Contra todo pronóstico

Este 19 de noviembre hemos vivido un día histórico en donde el Frente Amplio ha superado todos los vaticinios y campañas que se realizaron desde las encuestadoras y los medios de comunicación. Sebastián Piñera (36%) y Alejandro Guillier (22%) pasan a segunda vuelta, pero la candidata Beatriz Sánchez obtiene un 20% de los votos. La situación resulta compleja de analizar, puesto que habrán algunos que dirán que es un fracaso el no haber pasado al balotaje. Pese a ello, a continuación escribo algunos antecedentes para aportar al debate:

1. Los recursos

Se deben tener en cuenta los recursos utilizados por cada candidatura. En cifras, la proporción el gasto de campaña de Guillier y Sánchez es de 5 a 1, respectivamente. Mientras tanto, la proporción entre Piñera y Sánchez es de 10 a 1. La situación resulta fundamental para reconocer que los resultados electorales obtenidos por el Frente Amplio son un éxito en materia de campaña. Una situación aún más grave sucede con los recursos utilizados por las diferentes coaliciones que competían por escaños en el parlamento. Pese a ello, contra todo pronóstico el Frente Amplio se constituye como alternativa y alcanza porcentajes históricos que tienen una disonancia si se les compara con los gastos. Así, la consigna "el poder de much*s" se convierte en una realidad.

2. Los medios

En el tránsito de la campaña, los medios de comunicación fueron fundamentales. Al respecto, la cobertura de la campaña del Frente Amplio fue muy parecida a la proporcionalidad del gasto de campaña, si la comparamos con el resto de los candidatos (con Guillier 5 a 1 y con Piñera 10 a 1, aproximadamente). A eso debemos sumarle la acción de las grandes empresas encuestadoras que, en base a los resultados, podríamos indicar que mintieron descaradamente. Sumados los medios y las encuestadoras, se construyó una realidad en donde la carrera ya estaba corrida y existía la seria posibilidad de que Piñera ganara en primera vuelta. Los acontecimientos del 19N han demostrado que jamás fue así y que simplemente estas instancias generaron una falsa realidad que el Frente Amplio debe reconocer como un problema fundamental de su quehacer político futuro, puesto que ha quedado en evidencia que la concentración de los medios de comunicación conspira contra una alternativa de cambio.

3. La irrupción de una nueva fuerza

La cantidad de parlamentarios obtenidos por el Frente Amplio -que a esta hora alcanzaría 20 diputados y un senador- ha sido el mayor éxito electoral de una fuerza política en las últimas décadas. Con ello, el Frente Amplio debe comprender que se posiciona como un actor clave que rompe definitivamente con el modelo duopólico de esta democracia pactada. El desafío ahora es profundizar el programa y constituirse, en un futuro no muy lejano, como una opción política que asegure gobernabilidad y aspire decididamente a la construcción de un país más justo y verdaderamente democrático. El triunfo debe ser tomado con cautela y los nuevos liderazgos que ingresarán al Parlamento deben propender hacia facilitar la llegada de esta nueva fuerza a los territorios. El triunfo debe ser canalizado desde el día 1 hacia un trabajo territorial que visibilice las nuevas formas de hacer política que propone el Frente Amplio -como ejemplos tenemos el gran trabajo que han realizado los actuales tres parlamentarios del bloque en sus distritos-.

4. CONSIDERACIONES DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA

Ahora, con los resultados a cuestas, van a venir los patudos de siempre a decirle al Frente Amplio que sea responsable, que firme un cheque en blanco a Guillier, cuando en realidad es el candidato de la Nueva Mayoría el que tiene que pensar mejor su programa y acercarse a los votantes del Frente Amplio con propuestas concretas. Si realmente quiere ganar, Guillier debe comenzar a hacer política y replantearse sus objetivos programáticos que apuntaron hacia una mantención de las AFP's, el CAE y el endeudamiento estudiantil, las Isapres y las dudas sobre una convocatoria a Asamblea Constituyente. Todos esos elementos deben ser repensados por el comando de quien pasa a segunda vuelta, puesto que son temas que el Frente Amplio levantó como banderas de lucha y que, si no se cambian, en ningún caso podría abrir paso a un apoyo electoral por parte del bloque naciente hacia el periodista en la segunda vuelta, puesto que no es responsabilidad de Beatriz Sánchez conseguirle los votos a Guillier.

El nuevo ciclo histórico que comienza con este parlamento pone fin al binominal, pero también a las cocinas, los acuerdos cupulares y los traspasos de votos. Si el Frente Amplio quiere constituirse como fuerza, debe apostar por medidas programáticas concretas, sin firmar cheques en blanco ni apostar por cogobernar junto a quienes no han demostrado interés por llevar a cabo los cambios que Chile necesita.

