martes, 4 de agosto de 2015

¿“Hechos aislados” o violencia policial como política de Estado? (Parte I)

La madrugada de este viernes 24 de julio de 2015 será recordada como un nuevo día oscuro para las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Nelson Quichillao López fue baleado por Fuerzas Especiales de Carabineros, que habían llegado hasta la división El Salvador durante el día anterior, con el objetivo de “reforzar” el trabajo de la policía local en medio de las manifestaciones de los trabajadores subcontratistas de Codelco, que se encontraban en su cuarto día de huelga, exigiendo mejoras sustanciales a las condiciones en las que desarrollan su labor. Según el intendente de Atacama, Miguel Vargas, tres oficiales de policía habrían hecho uso de sus armas de fuego al verse “amenazados” por un grupo de personas que usando “maquinaria pesada” pretendía precipitarse sobre ellos. Quichillao resultó muerto y El Salvador se tiñó nuevamente de sangre obrera.
Lugar en donde es baleado Nelson Quichillao por Carabineros.
Cuando nos encontramos con este tipo de hechos suele decirse que son “aislados”, pero lo mismo se dijo el pasado 21 de mayo cuando en Valparaíso cayó herido de gravedad el estudiante Rodrigo Avilés y Carabineros montó una declaración con mentiras, que quedaron en evidencia cuando la prensa develó un vídeo en donde aparecía que el joven se encontraba en la vereda y simplemente fue agredido brutalmente por la fuerza policial; lo mismo dijeron cuando el 3 de mayo de 2007 en la región del Biobío cayó muerto el trabajador forestal Rodrigo Cisterna, producto las balas que Fuerzas Especiales le propinó luego de que subiera a una maquinaria de la empresa de Anacleto Angelini y los amenazara–misteriosamente los relatos del gobierno de la época, primer mandato de Michelle Bachelet, son muy parecidos a los del caso de Quichillao.
Que era un hecho aislado, dijo también Edmundo Pérez Zujovic, el ministro del interior del gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, luego de que el 11 de marzo de 1966 resultaran ocho personas muertas y más de medio centenar heridas, en una intervención conjunta de agentes del Estado –Carabineros, investigaciones y ejército- en el sindicato de la Confederación de Trabajadores del Cobre en la división El Salvador, de Andes Cooper Mining Company  (parte de la conocida Anaconda Cooper Company), todo esto en medio de una huelga que fue calificada como “ilegal” por las autoridades. En ese hecho, la historia ha demostrado que si no hubiese sido por el médico y el sacerdote del pueblo, que intervinieron en la acción, la masacre hubiese continuado.
El ministro del interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el DC Edmundo Pérez Zujovic
Tres años después, el 9 de marzo de 1969, el mismo Edmundo Pérez Zujovic diría que era un hecho aislado la matanza de 10 pobladores -incluyendo un menor de edad que falleció ahogado por las bombas lacrimógenas, de las que también se abusaba en esa época- en medio de un violento desalojo de una ocupación que casi medio millar de personas desarrollaba en un terreno baldío ubicado en el sector alto de Puerto Montt, conocido también como La Pampa Irigoin.
La reacción de las fuerzas progresistas y de izquierda fue apuntar directamente al Ministerio del Interior, como responsable político de tamañas masacres. El senador Salvador Allende, representando la voz del Partido Socialista, el 13 de marzo de 1969 denunciaba públicamente la situación de Puerto Montt, acusando “premeditación” y calificando la situación como un “crimen, un homicidio premeditado y alevoso”. Además acusaba a Edmundo Pérez Zujovic como el responsable político de la situación, puesto que en él recaía la responsabilidad constitucional de ordenar a las policías. El Partido Comunista también hacía lo propio, exigiendo la renuncia del alto mando de Carabineros y el Ministro del Interior del gobierno DC. Hasta Víctor Jara haría una canción: “Preguntas por Puerto Montt”, publicada a fines de 1969 en el disco Pongo en tus manos abiertas, donde denunciaba la “matanza tan vil” y exigía que Pérez Zujovic respondiera “por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil”.

Jorge Burgos, ministro del interior de Bachelet y responsable del accionar de las policías.
Volviendo al presente, tenemos que comprender que hay responsabilidades individuales comprometidas en el suceso, claro está que hubo tres efectivos que emitieron los disparos. Pero pese a eso, al igual que en la década de los ’60 hoy también hay responsabilidades políticas detrás de los hechos ocurridos, ya que pese a que pareciera que se ha constituido como una política de Estado –a lo largo de la historia- combatir las protestas con balas, no podemos darnos el lujo de seguir permitiéndolo, por más que las fuerzas de izquierda de ayer (el PC y el PS) hoy prefieran mirar al cielo y omitir los brutales hechos de represión y montajes policiales ocurridos en el último tiempo. Jorge Burgos y Mahmud Aleuy, responsables directos del accionar de las policías, hoy deben responder. Y podrá decirte que con sus renuncias en el escritorio presidencial no se cambia nada en lo concreto, sí, pero es un acto mínimo que hablaría de la nueva forma en que el Estado debiera enfrentar los abusos de sus agentes contra la población civil. Ministro Burgos, usted debe responder.

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