Elliot Abrams, "la bestia" contra Venezuela

Hace algunas semanas, Donald Trump nombró a Elliot Abrams como Encargado del Departamento de Estado para Venezuela. Durante los siguientes días, medios como NTN24, CNN y la prensa chilena han hablado de Abrams como "un exitoso diplomático que, luego de retirado, volvió para ayudar con el conflicto en Venezuela”. Y ¿en serio nos dicen que "volvió para ayudar"? ¿En qué podría ayudar el historial criminal, golpista, antidemocrático y asesino de este hombre?

Es pública y sancionada su participación en las brutales violaciones a los DDHH que se cometieron en centroamérica durante el gobierno de Ronald Reagan, en donde EEUU combatió a la revolución nigaragüense con recursos ilegales de la venta de armas a Irán y drogas al Cartel de Medellín. Así mismo, el estreno de las operaciones encubiertas en territorios en donde no tenían soberanía, sería una práctica que Abrams probaría en países como Guatemala o El Salvador, eliminando a diversos dirigentes políticos y sociales ligados a movimientos de izquierda. Todas estas tácticas serían posteriormente usadas en las operaciones estadounidenses en Medio Oriente y otras latitudes.

Por todo lo anterior, este sujeto -conocido en los pasillos de la Casa Blanca como "la bestia", por su forma calculadora, fría y despiadada de abordar los conflictos internacionales, fue condenado. Incluso reconoció ante el Congreso que había falsificado y alterado informes para mentir sobre su implicancia en la venta de armas a Irán para financiar a la Contra nicaragüense.

Como si toda esta historia no fuera suficiente, en el gobierno de George W. Bush "la bestia" recibió un indulto por su condena anterior y se unió al equipo que planificó el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Así mismo, fue uno de los artífices principales de las invasiones a Afganistan e Irak, luego del 11 de septiembre de 2001, en las que se ha comprobado que el gobierno de EEUU actuó impulsado solamente por el interés de las transnacionales petroleras, para saquear los recursos de estos países a costa de las muertes de millones de personas y la instalación de una doctrina de gobierno global basada en el terrorismo de Estado, la restricción de libertades y las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.

Con todo esto, ¿en serio quieren que pensemos que un sujeto así viene a "ayudar" a una salida democrática al conflicto venezolano? Sobre la idea de que ha sido un "diplomático exitoso" no cabe duda, porque todos sus planes macabros han funcionado, pero por favor, miremos la historia, aprendamos de un guión que se está repitiendo y el Estado chileno está siendo cómplice de una nueva ofensiva en donde la oligarquía estadounidense busca oxigenarse apropiándose de los recursos soberanos de otra nación. Hoy por hoy, dentro del "bloque democrático" que han conformado países como Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, lo que menos importa es el sufrimiento del pueblo venezolano (que nadie debería dudar que es real), sino que estamos en presencia de una estrategia en donde un grupo de gobiernos pretende legitimar una intervención que tiene -en el fondo- el mismo impulso que ya hemos conocido a lo largo de toda la historia del imperialismo estadounidense.

Sobre la detención de Lula Da Silva

En los últimos días hemos sido testigos de diversos movimientos que han terminando en una orden de detención contra el expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, acusado en el denominado caso Lava Jato, que destapó una enorme red de corrupción que involucraba a un conjunto de empresas contratistas de la estatal Petrobras, en donde se pagaban transversalmente sobornos a políticos, medios de comunicación, policías, funcionarios públicos y jueces, con el fin de tener exclusividad en la adjudicación de grandes obras de infraestructura y servicios asociados a la petrolera.

Cuando se destapó el escándalo, en 2014, las fichas se comenzaron a mover en el mapa político de Brasil, llegando al golpe que terminó con la expulsión de Dilma Rousseff de la presidencia de este país en 2016. La derecha neoliberal brasileña aprovechó la crisis para movilizar a todas sus fuerzas y poder hacerse del poder a través de la figura de Michel Temer, quien también se encuentra involucrado en hechos de corrupción -incluso más graves que los que se le acusan a Lula-. El mapa del presente es de un gobierno absolutamente deslegitimado que ha decidido usar mecanismos autoritarios para mantenerse estable, haciendo que toda la atención mediática se centre en el Partido de los Trabajadores (PT) y en la corrupción que salpica a quienes gobernaron Brasil desde 2003, logrando grandes avances en aseguramiento de derechos sociales y mayor justicia social.

Los dos puntos que hay que tener claros son que el mapa político actualmente es dominado de forma autoritaria por la derecha conservadora (en lo valórico) y neoliberal (en lo económico y cultural); y los avances sociales, políticos y culturales logrados durante los periodos de Da Silva y Rousseff son indesmentibles y categóricos. En ese contexto, es entendible la rebelión de los sectores que durante siglos han concentrado el poder en Brasil y que en la última década lo fueron perdiendo. También es entendible que aprovechen los errores y corrupción de algunos sectores de la izquierda brasileña para socavar todos los avances logrados y devolverse a sí mismos su estatus de privilegio.