Reforma: institucionalización del mercado en la educación superior

En 2006 miles de estudiantes secundarios salimos a las calles a manifestarnos en lo que se ha conocido como La Revolución Pingüina. Como adolescentes, invisibilizados por las instituciones, habíamos decidido avanzar en nuestros planteamientos pasando, de manifestarnos por mejores condiciones de infraestructura en nuestros colegios o la rebaja de la tarifa del transporte público, a reconocer que este tipo de problemas eran solo síntomas de una falla sistémica, que sentaba sus bases en la revolución neoliberal iniciada por la dictadura cívico-militar, pero afianzada y profundizada por el pacto de la transición –en el que la Alianza y la Concertación no tuvieron muchas diferencias-. Los dardos del movimiento estudiantil apuntaron a la Constitución pinochetista impuesta en 1980 y a sus leyes orgánicas, que amarraban el destino mercantil de la educación. El reclamo contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) comenzó a remover lo que el pacto político postdictatorial decía que no se podía modificar.

La violencia de los agentes del Estado desplegada contra menores de edad que nos manifestábamos en las calles causó revuelo internacional y visibilizó aún más nuestras demandas, que aspiraban a transformaciones sistémicas en la educación, a través de la derogación de la LOCE y cambios concretos en la administración de los precarizados establecimientos públicos (desmunicipalización). Todo esto terminó por forzar a la presidenta Michelle Bachelet a responder con la promesa de trabajar para enviar al parlamento dos proyectos de ley que consideraran las principales demandas estudiantiles. Para trabajar la reforma, la presidenta conformó el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, en el que se depositarían las esperanzas de una sociedad que había logrado comprender los problemas de la educación y sintonizar con los estudiantes.

En 2007 se materializaron los compromisos presidenciales, a través de la presentación de la Ley General de Educación. El problema es ésta es que contaría con un amplio acuerdo de los partidos del pacto de la transición (como un solo bloque), pero con el rechazo del movimiento estudiantil y la sociedad chilena. Emblemática resulta la fotografía en donde todos los representantes de los partidos de gobierno y oposición se toman sus manos y las levantan, en señal de triunfo, al momento de pactar una reforma educacional que institucionalizó las desigualdades de la educación escolar y no solucionó las demandas levantadas por la movilización estudiantil, que continuaría ahora en rechazo a la reforma del bloque transicional, que a través de los medios –controlados por grandes conglomerados económicos- nos decían que hasta ahí no más, que los pendejos no sabíamos lo que significaba gobernar un país, que las cosas tenían que cambiar pero habían ciertos límites.

Otra promesa incumplida, otra mentira

Pero ¿por qué recordar ese pasado? Pues porque hoy pareciéramos estar en un momento en donde la historia se vuelve a repetir sin matiz alguno y, quienes nos movilizamos en 2006 siendo derrotados institucionalmente, en 2011 volvimos a las calles aun con más masividad que antes, esperando ganar. Michelle Bachelet tomó las consignas del movimiento estudiantil nuevamente, las usó en su campaña obteniendo un mayoritario apoyo ciudadano que la posicionó por segunda vez en el gobierno, pero cuatro años después de ese histórico 2011 volvemos a observar impávidos la caída de la promesa de construir un sistema más justo, reemplazada por la institucionalización de la educación de mercado.

Fortalecimiento a la educación pública, fin al lucro, gratuidad de la enseñanza y mayor calidad fueron las principales demandas levantadas por los secundarios de 2006, que en 2011 siendo universitarios nos volvimos a alzar. Bachelet respondió en su programa de gobierno, prometiendo que en sus primeros 100 días en La Moneda presentaría una “reforma estructural” que llevaría a la educación de ser un bien de consumo manejado bajo lógicas de mercado a convertirse en un derecho social garantizado para toda la población. Muchos creyeron en las promesas, pero otros sabíamos que era casi imposible que los mismos que construyeron la educación de mercado decidieran botar su proyecto neoliberal. Después de los primeros 100 días las acciones comenzaron a darnos la razón a aquellos desconfiados, que para nada nos sentimos ganadores, sino que todo lo contrario, lamentamos el haber tenido la razón. La “reforma estructural” prometida comenzó a postergarse, postergarse y postergarse, no una, dos o tres veces, sino que nueve y habiendo pasado más de dos años y medio de gobierno recién durante este mes el gobierno ha presentado al Congreso lo que ha denominado “Reforma a la Educación Superior”.

Quienes tenemos conocimiento de algunas cuestiones que suceden en los pasillos del Ministerio de Educación sabemos que hasta última hora las autoridades no estaban seguras con la presentación del proyecto. Incluso, tres días antes de la Cadena Nacional de la presidenta Bachelet anunciando el ingreso de la propuesta de ley al Congreso, el Mineduc se reunía con los rectores de las universidades estatales para intentar convencerlos de apoyar la “reforma” y éstos le daban la espalda, declarando valientemente que lo que se pretende hacer con la iniciativa es privatizar completamente el sistema. En esa misma reunión, sin ningún tapujo Nicolás Eyzaguirre, ex economista del FMI y actual ministro secretario general de gobierno (encargado de la tramitación del proyecto en el parlamento), declaró frente a los rectores que “el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuará de por vida” para “ayudar” a quienes realicen sus estudios en “universidades privadas con arancel liberado”, reconociendo que la lógica de mercantil que mantiene endeudadas a más de un millón doscientas mil familias no desaparece, sino que se acentúa.

A las palabras del economista se suman las de Adriana Delpiano, asistente social ex miembro del think-tank Educación2020 y actual ministra de educación, quien declaró que “el problema del CAE es por la participación de la banca en este crédito”, asegurando que si se buscan soluciones, en ningún caso alguna pasa por suprimir las lógicas de endeudamiento estudiantil (La Tercera 9/07/2016). Y agregando una clave importantísima para comprender la forma en la que se gesta esta “reforma”, Delpiano señala en una entrevista televisiva que “no se sabe cuánto cuesta la gratuidad para el 100% de los estudiantes” (CNN Chile), dejando en evidencia el problema de fondo: jamás pensaron realmente en cumplir las promesas realizadas a la sociedad chilena. Le mintieron a la gente.

El problema de fondo: la institucionalización de la educación de mercado

Pero revisando el proyecto de educación superior presentado por el gobierno (evitaré hablar de reforma porque solo es un marco regulatorio del mercado) éste establece que todas las universidades deberán acreditarse para poder existir como tal, pero será decisión de cada plantel adherir a la gratuidad o no. Si se suman al sistema de gratuidad (comprendida como una beca, bajo la lógica neoliberal del financiamiento a la demanda) se deberán someter a un sistema de “regulación y fijación de aranceles” establecido por los organismos reguladores que la misma ley instituye (Subsecretaría, Superintendencia y Consejo para la Calidad de la Educación Superior).

Si esto ya es un problema, porque la lógica mercantil está siempre detrás de todo, la cosa se pone más compleja porque el mismo proyecto establece que los denominados “beneficios estudiantiles” que la ley entiende como becas y créditos (aunque es completamente legítimo cuestionarnos si es que estos últimos son realmente un beneficio para los estudiantes) se entregarán a todas las instituciones acreditadas.

Ahora el problema grave: solo las universidades que adscriban a la gratuidad van a tener aranceles regulados, mientras que un conjunto de planteles que no se sumen a esta forma de financiamiento van a poder elevar todo lo que quieran sus aranceles y hacer que sus estudiantes los paguen a través de becas y formas de endeudamiento que el mismo Estado promueve. Esto representa un claro gesto hacia planteles como la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, todas instituciones privadas investigadas por lucro y receptoras de más de un cuarto de los dineros del CAE para toda la educación superior (Fuente: Fundación Sol). Así, el gobierno entrega un gesto a estos planteles, permitiéndoles seguir creciendo a costa del endeudamiento y el subsidio estatal, pero no solo eso, pese a que se prohíbe no se tipifica el lucro como delito y se legaliza el traspaso de recursos de las universidades a otras instituciones relacionadas por concepto de arriendo de espacios, mecanismo utilizado por las casas que lucran para “retirar excedentes”, es decir, apropiarse de recursos que deberían invertir en la educación de sus estudiantes. Lucrar.

Pero esto no es coincidencia. Si miramos los directorios de las universidades-empresa, veremos que están conformados por muchos militantes del oficialismo, que han presionado fuertemente para que este proyecto de ley no avance por el camino que indicó la sociedad en 2011 y siga fortaleciendo su negocio educativo. El ejemplo más concreto es Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, militante de la Democracia Cristiana (partido de gobierno), ex ministro de Bachelet, que ha sido acusado directamente de hacer lobby para que continúe el sistema de endeudamiento estudiantil como forma de financiar los estudios de miles de personas (revisar entrevista a Mónica González en CNN Chile). En el mismo cuadro está Jesús Villate, Director Ejecutivo para la región andina de la transnacional Laureate, grupo controlador de la Universidad Nacional Andrés Bello (universidad con la mayor matrícula del país) y otras 4 instituciones de educación superior, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno.

