1. El proyecto original establecía que instituciones que cuenten con una acreditación superior al promedio podrían aumentar su matrícula sin límites (según sus capacidades), sumando una serie de beneficios tributarios para facilitar la inversión de excedentes en el mejoramiento de la calidad e investigación. Esos aspectos que fueron aprobados en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados luego fueron recortados por la Comisión de Hacienda, que transgredió sus atribuciones con la complicidad del gobierno y la derecha, continuando con una práctica que ha sido habitual en todas las leyes de educación aprobadas durante el periodo de Michelle Bachelet, en donde finalmente el Ministerio de Educación ha terminado trabajando con la derecha para serenar los aspectos positivos de todos los proyectos. En este caso, las Universidades del Estado tendrán límites para el aumento de su matrícula y no gozarán de mayores beneficios tributarios que les permitan fortalecerse contando con mayores recursos. 2. Continúa manteniéndose una estructura de gobierno universitario tipo "Directorio", en donde los diversos estamentos que componen las universidades son puestos en un rol secundario. La ley amenaza la autonomía de las instituciones de educación superior de forma preocupante, restando poder a los órganos colegiados de la comunidad universitaria en favor de personas nombradas a dedo que gobiernan en una lógica de universidad-empresa, puesto que 4 de los 9 miembros del Consejo Superior de las instituciones, serán externos a las casas de estudio. 3. Pese a que se crea un organismo de coordinación entre las universidades del Estado, no se les mandata a trabajar en una estrategia nacional de desarrollo que implique cooperación y solidaridad entre estas instituciones. Tampoco se suma a esta coordinación a los Centros de Formación Técnica Estatales, lo que hace que la instancia sea un mero saludo a la bandera que no reafirma en ningún caso el rol público que deberían tener las instituciones de educación superior del Estado. 4. Se continúa perpetuando el modelo de financiamiento indirecto vía Voucher. De esta forma, se deja a las universidades sin un financiamiento basal que les permita crecer y fortalecer su rol público, condenándolas al autofinanciamiento y a una competencia descarnada (entre ellas mismas y con el resto de instituciones privadas del sistema). Hoy el 16% de la matrícula se concentra en universidades del Estado, mientras que el 84% de estudiantes se ven obligados a optar por instituciones de educación superior privadas, con escasa regulación -sobre las que existen fundadas sospechas de que continúan lucrando, pese a que la ley lo prohibe- y donde, en muchos casos, la calidad impartida por esas casas de estudio deja mucho que desear.
Los estudiantes con los mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria, la mayoría provenientes de familias con mayores recursos, continúan prefiriendo a las instituciones estatales, convirtiéndolas en espacios elitistas que no se logran abrir al resto de la sociedad, no solamente por su sentido cultural de elite, sino que porque el mismo Estado no entrega los recursos suficientes.
