lunes, 4 de septiembre de 2017

Con qué fin... A 12 años de la desaparición de José Huenante

José Huenante Huenante es un joven que nació el 1 de noviembre de 1988 en la ciudad de Puerto Montt, en sur de Chile. Ahí se crió en un clima de pobreza y escasez, que forzó a su madre a salir de la ciudad y dirigirse a Santiago a trabajar como asesora del hogar. La historia de la infancia de José es la de muchas niñas y niños chilenos: se desescolarizó tempranamente, fue a vivir con una tía e intentó trabajar y hacer algún dinero para poder aportar a los gastos de la nueva casa en donde vivía. Sus amigos y familia dicen que siempre quizo volver a estudiar, pero las condiciones no lo permitieron. Primero hay que comer.
José Huenante Huenante
Cuando tenía 16 años, el 3 de septiembre de 2005, fue visto por última vez siendo golpeado y detenido por una patrulla de Carabineros en medio de un operativo que desplegó a tres automóviles llenos de policías civiles y uniformados. Desde ese día, la lucha incesante de su familia y amigos no ha tenido respuesta por parte de las instituciones del Estado chileno. Han pasado 12 años y el gobierno de Michelle Bachelet, en su primer periodo en ese entonces, no desarrolló ninguna acción concreta para esclarecer el hecho y llegar a la verdad, convirtiendo a José Huenante Huenante en el primer desaparecido después del fin de la dictadura cívico-militar. Así mismo, los gobiernos de Piñera y nuevamente Bachelet, han intentado bajarle el perfil a la grave situación, incluso cuando en 2013 esta última fue emplazada en medio de su campaña para ser electa en su segundo mandato y mandó a callar a quienes protestaban, asegurando que en democracia los problemas no se resuelven de esa forma. Tampoco evitando investigar desapariciones forzadas, se le olvidó a la Presienta.
Los medios de comunicación, actores principales en un cuadro democrático sano en donde las instituciones deberían estar bajo permanente cuestionamiento respecto de actuar, también guardaron silencio, un silencio que se hace cómplice del olvido, puesto que los convierte en partícipes activos del manto de impunidad que se ha intentado imponer en esta situación, en donde las policías han actuado como verdaderas mafias en contra de quienes han tenido la valentía de entregar informaciones que permitan esclarecer los hechos. Paralelo a eso, la alteración de bitácoras de viaje, informes policiales y versiones de los carabineros involucrados no han logrado llamar la atención y durante todo este tiempo el olvido se ha transformado en una aspiración para todas las instituciones cómplices de esta desaparición forzada.
Al cumplirse una docena de años desde la última vez en que se tuvo información del paradero de José, el programa Informe Especial, de TVN, emitió un reportaje titulado "¿Dónde está José Huenante? Desaparecido en democracia". Ahí se entrevista a un ex funcionario de Carabineros involucrado en su desaparición, quien se pregunta en algún momento "¿con qué fin vas a hacer desaparecer a una persona?", pretendiendo disipar sospechas. La inexistencia de un motivo fundado para la comisión de la desaparición forzada de José los ha salvado de ser condenados por todas las irregularidades cometidas, pero en la realidad, la violencia policial tiene móvil en sí misma, porque es una práctica normalizada en las instituciones del Estado chileno.
Ronnie Ibarra, Sargento en retiro de Carabineros que participó en el procedimiento durante la noche en la que desapareció José Huenante
La respuesta de un periodismo incisivo y no temeroso frente a ese policía mentiroso debería haber sido "entonces ¿con qué fin golpearon hasta la inconsciencia al otro detenido junto a José?", porque reportajes como este suelen omitir o mostrar como un detalle menor el hecho de que hubo otro menor de edad detenido la misma noche en que desaparece José y cuyo testimonio podría ser clave, pero fue tan golpeado por esos mismos carabineros que ahora sostienen un evidente pacto de silencio, que hoy no recuerda -o no quiere recordar- nada, cuestión comprensible dadas las brutales irregularidades, seguimientos y amedrentamientos por parte de agentes del Estado hacia quienes se han atrevido a dar su testimonio de lo ocurrido esa noche.
¿Con qué fin golpean a un menor de edad hasta la inconsciencia los policías que ahora se pintan de buenos? Pues con el mismo fin con el que hicieron desaparecer a José y con el mismo fin con el que han guardado silencio desde el 3 de septiembre del 2005, por 12 dolorosos años; con el mismo fin con el que los dos gobiernos de Michelle Bachelet y el de Piñera han sido cómplices activos de toda esta situación: la sucia protección de un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los más pobres y luego cubre sus huellas con mantos de impunidad y pactos de silencio.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Desierto Verde

En 2015 tuve la posibilidad de conocer de cerca la realidad de los poblados rurales de la zona centro sur de Chile, al participar de un trabajo de campo en el contexto del proceso de planificación de la construcción de pequeños y medianos embalses para regadío en zonas fuertemente afectadas por la sequía que ha sacudido al país en los últimos años. Debo reconocer que antes se subirme a los transportes que nos llevaban a los diversos lugares de las regiones de O’higgins y Maule conocía escasamente de qué se trataba el problema, cuál era su real magnitud y la complejidad de factores que hay detrás de una situación que es transmitida por los grandes medios de comunicación como un “desastre natural”, evitando hablar de las responsabilidades humanas. En el camino hacia las zonas en que nos correspondía desplegar a los equipos de trabajo, quienes no conocíamos varios de los lugares nos impresionamos ante los bellos paisajes marcados por el verde de los densos bosques que nos vigilaban a escasos metros (o incluso centímetros) de los serpenteantes caminos muy bien pavimentados y, en momentos, atestados de grandes camiones de los que emanaba el profundo olor de la resina de los arboles recién mutilados que transitan hacia los aserraderos.

Durante el mes de enero y febrero de ese año nos desplegamos en la comuna de Curepto, ubicada hacia la costa de la ciudad de Talca, en la región del Maule. Ahí, en un sector llamado Gualleco, comenzamos a conocer la realidad de una zona fuertemente afectada por el gran capital forestal chileno. La imagen de los verdes bosques quedó convertida en una molesta ilusión –o un espejismo, como los que se producen en los desiertos-.

En un pueblo casi fantasma, afectado por el terremoto de 2010 y luego por el devastador incendio de 2014, los escasos pobladores que se negaban a emigrar al mundo urbano nos contaron que desde fines la década de 1970, cuando comenzaron a proliferar las grandes plantaciones de Pinos y Eucaliptus, el pueblo nunca volvió a ser igual. Grandes empresas representadas por señores citadinos educados y vestidos con ternos, corbatas y artículos electrónicos inentendibles para ellos, llegaron ofreciendo la esperanza de una mejor calidad de vida, generar más fuentes de trabajo y traer el progreso a estas zonas olvidadas que solo hace pocos años comenzaban a superar los residuos de la era del latifundio. Pero el resultado fue la agudización de las sequías y, al mecanizar los procesos de extracción, la promesa de un aumento de la necesidad de mano de obra se esfumó. Quedaron sumidos en el abandono y la pobreza rural, que no es igual a la de las grandes ciudades, porque en el campo al menos queda sentido de comunidad, están los animales y los esfuerzos para hacer producir la tierra a como dé lugar, con el único fin de poder subsistir.

Pese a la vida precaria que llevaban, los habitantes de Gualleco buscaban entre lo que no tenían para ofrecernos alguna fruta, un pan amasado, una empanada o cualquier cosa de comer y beber. La esperanza de poder enfrentar la sequía que las forestales agravaron estaba en sus ojos, como si presenciaran la oportunidad de encontrar un oasis en medio de este desierto verde. La mayoría de habitantes del poblado eran adultos mayores, puesto que sus hijos y nietos habían tenido que emigrar forzosamente a las ciudades más cercanas en búsqueda de trabajo, estudios y, en fin, el espejismo de una vida más cómoda con el que se promueve a las ciudades en el mundo rural. En ese momento entendí que el incendio ya había pasado por ahí antes de que se vieran las llamas y comenzó cuando desde las altas esferas del poder se decidió adoptar una política que enriquece a unos pocos, a costa de la precarización de muchos.

Los cambios que los habitantes de estas comunidades del centro sur de Chile comenzaron a ver durante la década de 1970 responden a la ejecución del Decreto 701 del 15 de octubre de 1974, firmado por la dictadura cívico-militar, que concedió exenciones tributarias, subsidios y bonos para la industria forestal. El acuerdo fue sellado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), institución que en ese momento era liderada por Julio Ponce Leroy, yerno del dictador Augusto Pinochet que luego adquiriría la empresa estatal Soquimich, que actualmente se encuentra involucrada en escándalos de financiamiento irregular a casi la totalidad de partidos políticos de la transición. El acuerdo para potenciar la industria forestal emanó como una forma de pagar los favores que los Matte y Angelini, dos de las familias más poderosas del país, le hicieron a la derecha chilena al “invertir” mucho dinero en el boicot al gobierno de Salvador Allende, que terminó con el golpe del 11 de septiembre de 1973 y la imposición de una dictadura cívico-militar que, a punta de violencia, impulsó políticas neoliberales y enriqueció a sus “amigos” vendiendo bienes públicos y generando subsidios para estabilizar sus negocios.

Cómodos con las medidas neoliberales los gobiernos de la postdictadura se han negado hasta nuestros días a modificar la normativa impuesta (ver más en: https://shar.es/19KhBz) y -posiblemente impulsados por los grandes “aportes” de estas empresas a campañas políticas-, sabiendo el daño que hacen las plantaciones de las especies anteriormente mencionadas, se ha estimulado su cultivo encubriéndolo mentirosamente con una campaña comunicacional que apela a bonificaciones por “recuperación de suelos degradados y forestación”, entregándose solo entre los años 2000 y 2014 un monto superior a los US$228 millones a las grandes empresas forestales. No contentos con este decreto, pese a los constantes incendios como el de Gualleco en 2014, en los últimos años se han continuado aprobando más subsidios y noticia aún más escandalosa: después de los mega incendios desatados en los meses de enero y febrero de 2017 en el centro sur del país, el gobierno volverá a subsidiar la “reforestación” de las zonas incendiadas en los últimos episodios para ser plantadas por pinos y eucaliptus, volviendo a levantar millonarias ganancias para las grandes familias de la elite chilena a costa de la precarización y empobrecimiento de miles de familias campesinas (ver documental “Plantar Pobreza”).

Los habitantes de Gualleco con el tiempo conocieron el significado de una compleja palabra: monocultivo, la forma en que los técnicos llaman al desarrollo de plantaciones de Pinos y Eucaliptus en cantidades industriales que se desplegaron en lo que antes eran tierras cultivables o bosques nativos. Ambas especies arbóreas fueron introducidas al país, desplazando a las cepas autóctonas. Un gran negocio en el corto plazo, puesto que son de rápido crecimiento si se les compara con especies locales, pero un potencial desastre en el futuro, ya que consumen exceso de agua y desertifican los suelos impidiendo la vida de gran parte de la flora y fauna propia de esta zona. A largo plazo, un polvorín en caso de que se dieran las condiciones –e irresponsabilidades- asociadas a un incendio, pero también con consecuencias a mediano plazo: la transformación brutal de bellos pueblos con economías de subsistencia en verdaderos desiertos verdes, continuando con la política del Estado neoliberal de basar la economía del país en la explotación indiscriminada de recursos naturales.

* Escrito originalmente para rebelion.org