La prisión a Lula es una jugada política de la ultraderecha para sacarlo del mapa electoral. Las diversas cosas que hemos visto en los últimos días son brutales y atentan contra cualquier debido proceso hacia una persona, vulnerando la Constitución y mostrando que los sectores privilegiados de Brasil -y Latinoamérica- están dispuestos a utilizar todos los medios a su disposición para evitar que las conquistas populares continúen profundizándose. La manipulación de medios como O Globo y Veja, sumada a la acción de militares, políticos y jueces que no tienen miedo en dejar en evidencia su corrupción, deja de manifiesto que estamos frente a una evidente operación política para anular a Lula, montando un caso cuyas pruebas son completamente cuestionables. Están desesperados, porque saben que Brasil es una olla a presión.

Analizando la complejidad de la corrupción en Brasil, si fuera por llevar a prisión a los corruptos la mitad del país estaría preso. Temer, todos los parlamentarios, policías federales y locales, jueces, periodistas y una gran cantidad de personas deberían ir al lado de Lula, porque las redes tejidas por las grandes empresas tienen una dimensión estructural en el Estado brasileño. Frente a eso, la serie O Mecanismo, que ficcionaliza a partir del caso Lava Jato, deja una interesante reflexión que emana desde su mismo nombre: la corrupción está tan interiorizada en la cultura, que opera desde el sujeto que debe arreglar una tubería en una calle hasta los altos ejecutivos de las empresas estatales. Todo es un mecanismo basado en la normalización del sistema de "coimas".

Pero dar cuenta de la persecución política que vive Lula con la intención de anular las ideas de justicia social en Brasil, visibilizando la corrupción estructural del Estado, no quita que también miremos lo escandaloso de los negocios de Petrobras y el PT con el gran capital privado, como un matrimonio que terminó alejando a la ciudadanía del proceso social. Así, con este caso tenemos la demostración viva de que cuando los procesos sociales se alejan del pueblo y no profundizan en mayores canales de democracia directa, terminan siendo fácilmente cooptados y corrompidos por las fuerzas que quieren mantener el orden capitalista de la sociedad, marcado por la producción y reproducción de las desigualdades. El proceso de avances en justicia social que ha vivido Brasil en los últimos años es innegable y debe reconocerse, pero ello no debe quitarnos jamás la capacidad crítica en estos momentos tan difíciles en donde es el pueblo brasileño el que debe resistir a esta nueva embestida de los privilegiados.

NOTA:

El mismo capital privado con el que se terminó casando una parte de la izquierda brasileña es el que financió el viaje de Lula a Chile en 2013. La empresa OAS (una de las contratistas involucradas en el caso Lava Jato) pagó un avión privado que trajo al expresidente al país para apoyar la campaña de Michelle Bachelet. Ese mismo avión se quedó en Chile y fue utilizado en la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Ningún medio de comunicación ha profundizado en estos detalles ni en el posible financiamiento de empresas como OAS u Odebrecht a campañas políticas chilenas, cuando esas contratistas tienen millonarios contratos vigentes con el Estado chileno.

Mientras descansamos (algunas consideraciones sobre el Proyecto de Universidades Estatales)

Por estos días, mientras la mayoría del mundo estudiantil se encuentra de vacaciones y los funcionarios comienzan a cerrar el ciclo 2017, se discute en el Parlamento el proyecto de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, propuesto con suma urgencia por el gobierno durante los últimos días, debiendo aprobarse de forma expresa antes del 29 de diciembre. El proyecto en general ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pasando en los próximos días al Senado, para ser despachado en los plazos forzados por el ejecutivo.

La legislación, pese a que tiene algunos avances, presenta fallas graves que podrían profundizar los problemas actuales, por lo mismo he considerado necesario plantear algunas consideraciones:

1. El proyecto original establecía que instituciones que cuenten con una acreditación superior al promedio podrían aumentar su matrícula sin límites (según sus capacidades), sumando una serie de beneficios tributarios para facilitar la inversión de excedentes en el mejoramiento de la calidad e investigación. Esos aspectos que fueron aprobados en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados luego fueron recortados por la Comisión de Hacienda, que transgredió sus atribuciones con la complicidad del gobierno y la derecha, continuando con una práctica que ha sido habitual en todas las leyes de educación aprobadas durante el periodo de Michelle Bachelet, en donde finalmente el Ministerio de Educación ha terminado trabajando con la derecha para serenar los aspectos positivos de todos los proyectos. En este caso, las Universidades del Estado tendrán límites para el aumento de su matrícula y no gozarán de mayores beneficios tributarios que les permitan fortalecerse contando con mayores recursos. 2. Continúa manteniéndose una estructura de gobierno universitario tipo "Directorio", en donde los diversos estamentos que componen las universidades son puestos en un rol secundario. La ley amenaza la autonomía de las instituciones de educación superior de forma preocupante, restando poder a los órganos colegiados de la comunidad universitaria en favor de personas nombradas a dedo que gobiernan en una lógica de universidad-empresa, puesto que 4 de los 9 miembros del Consejo Superior de las instituciones, serán externos a las casas de estudio. 3. Pese a que se crea un organismo de coordinación entre las universidades del Estado, no se les mandata a trabajar en una estrategia nacional de desarrollo que implique cooperación y solidaridad entre estas instituciones. Tampoco se suma a esta coordinación a los Centros de Formación Técnica Estatales, lo que hace que la instancia sea un mero saludo a la bandera que no reafirma en ningún caso el rol público que deberían tener las instituciones de educación superior del Estado. 4. Se continúa perpetuando el modelo de financiamiento indirecto vía Voucher. De esta forma, se deja a las universidades sin un financiamiento basal que les permita crecer y fortalecer su rol público, condenándolas al autofinanciamiento y a una competencia descarnada (entre ellas mismas y con el resto de instituciones privadas del sistema). Hoy el 16% de la matrícula se concentra en universidades del Estado, mientras que el 84% de estudiantes se ven obligados a optar por instituciones de educación superior privadas, con escasa regulación -sobre las que existen fundadas sospechas de que continúan lucrando, pese a que la ley lo prohibe- y donde, en muchos casos, la calidad impartida por esas casas de estudio deja mucho que desear.