El panorama es claro. Se avanza entonces hacia la institucionalización de un sistema que es la antítesis del “fortalecimiento de la educación pública”, petición estudiantil con la que se llenaron la boca personas como Michelle Bachelet y quienes hoy están en el congreso representando su programa de gobierno. El fin de la reforma es construir un sistema en donde lo privado sea el eje articulador del sistema educativo, como sucede con la educación escolar, en donde existan universidades privadas para quienes puedan pagarlas, planteles privados subvencionados por el Estado (a través de Becas) para quienes puedan hacer aportes propios o endeudarse, e instituciones públicas precarizadas y disminuidas para quienes no tengan recursos. Así, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, sigue sumando puntos en su obsesión por construir guetos. Lo hicieron con la educación escolar, con la salud, con la vivienda y ahora avanzan a la educación superior.

No podemos permitirnos una nueva derrota. No otra vez. Hoy las fuerzas sociales deben decirlo claro y fuerte: la ley de educación superior enviada este mes al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet no es una reforma, ni menos tiene algún componente que desestabilice la estructura del modelo vigente. El proyecto institucionaliza la privatización de la educación como forma de administrar el sistema y el subsidio a la demanda a través de becas y créditos como mecanismo de financiamiento.

* Texto preparado para exposición en las Jornadas de Discusión Triestamental sobre la Reforma a la Educación Superior, realizadas en la Universidad de Chile en el mes de julio de 2016.

La fuerza de la ley

“Quisiera referirme a hechos violentos que hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en el INBA. Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y comprometida con los asuntos públicos, pero eso se hace construyendo y no destruyendo… nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos vandálicos con las movilizaciones aquellas del 2011 que despertaron la conciencia de todo un país sobre los desafíos que Chile tenía con la educación de sus hijos… Yo creo que el país no entiende y por eso nos indignan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla, y vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley porque eso es lo que nos pide toda la sociedad”. Con esa frase la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, opinaba por primera vez de forma directa de las masivas manifestaciones estudiantiles que hoy mantienen más de un centenar de escuelas secundarias tomadas y alrededor de 35 planteles de educación superior movilizados a través de tomas o paros indefinidos.

El sistema de Educación Superior está en crisis y la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles centra el foco en hechos aislados, como las millonarias destrucciones de un establecimiento educacional emblemático de Santiago -el Internado Nacional Barros Arana (INBA)- y no en la masiva fuerza social demostrada por las y los estudiantes en las calles, sacando más de 150 mil personas a las calles del país.

Los periódicos, radios y cadenas de televisión, controladas vertical y horizontalmente por tres cuatro grupos empresariales (nacionales y transnacionales) dedican grandes espacios en donde se repiten palabras como “delincuentes”, “vándalos” y “antisociales” para calificar a los estudiantes movilizados, a tal punto que el discurso mediático-empresarial valida el que en medio de desalojos de estudiantes secundarios, la policía haya ingresado a un establecimiento (el INBA) con sus armas de servicio desenfundadas, en una acción de extrema violencia.

A nadie parece importarle que la misma mañana en donde todos los medios centraban sus focos en los destrozos del INBA se hayan llevado detenidos con fuerte violencia a un grupo de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios por estar en la acera de una calle, frente al Ministerio de Hacienda, intentando hacer un acto pacífico. Se les realizó un control de identidad y los detuvieron, como si no hubiera ninguna diferencia entre la "democracia" de 2016 y la dictadura de 1983, reprimiendo de la misma forma a los secundarios.

El círculo se cierra cuando la presidenta responde anunciando la aplicación de “toda la fuerza de la ley” contra los “vándalos”, convirtiendo un caso aislado en una generalidad con el fin de criminalizar a los estudiantes. El problema es que la máxima autoridad del país no tiene la misma fuerza para aplicar toda la fuerza de la ley a los bancos que endeudan brutalmente a los estudiantes y a sus familias, persiguiéndolos y embargándoles sus viviendas; tampoco se aplica la fuerza de la ley a las universidades privadas, muchas de grandes grupos transnacionales (como Laureate International Universities) que lucran brutalmente y se aprovechan de los sueños de miles de estudiantes; menos se aplica la fuerza de la ley a los agentes del Estado que ingresaron al Liceo de Aplicación (otro establecimiento emblemático de la capital) rompiendo una puerta que es monumento histórico y tiene más de 150 años de antigüedad, ahí el patrimonio parece que se olvida. Por último, nadie aplica la fuerza de la ley a los policías que torturan (sí, torturan) a estudiantes secundarios y universitarios en comisarías o que detienen a cualquier joven que camina por la calle solo por el hecho de ser joven.

Podríamos seguir hablando de situaciones que la prensa omite para desinformar a la población o en donde no se hacen carne viva las palabras que la mandataria chilena usa para criminalizar a los estudiantes, pero el objetivo de este relato es recalcar que el movimiento estudiantil debe ser conciente de que en los grandes medios controlados por el empresariado hay un enemigo, que no se combate necesariamente con una violencia física directa, sino que generando fuerzas mediáticas contrahegemónicas, que le hagan el contrapeso a los relatos de quienes defienden el status quo. Junto con eso, no podemos dejar que los medios de los empresarios controlen el debate, hay que llevarlos a las discusiones de fondo, dejarlos en evidencia, denunciar en su propio terreno la desinformación que promueven. No pretendo con esto hacer una apología o explicar los hechos de violencia en las manifestaciones sociales poniéndolos en una balanza con las acciones del Estado neoliberal y las instituciones económicas, sino que llamar a la reflexión: ¿qué es más violento para el sistema imperante hoy en día? ¿los semáforos, paraderos y liceos destruidos o la organización, la ocupación de espacios y las expresiones de masividad de un movimiento para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que esto hay que cambiarlo de una vez por todas?

* Escrito originalmente para rebelion.org

El Cristo decapitado

Este jueves 9 de junio de 2016, mientras se desarrollaba una marcha por la educación en Chile, que fue cortada en tres oportunidades por la policía con uso de gases lacrimógenos y carro lanza agua sin haber motivo alguno (la marcha se realizaba pacíficamente y en un trazado acordado con las autoridades), en medio de una nube vimos aparecer a Cristo crucificado desde el interior de una iglesia. No comprendíamos el hecho histórico que estábamos presenciando a tan solo unos metros de distancia. Yo, con mi cámara en las manos, quedé tan pasmado que no pude reaccionar para ni pensar en obtener una fotografía y solo observé. Una señal: Cristo marchando con los pobres, con los endeudados, c on los que quieren cambiar el sistema injusto, con quienes a diario son aplastados por esos otros cristianos ortodoxos que ocupan altos puestos en el gobierno y corporaciones empresariales, como el recientemente nombrado Ministro del Interior del Gobierno de la "socialista" Michelle Bachelet, el supernumerario del Opus Dei Mario Fernández.

La aparición del Cristo crucificado parecía conmover a la población hasta el punto de las lagrimas. El Cristo se alzó por sobre las cabezas de los manifestantes, crucificado y torturado por quienes lo vieron -en su tiempo- como un peligro para la subsistencia del sistema. Ese Cristo agonizante que había recibido todo el repudio de los conservadores luego de echar violentamente a los mercaderes del tempo, hoy marchaba con los estudiantes chilenos que se deben endeudar con la banca privada o llorar por becas para poder formar parte de una educación mirada como un "bien de consumo" y en ningún caso como un "derecho social". Así como en aquel tiempo un grupo de personas se enriquecía con la fe de los miles que llegaban hasta el templo, hoy en Chile un grupo de bancos privados y grandes corporaciones transnacionales de la educación se enriquecen lucrando con los sueños y la esperanza de un futuro mejor que tienen miles de estudiantes pobres. Cristo, crucificado y torturado, había decidido levantarse con los estudiantes.

La imagen fue impresionante, corrimos a verla, pero en el camino se vino abajo estrepitosamente. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, hubo un silencio en medio de tanto alboroto. El Cristo al caer terminaba decapitado.

No era una nube celestial, era lacrimógena. No era emoción, era el efecto del gas con el que reprimen indiscriminadamente a quienes se manifiestan. No era una aparición, era el saqueo de la iglesia. Sí era Cristo marchando y terminando descabezado. La policía, que anteriormente había intervenido sin razón en la manifestación, ahora observaba desde lejos esa acción y permitía a la prensa filmar y fotografiar al Cristo torturado, crucificado y decapitado, para que hoy estemos viendo todas esas imágenes en los principales medios de comunicación -controlados por esos pocos cristianos que tienen el poder y explotan a la mayoría de cristianos-, acompañadas de discursos que llaman a más violencia, no sólo contra quienes hagan destrozos, sino que contra cualquier manifestación social, aprovechándose del Cristo decapitado para criminalizar la protesta estudiantil, como si esa acción les hubiera caído del cielo para seguir protegiendo su orden conservador y neoliberal.

* Escrito originalmente para rebelion.org

El lento cambio cultural y la institucionalidad neoliberal

Ni en 2006 ni en 2011 conseguimos un cambio institucional en la educación chilena. Con el gobierno de Bachelet se tomaron las consignas del movimiento estudiantil, pero hemos visto cómo hacen oídos sordos a las propuestas que con mucho trabajo y responsabilidad han emanado de los actores de la educación. Podríamos decir que eso es un fracaso, que nuestras movilizaciones no han logrado nada, pero si miramos las discusiones que se han abierto en el país, en los colegios, en las universidades, nos vamos a dar cuenta que hay cambios culturales que están transgrediendo y superando la institucionalidad vigente heredada de la dictadura y potenciada por quienes se dicen la "izquierda" concertacionista.

Hoy en los colegios se abren espacios de participación a las comunidades, los estudiantes secundarios tienen cada vez más protagonismo. En las universidades se comienza a exigir mayor democratización, participación de las comunidades universitarias en la toma de decisiones, derogación a estatutos que en muchas casas de estudio rigen desde la dictadura cívico militar. Hoy exigimos que nuestros espacios educativos estén realmente vinculados con la sociedad, que respondan a los intereses del país y no a los de un grupo reducido de empresarios que nos quieren como mano de obra, exigimos transparencia, que el Estado se cuadre como garante no solo del derecho a la educación, sino que también de otros derechos fundamentales como la salud, la vivienda o el buen vivir. Eso es un cambio cultural que está ocurriendo, poco a poco, y en algún momento la institucionalidad neoliberal pinochetista-concertacionista va a quedar chica. Eso no pasa de un día para otro, no pasará si nosotros no actuamos para seguir profundizando y madurando esta oportunidad de cambio.

El gobierno responde hoy con una supuesta gratuidad en la educación. Por estos días me encuentro de viaje en Caracas (Venezuela) y me han dicho en varias oportunidades: "pero Bachelet les entregó gratuidad para el 2016". Cuando les explico la forma en la que se materializa esa promesa, cuando les cuento cómo funciona el Crédito con Aval del Estado y que éste mecanismo de financiamiento aumenta su aporte estatal para el 2016 en 122 mil millones de pesos -que van directamente a los bolsillos de los bancos y que representa un 20% del aumento del presupuesto para educación, que el gobierno anunció diciendo que era para la gratuidad- no comprenden nada, dicen que es un sistema que carece de toda lógica. Y no estoy hablando de estudiantes chavistas, me refiero a personas de la calle, incluso de oposición. Para cualquiera que no sea chileno es imposible entender que el Estado le entregue a la banca privada dinero y que después los estudiantes tengamos que volver a pagar de nuevo lo mismo, por 20 años, en un crédito eterno. Eso es el deseo indiscriminado y descarado de privilegiar el mercado en la educación, cosa que va en contra del cambio cultural (lento pero efectivo) que está viviendo la sociedad chilena.

Es de esperar que, entre todos, podamos seguir construyendo, profundizando y madurando este cambio, que en algún momento superará a la institucionalidad encerrada en los cerrojos neoliberales que ni Bachelet ni la Nueva Mayoría están dispuestos a romper. Se abren posibilidades de cambio en la Universidad de Santiago, con estatutos que deroguen a los de la dictadura; se abren cambios futuros en la Universidad Alberto Hurtado, avanzando en democratización y transparencia; se abren caminos en la Universidad Católica cuando comienza a existir, como alternativa viable y concreta a la Federación de Estudiantes, un proyecto que promueve la unidad de la comunidad educativa para alcanzar democratización efectiva y luchar contra la elitización de esa casa de estudios. Son cambios pequeños, pero así avanzamos.

Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia

Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía
de presentar el trabuco y matar a sangre fría
a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, si.

Quién no escuchó alguna vez esa hermosa y directa canción de Violeta Parra que todos conocemos como "La Carta", pero que originalmente violeta la llamó "Los hambrientos piden pan". En este clásico tema se nos comentan las injusticias de un país en donde las autoridades optaron por la represión brutal, antes que por escuchar la voz de las y los trabajadores. Eso pasaba en los años '60 y lamentablemente la historia no ha cambiado mucho, pero sin duda vale la pena recordar un hecho que ocurrió un día como hoy, 19 de noviembre, pero en 1962, en la Población José María Caro. Una situación que muchos han olvidado, pero que fue la inspiración para escribir esta tonada de denuncia que realizó Violeta al enterarse de la situación.

Una fotografía de la matanza

Solemos recordar la Matanza de Santa María de Iquique, la del Seguro Obrero o la realizada por el ejercito chileno durante varios años mientras duró la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, pero la verdad es que lamentablemente hay muchos más hechos de este tipo, que pocas veces se recuerdan. Podemos ver durante todo el siglo XIX diversas matanzas de obreros, indígenas, campesinos y pobladores, ordenadas por el Estado chileno, que hoy permanecen casi borradas de la memoria del pueblo y que sería muy necesario mantener en el recuerdo como un ejemplo de la lucha que han desarrollado los sectores populares a lo largo del tiempo, para reconocer que esto no parte ni ayer ni hoy, sino que se inició desde mucho antes, siempre han estado presentes a lo largo del tiempo.

Un niño herido en medio de la represión

Y así como hemos visto organización popular, también podemos hablar de la forma en la que el Estado ha canalizado a estos movimientos, ahogándolos y utilizando la represión más cruenta, como en las matanzas de 1903, 1905 o la misma Matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en 1907. Pero hay un hecho que ocurrió un día como hoy, un 19 de noviembre de 1962, cuando en medio de un paro convocado por la CUT un grupo de trabajadores y pobladores de la Población José María Caro decidieron cortar la línea del tren, que pasaba en esos tiempos por el lado de su población, ubicada en la actual comuna de Lo Espejo. Había paralizado casi toda la ciudad, pero la empresa de ferrocarriles había llegado a un acuerdo con el gobierno de Jorge Alessandri y los trabajadores se habían comprometido a seguir con sus jornadas laborales. La CUT analizó esa situación y los trabajadores decidieron bloquear, junto a los pobladores, las vías del tren, para detener completamente la producción en la capital.

Ante eso, Alessandri decidió enviar a la fuerza policial a reprimir el hecho, pero los trabajadores resistieron y obligaron a la policía a replegarse. El gobierno respondió con fuerza, no se podía permitir que un grupo de trabajadores paralizara una de las principales rutas del ferrocarril y así, los militares se hicieron presentes y se inició la matanza. Balas contra piedras, fusiles contra esperanzas de justicia, pobladores contra militares. Las cifras oficiales hablan de "al menos 6 fallecidos", aunque se piensa que fueron más, y la prensa describe más de medio centenar de heridos. Asesinaron a niños y niñas, pobladores, trabajadores, a todo aquel que se atrevió a levantarse para exigir mayor justicia laboral. En medio de eso, además, se hicieron detenciones arbitrarias a personajes que habían declarado su apoyo al paro de la CUT, entre ellos al hermano de Violeta Parra. Para denunciar esta situación, desde Francia, Violeta escribiría "Los hambrientos piden pan".

Para finalizar, la invitación es a concebir estos capítulos que han sido borrados de la historia oficial chilena, como herramientas que son útiles para la autoeducación de los sectores populares, para lograr conciencia en la población de cuál es el rol histórico que el Estado chileno y sus agentes han ocupado cuando se trata de responder a las demandas de las mayorías. Debemos entender por qué estos hechos jamás saldrán en el curriculum escolar ni en la PSU. Porque nos ayudan a cuestionar la forma en la que hemos llegado a nuestro presente, uno en donde pocos se atreven a reclamar, donde reina el miedo al momento de enfrentar las injusticias.

¿Desalojos? ¿Baño de Sangre? ¿Fiesta democrática?

Para nadie es un secreto que el movimiento estudiantil ha vuelto a entrar en otra fase de radicalización producto de las nulas respuestas que se han recibido por parte del gobierno a sus demandas. Tanto es así, que el mismo gobierno se ha visto en la obligación, ayer lunes 24 de junio, de reconocer que más de cien establecimientos educacionales se encuentran en toma, cifra que se negaron a reconocer por muchos días y que al parecer, estaría disminuida de acuerdo a los catastros que manejan los mismos estudiantes. El problema que ha llevado a reconocer esta movilización por muchos días invisibilizada desde el poder y los grandes medios de comunicación, es la realización de las “primarias presidenciales”, que tendrán lugar este domingo y en donde muchos de los colegios (la mitad según el gobierno) que se encuentran en toma forman parte de los locales de votación en donde se debiera desarrollar el proceso. Más allá de cuestionar el proceso por lo trucho que me parece, quiero apuntar a un análisis que va más allá y que tiene que ver con la seguidilla de declaraciones desinformadas, ignorantes e indignantes que se han hecho respecto a la “necesidad” de desalojar los establecimientos en toma para poder dar lugar a “la fiesta de la democracia”.

“Yo no quisiera ver un baño de sangre si es que la fuerza militar cumple la ley”, dijo el domingo la mesías candidata de la vieja Nueva Mayoría en pleno debate, argumentando que no estaba de acuerdo con los desalojos y pidiendo a los estudiantes desocupar los establecimientos para dar paso a su fiesta. Más allá de su desacuerdo, tenemos que reconocer que las declaraciones son más que desafortunadas, son una brutalidad. Es grave que a una candidata que supustamente va a pelear una elecciones de un país supuestamente democrático, se le pase por la mente que si los secundarios no desalojan los colegios habría un “baño de sangre”, porque los militares se verían casi obligados a “cumplir la ley” y sacar por la fuerza a los estudiantes de sus establecimientos. Hay gente, interpretes de las palabras de su mesías, que han intentado decir que su intención fue negarse a eso, pero el problema no radica ahí, sino que en que a una candidata se le pase por la cabeza la posibilidad misma de un nuevo “baño de sangre”, más cuando este año comenzamos a recordar 40 años del golpe de estado que puso a los militares y a un grupo de civiles a gobernar este país a punta de represión, asesinatos y torturas. Sin duda que estas declaraciones apocalípticas hablan de una clase política que sigue aferrada a la estabilidad que les da el miedo histórico que siente la ciudadanía, respecto a una posible nueva intervención violenta de los militares.

Y voy más allá. Siguiendo el juego político, me pregunto: Si esto lo hubiese dicho Longueira o Allamand, ¿qué habríamos hecho? Creo que ya los estaríamos quemando en la hoguera. Pero en fin, mi intención va más allá. Porque además de plantear que las declaraciones de la presidenciable demuestran un profundo temor a las nuevas vías de expresión que la ciudadanía y los estudiantes han tenido que darse bajo la nula capacidad de la elite de responder a sus demandas, también hablan de una ignorancia respecto del proceso electoral mismo, que se ha contagiado a todos los rincones de la opinión pública. Fueron criticadas las declaraciones de la vocera de gobierno, cuando dijo que el Servel podría ordenar el ingreso de los militares a los establecimientos. Pues bien, la claridad que tenemos ahora es que es el gobierno y la Fuerza Pública, es decir, Carabineros, los que deben tener a disposición del Servel los establecimientos escogidos como centros de votación, para luego, al parecer, ser entregados a las Fuerzas Armadas. Creo, si no me equivoco, que se ha comprendido mal el concepto de Fuerza Pública, ya que se cree que los mismos militares desalojarían un establecimiento, cuando, espero, se tiene claridad de que Fuerza Pública y Fuerzas Armadas son conceptos legalmente diferentes. Incluso, su dependencia de mando es distinta, ya que la Fuerza Pública depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa. Así, estamos viviendo una reconfiguración de un miedo que a los únicos que les conviene es a los que quieren celebrar su fiesta democrática sacando a los estudiantes de sus tomas y en medio del terror de una posible intervención militar ¿Qué democracia es esa en donde a días de una elección estamos discutiendo un posible “baño de sangre”?

Aclarado esto, me autopermito decir que los estudiantes son los que se han ganado la legitimidad de decidir sobre ellos mismos y sus espacios de construcción. Su movimiento, que viene desde hace muchos años, no se ha detenido nunca y tampoco lo hará producto de una elección. Porque existe la conciencia de que la democracia que nos han hecho creer que existe en este país, pareciera no ser tan democrática cuando inhibe cualquier intención de participación que no sea asistir, cada cierta cantidad de tiempo, a unas urnas y votar por candidatos que fueron elegidos al interior de las cúpulas partidistas que, pareciera, ya tienen bien repartida la torta. Los estudiantes con sus tomas rompen con eso, ya que al interior de sus ocupados espacios se abren a lógicas de participación que un mundo jerarquizado no comprende, raciocinios verdaderamente democráticos en donde todos son iguales y la organización y el interés colectivo es el que prima. Las tomas son un espacio de libertad en sí mismas, son pequeños microcosmos de utopías juveniles, y ahí no solo se aplica la “democracia del voto” sino que se aplica la clave democrática a todos los aspectos de la convivencia.

Esos estudiantes en plena libertad, hoy se configuran como un peligro para una democracia binominal que está protegida por una institucionalidad rígida, que no permite tener procesos en donde los ciudadanos y ciudadanas realmente influyan en la toma de decisiones. Eso se consagra completamente con la Constitución de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, esa dictadura que hoy, por el interés de algunos de materializar su falsa fiesta democrática, vuelve a relucir más que nunca en las mentes de muchos chilenos, que con miedo han creído en las amenazas y se preparan para retroceder. Pero como dijo la gran Violeta Parra “Que vivan los estudiantes jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría” que quiere celebrar su fiesta (agrego).