ingresado a un establecimiento (el INBA) con sus armas de servicio desenfundadas, en una acción de extrema violencia.
A nadie parece importarle que la misma mañana en donde todos los medios centraban sus focos en los destrozos del INBA se hayan llevado detenidos con fuerte violencia a un grupo de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios por estar en la acera de una calle, frente al Ministerio de Hacienda, intentando hacer un acto pacífico. Se les realizó un control de identidad y los detuvieron, como si no hubiera ninguna diferencia entre la "democracia" de 2016 y la dictadura de 1983, reprimiendo de la misma forma a los secundarios.

El círculo se cierra cuando la presidenta responde anunciando la aplicación de “toda la fuerza de la ley” contra los “vándalos”, convirtiendo un caso aislado en una generalidad con el fin de criminalizar a los estudiantes. El problema es que la máxima autoridad del país no tiene la misma fuerza para aplicar toda la fuerza de la ley a los bancos que endeudan brutalmente a los estudiantes y a sus familias, persiguiéndolos y embargándoles sus viviendas; tampoco se aplica la fuerza de la ley a las universidades privadas, muchas de grandes grupos transnacionales (como Laureate International Universities) que lucran brutalmente y se aprovechan de los sueños de miles de estudiantes; menos se aplica la fuerza de la ley a los agentes del Estado que ingresaron al Liceo de Aplicación (otro establecimiento emblemático de la capital) rompiendo una puerta que es monumento histórico y tiene más de 150 años de antigüedad, ahí el patrimonio parece que se olvida. Por último, nadie aplica la fuerza de la ley a los policías que torturan (sí, torturan) a estudiantes secundarios y universitarios en comisarías o que detienen a cualquier joven que camina por la calle solo por el hecho de ser joven.

Podríamos seguir hablando de situaciones que la prensa omite para desinformar a la población o en donde no se hacen carne viva las palabras que la mandataria chilena usa para criminalizar a los estudiantes, pero el objetivo de este relato es recalcar que el movimiento estudiantil debe ser conciente de que en los grandes medios controlados por el empresariado hay un enemigo, que no se combate necesariamente con una violencia física directa, sino que generando fuerzas mediáticas contrahegemónicas, que le hagan el contrapeso a los relatos de quienes defienden el status quo. Junto con eso, no podemos dejar que los medios de los empresarios controlen el debate, hay que llevarlos a las discusiones de fondo, dejarlos en evidencia, denunciar en su propio terreno la desinformación que promueven. No pretendo con esto hacer una apología o explicar los hechos de violencia en las manifestaciones sociales poniéndolos en una balanza con las acciones del Estado neoliberal y las instituciones económicas, sino que llamar a la reflexión: ¿qué es más violento para el sistema imperante hoy en día? ¿los semáforos, paraderos y liceos destruidos o la organización, la ocupación de espacios y las expresiones de masividad de un movimiento para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que esto hay que cambiarlo de una vez por todas?

* Escrito originalmente para rebelion.org