Los estudiantes con los mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria, la mayoría provenientes de familias con mayores recursos, continúan prefiriendo a las instituciones estatales, convirtiéndolas en espacios elitistas que no se logran abrir al resto de la sociedad, no solamente por su sentido cultural de elite, sino que porque el mismo Estado no entrega los recursos suficientes.

Considerando todo lo anterior, Ley de Fortalecimiento de las Universidades Estatales no cumple con el sentido de su nombre, puesto que continúa obligando a las casas de estudio a la competencia dentro de un sistema que les impide crecer y las obliga a manejarse bajo lógicas de mercado, lo que demuestra la fórmula que ha seguido el gobierno con todas las reformas aprobadas durante la administración Bachelet: ejecutar cambios cosméticos que en ningún caso sacan al mercado de la educación.

La gratuidad de Piñera y el tejado de vidrio de la Nueva Mayoría

En tiempos de elecciones se ven muchas cosas increíbles, sobre todo cuando nos acercamos a una segunda vuelta con un panorama tan incierto como lo que ocurre en el presente, en donde Piñera llega debilitado, a casi 14 puntos de alcanzar el 50% más un voto que lo llevaría a su segundo mandato como Presidente de la República. Así, el candidato que todos los medios de comunicación y grandes encuestadoras daban como ganador seguro -incluso abriéndose a la posibilidad de que no hubiera balotaje y la coyuntura se cerrara con un triunfo en primera vuelta- resulta herido de gravedad y con un diagnóstico que aspira a un cuadro terminal, cuestión que ha abierto paso a situaciones dignas de retratar para la posteridad.

Comenzó la campaña post primera vuelta con la ex deportista y ahora Diputada electa Erika Olivera asegurando que si Guillier ganaba Chile podría convertirse en Venezuela –que junto a Cuba y Norcorea son como los artilugios discursivos más patéticos que suele utilizar la derecha chilena para desacreditar al oponente cuando sienten amenazados sus privilegios-, que en principio sería vista como una “mala declaración”, pero luego fue aprovechada por el mismo Piñera para atacar al candidato del oficialismo. Al término de la semana, los reporteos periodísticos darían cuenta de que no fue un error comunicacional, sino que una estrategia articulada desde el interior del comando de Piñera por sus espadachines Chadwick y Ubilla, con el fin de instalar un miedo colectivo al más puro estilo de la posverdad.

Después de eso vendrían los llamados desesperados a uno de los enemigos más públicos del candidato de la derecha, su antiguo contendor en las elecciones primarias, Manuel José Ossandón, para que hiciera explícito su apoyo a Piñera en la primera vuelta. Y se produjo, no como quisieran en el comando del expresidente, pero el referente de una parte no menor de la derecha popular chilena le entregó su respaldo, aunque anunciando que el abanderado de Chile Vamos se había comprometido explícitamente con algunos puntos claves de su programa. El más polémico: la gratuidad en la educación superior.

Que Piñera, enemigo declarado de la idea de gratuidad, cambiara de posición, fue la ventana para que se desataran una serie de cuestionamientos y acusaciones de “volteretas políticas” al interior de la misma derecha, porque –hay que decirlo- fue este bloque el que se opuso férreamente a la gratuidad implementada por el gobierno de Michelle Bachelet, incluso al punto de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. En concordancia con este cambio, el candidato también le informó al país que pasó de creer que “la educación es un bien de consumo” a que “es un derecho”, así, por arte de magia.

La Nueva Mayoría, aprovechando la instancia, disparó con todo al ya herido Piñera, con la intención de asegurar el triunfo de Alejandro Guillier y terminar de desmoronar la campaña de la derecha. No es un secreto que el comando del candidato oficialista ha pasado a estar controlado por voces conservadoras (como la de Sergio Bitar) que abogan por no hacer concesiones programáticas al Frente Amplio (la nueva y potente tercera fuerza que se abre paso en el parlamento) y apostar por el “voto contra Piñera”, articulando un discurso que pretende movilizar en base al miedo por el retroceso social y político que podría significar para el país un triunfo de la derecha.

Sin hacer mayores gestos programáticos ni articular una propuesta de cambios reales, todo parece indicar que la estrategia de Guillier no le entrega al grueso de la masa electoral del Frente Amplio un motivo de peso para asistir en diciembre a las urnas y votar contra Piñera. Más bien, algunos sectores de este mundo están apostando por terminar con la tentación de votar por el mal menor y, si el candidato oficialista no se acerca con propuestas, todo parece indicar que no habría un apoyo explícito del mundo frenteamplista, lo que crearía un panorama adverso para el periodista y pondría una cuota de incertidumbre aún más extrema a esta segunda vuelta.

Por todo lo anterior, el cambio de Piñera con el tema de la gratuidad les cayó del cielo a quienes querían dejar en evidencia la desesperación de la derecha ante una eventual derrota electoral. Lo que no se atreven a decir es que el espacio para que el candidato de Chile Vamos se definiera por apoyar la gratuidad en la educación superior, fue abierto por la pésima política pública implementada por la misma Nueva Mayoría en torno al tema.

Me explico…

Entregar la gratuidad como una beca, bajo la lógica del voucher, no fue un invento de los Chicago Boys ni de los ingenieros neoliberales de Piñera, sino que fue la misma Nueva Mayoría la que pensó en un modelo en donde se favorece a la “oferta” del mundo “privado” y se dinamiza el “mercado educativo”. No es un detalle menor el que la Universidad Autónoma sea la que recibe la mayor cantidad de recursos asociados al concepto de gratuidad: un plantel privado que estuvo siendo investigado por lucro y hasta nuestros días presenta una escasa regulación del uso de sus recursos que provienen masivamente del fisco. Mientras tanto, universidades integrales, estatales, públicas y de reconocida calidad solo han aumentado sus déficits al adherir a esta política.

Con ese cuadro heredado por el gobierno actual, con ese tejado de vidrio con el que hoy pontifican los sectores oficialistas para atacar al candidato de la derecha, Sebastián Piñera ha apostado por una promesa tramposa que responde a sus intereses personales de continuar por la senda de la “educación como un bien de consumo”. El anuncio de expandir la gratuidad en la educación superior tiene una especificación: será a través de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Esto nuevamente no es una improvisación, puesto que es este sector el que quedó intocable después de los ajustes realizados por la Nueva Mayoría durante este periodo de gobierno, incluso permitiéndosele a estos planteles lucrar. Así, la gratuidad propuesta por el expresidente transita por el mismo camino del negocio educativo que el gobierno de Michelle Bachelet no quiso terminar: llenarle los bolsillos de plata a quienes siguen lucrando con el derecho a la educación.

Contra todo pronóstico

Este 19 de noviembre hemos vivido un día histórico en donde el Frente Amplio ha superado todos los vaticinios y campañas que se realizaron desde las encuestadoras y los medios de comunicación. Sebastián Piñera (36%) y Alejandro Guillier (22%) pasan a segunda vuelta, pero la candidata Beatriz Sánchez obtiene un 20% de los votos. La situación resulta compleja de analizar, puesto que habrán algunos que dirán que es un fracaso el no haber pasado al balotaje. Pese a ello, a continuación escribo algunos antecedentes para aportar al debate:

1. Los recursos

Se deben tener en cuenta los recursos utilizados por cada candidatura. En cifras, la proporción el gasto de campaña de Guillier y Sánchez es de 5 a 1, respectivamente. Mientras tanto, la proporción entre Piñera y Sánchez es de 10 a 1. La situación resulta fundamental para reconocer que los resultados electorales obtenidos por el Frente Amplio son un éxito en materia de campaña. Una situación aún más grave sucede con los recursos utilizados por las diferentes coaliciones que competían por escaños en el parlamento. Pese a ello, contra todo pronóstico el Frente Amplio se constituye como alternativa y alcanza porcentajes históricos que tienen una disonancia si se les compara con los gastos. Así, la consigna "el poder de much*s" se convierte en una realidad.

2. Los medios

En el tránsito de la campaña, los medios de comunicación fueron fundamentales. Al respecto, la cobertura de la campaña del Frente Amplio fue muy parecida a la proporcionalidad del gasto de campaña, si la comparamos con el resto de los candidatos (con Guillier 5 a 1 y con Piñera 10 a 1, aproximadamente). A eso debemos sumarle la acción de las grandes empresas encuestadoras que, en base a los resultados, podríamos indicar que mintieron descaradamente. Sumados los medios y las encuestadoras, se construyó una realidad en donde la carrera ya estaba corrida y existía la seria posibilidad de que Piñera ganara en primera vuelta. Los acontecimientos del 19N han demostrado que jamás fue así y que simplemente estas instancias generaron una falsa realidad que el Frente Amplio debe reconocer como un problema fundamental de su quehacer político futuro, puesto que ha quedado en evidencia que la concentración de los medios de comunicación conspira contra una alternativa de cambio.

3. La irrupción de una nueva fuerza

La cantidad de parlamentarios obtenidos por el Frente Amplio -que a esta hora alcanzaría 20 diputados y un senador- ha sido el mayor éxito electoral de una fuerza política en las últimas décadas. Con ello, el Frente Amplio debe comprender que se posiciona como un actor clave que rompe definitivamente con el modelo duopólico de esta democracia pactada. El desafío ahora es profundizar el programa y constituirse, en un futuro no muy lejano, como una opción política que asegure gobernabilidad y aspire decididamente a la construcción de un país más justo y verdaderamente democrático. El triunfo debe ser tomado con cautela y los nuevos liderazgos que ingresarán al Parlamento deben propender hacia facilitar la llegada de esta nueva fuerza a los territorios. El triunfo debe ser canalizado desde el día 1 hacia un trabajo territorial que visibilice las nuevas formas de hacer política que propone el Frente Amplio -como ejemplos tenemos el gran trabajo que han realizado los actuales tres parlamentarios del bloque en sus distritos-.

4. CONSIDERACIONES DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA

Ahora, con los resultados a cuestas, van a venir los patudos de siempre a decirle al Frente Amplio que sea responsable, que firme un cheque en blanco a Guillier, cuando en realidad es el candidato de la Nueva Mayoría el que tiene que pensar mejor su programa y acercarse a los votantes del Frente Amplio con propuestas concretas. Si realmente quiere ganar, Guillier debe comenzar a hacer política y replantearse sus objetivos programáticos que apuntaron hacia una mantención de las AFP's, el CAE y el endeudamiento estudiantil, las Isapres y las dudas sobre una convocatoria a Asamblea Constituyente. Todos esos elementos deben ser repensados por el comando de quien pasa a segunda vuelta, puesto que son temas que el Frente Amplio levantó como banderas de lucha y que, si no se cambian, en ningún caso podría abrir paso a un apoyo electoral por parte del bloque naciente hacia el periodista en la segunda vuelta, puesto que no es responsabilidad de Beatriz Sánchez conseguirle los votos a Guillier.

El nuevo ciclo histórico que comienza con este parlamento pone fin al binominal, pero también a las cocinas, los acuerdos cupulares y los traspasos de votos. Si el Frente Amplio quiere constituirse como fuerza, debe apostar por medidas programáticas concretas, sin firmar cheques en blanco ni apostar por cogobernar junto a quienes no han demostrado interés por llevar a cabo los cambios que Chile necesita.

La fuerza de la ley

“Quisiera referirme a hechos violentos que hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en el INBA. Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y comprometida con los asuntos públicos, pero eso se hace construyendo y no destruyendo… nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos vandálicos con las movilizaciones aquellas del 2011 que despertaron la conciencia de todo un país sobre los desafíos que Chile tenía con la educación de sus hijos… Yo creo que el país no entiende y por eso nos indignan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla, y vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley porque eso es lo que nos pide toda la sociedad”. Con esa frase la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, opinaba por primera vez de forma directa de las masivas manifestaciones estudiantiles que hoy mantienen más de un centenar de escuelas secundarias tomadas y alrededor de 35 planteles de educación superior movilizados a través de tomas o paros indefinidos.

El sistema de Educación Superior está en crisis y la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles centra el foco en hechos aislados, como las millonarias destrucciones de un establecimiento educacional emblemático de Santiago -el Internado Nacional Barros Arana (INBA)- y no en la masiva fuerza social demostrada por las y los estudiantes en las calles, sacando más de 150 mil personas a las calles del país.

Los periódicos, radios y cadenas de televisión, controladas vertical y horizontalmente por tres cuatro grupos empresariales (nacionales y transnacionales) dedican grandes espacios en donde se repiten palabras como “delincuentes”, “vándalos” y “antisociales” para calificar a los estudiantes movilizados, a tal punto que el discurso mediático-empresarial valida el que en medio de desalojos de estudiantes secundarios, la policía haya ingresado a un establecimiento (el INBA) con sus armas de servicio desenfundadas, en una acción de extrema violencia.

A nadie parece importarle que la misma mañana en donde todos los medios centraban sus focos en los destrozos del INBA se hayan llevado detenidos con fuerte violencia a un grupo de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios por estar en la acera de una calle, frente al Ministerio de Hacienda, intentando hacer un acto pacífico. Se les realizó un control de identidad y los detuvieron, como si no hubiera ninguna diferencia entre la "democracia" de 2016 y la dictadura de 1983, reprimiendo de la misma forma a los secundarios.

El círculo se cierra cuando la presidenta responde anunciando la aplicación de “toda la fuerza de la ley” contra los “vándalos”, convirtiendo un caso aislado en una generalidad con el fin de criminalizar a los estudiantes. El problema es que la máxima autoridad del país no tiene la misma fuerza para aplicar toda la fuerza de la ley a los bancos que endeudan brutalmente a los estudiantes y a sus familias, persiguiéndolos y embargándoles sus viviendas; tampoco se aplica la fuerza de la ley a las universidades privadas, muchas de grandes grupos transnacionales (como Laureate International Universities) que lucran brutalmente y se aprovechan de los sueños de miles de estudiantes; menos se aplica la fuerza de la ley a los agentes del Estado que ingresaron al Liceo de Aplicación (otro establecimiento emblemático de la capital) rompiendo una puerta que es monumento histórico y tiene más de 150 años de antigüedad, ahí el patrimonio parece que se olvida. Por último, nadie aplica la fuerza de la ley a los policías que torturan (sí, torturan) a estudiantes secundarios y universitarios en comisarías o que detienen a cualquier joven que camina por la calle solo por el hecho de ser joven.

Podríamos seguir hablando de situaciones que la prensa omite para desinformar a la población o en donde no se hacen carne viva las palabras que la mandataria chilena usa para criminalizar a los estudiantes, pero el objetivo de este relato es recalcar que el movimiento estudiantil debe ser conciente de que en los grandes medios controlados por el empresariado hay un enemigo, que no se combate necesariamente con una violencia física directa, sino que generando fuerzas mediáticas contrahegemónicas, que le hagan el contrapeso a los relatos de quienes defienden el status quo. Junto con eso, no podemos dejar que los medios de los empresarios controlen el debate, hay que llevarlos a las discusiones de fondo, dejarlos en evidencia, denunciar en su propio terreno la desinformación que promueven. No pretendo con esto hacer una apología o explicar los hechos de violencia en las manifestaciones sociales poniéndolos en una balanza con las acciones del Estado neoliberal y las instituciones económicas, sino que llamar a la reflexión: ¿qué es más violento para el sistema imperante hoy en día? ¿los semáforos, paraderos y liceos destruidos o la organización, la ocupación de espacios y las expresiones de masividad de un movimiento para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que esto hay que cambiarlo de una vez por todas?

* Escrito originalmente para rebelion.org

Elecciones en Venezuela: la extraña dictadura y los extraños demócratas

Este domingo 6 de diciembre se celebran las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Los medios de comunicación hegemónicos –situados a la derecha del espectro político- han anunciado con bombos y platillos que podría ser una oportunidad de la derecha para controlar la Asamblea Nacional, con mayoría revolucionaria desde que asumió Hugo Chávez el poder el 2 de febrero de 1999. Estos mismos medios que se han encargado de anunciar un supuesto “inminente triunfo” de la oposición, también han puesto en tela de juicio el proceso eleccionario, porque parece que solo si ellos ganan será considerado un proceso limpio y si no, tendrán la oportunidad de acusar fraude.

Y esta no es una actitud de ahora, ya que los mismos que hoy se ponen el traje de demócratas para atacar la supuesta dictadura chavista, son los artífices del golpe de Estado que en 2002 sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas, hasta que la movilización popular en las calles y el ejército obediente al mandato popular -extraña cosa en la historia latinoamericana- devolvieron al depuesto presidente al poder. Los mismos que hoy se ponen traje de demócratas para acusar falta de libertad de expresión son quienes, en medio de ese golpe cerraron el Canal 8 (Venezolana de Televisión, la televisora pública) y una serie de radios para que no mantuvieran informada a la población y se generara una visión mentirosa y alterada de los hechos que supuestamente justificaban el golpe.

El golpe de Estado de 2002 terminó con los golpistas nuevamente en la oposición, hoy vistiéndose de demócratas.

Por otro lado nos encontramos con una extraña dictadura que en su constitución –plenamente vigente en este momento, realizada por una asamblea constituyente y aprobada en urnas por toda la población- establece un referéndum en cualquier momento del periodo presidencial, si el mandatario así lo quisiera o si el parlamento, con un quorum no muy alto, se lo solicitara. Fue así como la oposición logró en 2004 conseguir los votos para forzar a Chávez a someterse a este mecanismo. Entonces presenciamos, por primera vez en la historia de la humanidad, a un “dictador” sometiéndose al escrutinio de su pueblo, quien lo ratificó en el poder con el 59,1% de las preferencias. En ese momento delegaciones de observadores de Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos e independientes invitados por el oficialismo y la oposición, validaron el proceso, reconociéndolo como una muestra de madurez democrática. Además, aprovecharon de calificar el sistema eleccionario venezolano (voto electrónico) como uno de los más seguros del mundo, en términos de dejar casi nula la posibilidad de fraude –ya que se realizan auditorías previas, en el momento y posterior a la elección, con presencia de representantes de todos los sectores participantes y observadores internacionales, además de miembros del Consejo Nacional Electoral, que constitucionalmente se articula como un poder del Estado-. Extrañamente son varias de esas mismas instituciones las que hoy se abren a hablar, anticipadamente, de una posibilidad de fraude, cuando el sistema electoral sigue siendo el mismo que anteriormente reconocieron y apoyaron.

Entonces, vale la pena cuestionarnos por qué los medios de comunicación, que debieran ser los mediadores entre una realidad particular, en este caso la venezolana, y el resto de la sociedad, han generado un relato completamente alejado de la realidad y hecho a la medida de quienes, reitero, hoy se disfrazan de demócratas.

Por último, dejar en claro que con lo anterior no quiero decir que la situación en Venezuela sea la panacea. Por supuesto que hay problemas, como en todos los países, pero solo hace un par de semanas acabo de llegar de un viaje de casi tres semanas por Caracas, en donde participé de diversas actividades académicas y pude conocer a revolucionarios, antirrevolucionarios, apáticos y desinteresados. Ahí me di cuenta de la forma en la que se ha construido el proceso revolucionario venezolano, que pasó de 1,5 millones de analfabetos a ser reconocido como un país libre de ese problema, en donde se desarrolla un fuerte plan de intervención al espacio urbano para generar más de un millón de viviendas para la población pobre, donde un país tan pequeño y latinoamericano se ubica en el quinto lugar en matrícula universitaria en el mundo, con más de 20 nuevos planteles estatales, gratuitos y de calidad creados desde 1999 hasta la fecha. Después de dar cuenta de todo eso puedo decir que los logros son visibles, que por más que se quiera vender una imagen caótica y servil a los intereses de las élites que han ido perdiendo su poder frente a los avances del pueblo, en el suelo venezolano, en el día a día, se sabe la realidad y se ven a simple vista los logros de la revolución.

También se ven otras cosas: la corrupción, la inseguridad, las filas para conseguir ciertos productos (principalmente de aseo personal), la inflación, etcétera. Sí, también se ve y sería bochornoso criticar a los medios que solo muestran una parte manipulada de la realidad y responder haciendo lo mismo de vuelta. Hay problemas y también se ven a simple vista. Pese a lo anterior, creo que el conflicto más grande está en la necesidad de repensar y replantear un proceso social y político que ya cumple 17 años y que, pasando a una etapa de madurez, necesita construir un nuevo relato, plantear un nuevo horizonte en donde las bases del proyecto político revolucionario sigan más vivas que nunca, pero se logre volver a reactivar la acción y el compromiso que caracterizó la primera época del proceso. Hoy la revolución, lo que los medios denominan “el chavismo” por toda esa demonización que se generó en torno a la figura de Hugo Chávez, enfrenta un gran desafío: generar un relato político que despierte nuevamente la revolución y perfeccione las malas decisiones que se pueden haber tomado en los últimos años. Pero frente a las elecciones, solo queda terminar con una frase del escritor Eduardo Galeano, quien conoció de cerca la realidad venezolana siendo corresponsal de prensa en este país durante un tiempo:

“Esos y otros muchos invisibles no están dispuestos a regresar a Nadalandia, que es el país donde habitan los nadies. Ellos han conquistado su país, que tan ajeno era… Hoy están en el gobierno y, por más que los medios alteren la realidad, no están dispuestos a irse y así lo demuestran en las urnas”.

El lento cambio cultural y la institucionalidad neoliberal

Ni en 2006 ni en 2011 conseguimos un cambio institucional en la educación chilena. Con el gobierno de Bachelet se tomaron las consignas del movimiento estudiantil, pero hemos visto cómo hacen oídos sordos a las propuestas que con mucho trabajo y responsabilidad han emanado de los actores de la educación. Podríamos decir que eso es un fracaso, que nuestras movilizaciones no han logrado nada, pero si miramos las discusiones que se han abierto en el país, en los colegios, en las universidades, nos vamos a dar cuenta que hay cambios culturales que están transgrediendo y superando la institucionalidad vigente heredada de la dictadura y potenciada por quienes se dicen la "izquierda" concertacionista.

Hoy en los colegios se abren espacios de participación a las comunidades, los estudiantes secundarios tienen cada vez más protagonismo. En las universidades se comienza a exigir mayor democratización, participación de las comunidades universitarias en la toma de decisiones, derogación a estatutos que en muchas casas de estudio rigen desde la dictadura cívico militar. Hoy exigimos que nuestros espacios educativos estén realmente vinculados con la sociedad, que respondan a los intereses del país y no a los de un grupo reducido de empresarios que nos quieren como mano de obra, exigimos transparencia, que el Estado se cuadre como garante no solo del derecho a la educación, sino que también de otros derechos fundamentales como la salud, la vivienda o el buen vivir. Eso es un cambio cultural que está ocurriendo, poco a poco, y en algún momento la institucionalidad neoliberal pinochetista-concertacionista va a quedar chica. Eso no pasa de un día para otro, no pasará si nosotros no actuamos para seguir profundizando y madurando esta oportunidad de cambio.

El gobierno responde hoy con una supuesta gratuidad en la educación. Por estos días me encuentro de viaje en Caracas (Venezuela) y me han dicho en varias oportunidades: "pero Bachelet les entregó gratuidad para el 2016". Cuando les explico la forma en la que se materializa esa promesa, cuando les cuento cómo funciona el Crédito con Aval del Estado y que éste mecanismo de financiamiento aumenta su aporte estatal para el 2016 en 122 mil millones de pesos -que van directamente a los bolsillos de los bancos y que representa un 20% del aumento del presupuesto para educación, que el gobierno anunció diciendo que era para la gratuidad- no comprenden nada, dicen que es un sistema que carece de toda lógica. Y no estoy hablando de estudiantes chavistas, me refiero a personas de la calle, incluso de oposición. Para cualquiera que no sea chileno es imposible entender que el Estado le entregue a la banca privada dinero y que después los estudiantes tengamos que volver a pagar de nuevo lo mismo, por 20 años, en un crédito eterno. Eso es el deseo indiscriminado y descarado de privilegiar el mercado en la educación, cosa que va en contra del cambio cultural (lento pero efectivo) que está viviendo la sociedad chilena.

Es de esperar que, entre todos, podamos seguir construyendo, profundizando y madurando este cambio, que en algún momento superará a la institucionalidad encerrada en los cerrojos neoliberales que ni Bachelet ni la Nueva Mayoría están dispuestos a romper. Se abren posibilidades de cambio en la Universidad de Santiago, con estatutos que deroguen a los de la dictadura; se abren cambios futuros en la Universidad Alberto Hurtado, avanzando en democratización y transparencia; se abren caminos en la Universidad Católica cuando comienza a existir, como alternativa viable y concreta a la Federación de Estudiantes, un proyecto que promueve la unidad de la comunidad educativa para alcanzar democratización efectiva y luchar contra la elitización de esa casa de estudios. Son cambios pequeños, pero así avanzamos.

Cara de mayoría en la fiesta de la minoría

Comúnmente suelo decir que tengo cara de “cholo” y no por una cosa de ofenderme a mi mismo, sino que me siento orgulloso de mis rasgos mestizos latinoamericanos. Porque voy a las Europas y nadie dirá que soy de allá, voy a Estados Unidos y todos me reconocerán como un otro, un inmigrante. Y ante eso no siento vergüenza, me reconozco como soy y sé que somos mayoría en América Latina. Por eso, cuando durante este domingo, mientras se presentaba en uno de los escenarios del festival Lollapalooza la cantante Ana Tijoux, un grupo de personajes le gritaron “cara de nana”, entendido como una ofensa, estaban marcando una distancia, anunciando algo: había una persona con cara de mayoría, una chola, una mujer con las características físicas de la gente pobre en una fiesta de la minoría.

Al percatarse de esos gritos con intensión ofensiva, Tijoux contestó “para los que creen insultarme llamándome nana, tremendo orgullo por todas las mujeres trabajadoras, ejemplo de valor”. A eso agregó una frase en tu estilo, diciendo “yo soy esa cara de nana, esa cara parecida a la tuya, pequeña y pelo negro, yo soy esa cara con rasgos que parece incomodar tu clase desclasada”.

La respuesta ha sido aplaudida por muchos en las redes sociales, pero son los mismos que constantemente se burlan de las características físicas de indígenas, negros, mestizos, pobres, etc., desconociéndose como ello y sintiéndose parte de una supuesta minoría, de los europeos sobre los indios, de los caucásicos sobre los cholos, de los colonizadores sobre los colonizados, de los ricos sobre los pobres y así sucesivamente, vamos reproduciendo una lógica de segregación racial, algo que en Chile se ve menos, pero que claramente es una característica de Nuestra América. Los cholos, las mayorías, están condenadas a ser clases aplastadas por una minoría que se cree superior solo por el hecho de tener ciertas condiciones físicas que los diferencian de los demás.

Lollapalooza es la fiesta de una elite, no se podía esperar menos, pero también hay que decir que muchos de los que emitieron esos gritos hacia Anita también son parte de la mayoría, son cholos, son personas que trabajaron mucho para poder comprar una entrada carísima y compartir con la elite su fiesta musical. Esas personas son denominadas en la respuesta de la cantante como “desclasados” y efectivamente lo son, ya que creen que por estar mezclados con el resto durante un rato, pueden ofender a los demás y sentirse con algún nivel de superioridad.

En una columna publicada en El Dínamo, el periodista Rodrigo Guendelman habla de Anita y de todos los que tenemos “cara de nana” como una minoría que crece y que se suma a otras minorías conformando una mayoría. Debo decir que estoy completamente en desacuerdo, ya que en realidad somos mayoría. Hay que avisarle al periodista que no estamos en Europa y que el cuento de los ingleses de Latinoamérica ya no se lo cree nadie. Cuando comprendamos que en realidad los “cara de nana”, los cholos, los trabajadores, somos la mayoría que sostiene el poder de esa minoría que solo se diferencia por su negación al resto (no-cara de nana, no-cholo, no-trabajador) y no por una identidad propia, vamos a poder valorarnos a nosotros mismos y al resto, con su diversidad y sus diferencias, pero sin sentido de superioridad. Parafraseando a la misma Anita y una de sus canciones, si nos reconocemos a nosotros mismos como la mayoría históricamente excluida, vamos a poder sacar la voz, respirar y tomar las riendas de nuestra historia.

El ‘Caracazo’: cuando los pobres de Venezuela dijeron basta

Hoy pareciera que es una moda hablar de Venezuela, sobretodo cuando desde principios del mes de febrero se vienen realizando diversas manifestaciones donde la oposición se ha propuesto como objetivo sacar del poder al presidente democráticamente elegido, Nicolás Maduro.  Pero el mes de febrero para Venezuela está lleno de historia. