En los últimos días hemos sido testigos de diversos movimientos que han terminando en una orden de detención contra el expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, acusado en el denominado caso Lava Jato, que destapó una enorme red de corrupción que involucraba a un conjunto de empresas contratistas de la estatal Petrobras, en donde se pagaban transversalmente sobornos a políticos, medios de comunicación, policías, funcionarios públicos y jueces, con el fin de tener exclusividad en la adjudicación de grandes obras de infraestructura y servicios asociados a la petrolera.
Cuando se destapó el escándalo, en 2014, las fichas se comenzaron a mover en el mapa político de Brasil, llegando al golpe que terminó con la expulsión de Dilma Rousseff de la presidencia de este país en 2016. La derecha neoliberal brasileña aprovechó la crisis para movilizar a todas sus fuerzas y poder hacerse del poder a través de la figura de Michel Temer, quien también se encuentra involucrado en hechos de corrupción -incluso más graves que los que se le acusan a Lula-. El mapa del presente es de un gobierno absolutamente deslegitimado que ha decidido usar mecanismos autoritarios para mantenerse estable, haciendo que toda la atención mediática se centre en el Partido de los Trabajadores (PT) y en la corrupción que salpica a quienes gobernaron Brasil desde 2003, logrando grandes avances en aseguramiento de derechos sociales y mayor justicia social.
Los dos puntos que hay que tener claros son que el mapa político actualmente es dominado de forma autoritaria por la derecha conservadora (en lo valórico) y neoliberal (en lo económico y cultural); y los avances sociales, políticos y culturales logrados durante los periodos de Da Silva y Rousseff son indesmentibles y categóricos. En ese contexto, es entendible la rebelión de los sectores que durante siglos han concentrado el poder en Brasil y que en la última década lo fueron perdiendo. También es entendible que aprovechen los errores y corrupción de algunos sectores de la izquierda brasileña para socavar todos los avances logrados y devolverse a sí mismos su estatus de privilegio.
La prisión a Lula es una jugada política de la ultraderecha para sacarlo del mapa electoral. Las diversas cosas que hemos visto en los últimos días son brutales y atentan contra cualquier debido proceso hacia una persona, vulnerando la Constitución y mostrando que los sectores privilegiados de Brasil -y Latinoamérica- están dispuestos a utilizar todos los medios a su disposición para evitar que las conquistas populares continúen profundizándose. La manipulación de medios como O Globo y Veja, sumada a la acción de militares, políticos y jueces que no tienen miedo en dejar en evidencia su corrupción, deja de manifiesto que estamos frente a una evidente operación política para anular a Lula, montando un caso cuyas pruebas son completamente cuestionables. Están desesperados, porque saben que Brasil es una olla a presión.
Analizando la complejidad de la corrupción en Brasil, si fuera por llevar a prisión a los corruptos la mitad del país estaría preso. Temer, todos los parlamentarios, policías federales y locales, jueces, periodistas y una gran cantidad de personas deberían ir al lado de Lula, porque las redes tejidas por las grandes empresas tienen una dimensión estructural en el Estado brasileño. Frente a eso, la serie O Mecanismo, que ficcionaliza a partir del caso Lava Jato, deja una interesante reflexión que emana desde su mismo nombre: la corrupción está tan interiorizada en la cultura, que opera desde el sujeto que debe arreglar una tubería en una calle hasta los altos ejecutivos de las empresas estatales. Todo es un mecanismo basado en la normalización del sistema de "coimas".
Pero dar cuenta de la persecución política que vive Lula con la intención de anular las ideas de justicia social en Brasil, visibilizando la corrupción estructural del Estado, no quita que también miremos lo escandaloso de los negocios de Petrobras y el PT con el gran capital privado, como un matrimonio que terminó alejando a la ciudadanía del proceso social. Así, con este caso tenemos la demostración viva de que cuando los procesos sociales se alejan del pueblo y no profundizan en mayores canales de democracia directa, terminan siendo fácilmente cooptados y corrompidos por las fuerzas que quieren mantener el orden capitalista de la sociedad, marcado por la producción y reproducción de las desigualdades. El proceso de avances en justicia social que ha vivido Brasil en los últimos años es innegable y debe reconocerse, pero ello no debe quitarnos jamás la capacidad crítica en estos momentos tan difíciles en donde es el pueblo brasileño el que debe resistir a esta nueva embestida de los privilegiados.
NOTA:
El mismo capital privado con el que se terminó casando una parte de la izquierda brasileña es el que financió el viaje de Lula a Chile en 2013. La empresa OAS (una de las contratistas involucradas en el caso Lava Jato) pagó un avión privado que trajo al expresidente al país para apoyar la campaña de Michelle Bachelet. Ese mismo avión se quedó en Chile y fue utilizado en la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Ningún medio de comunicación ha profundizado en estos detalles ni en el posible financiamiento de empresas como OAS u Odebrecht a campañas políticas chilenas, cuando esas contratistas tienen millonarios contratos vigentes con el Estado chileno.
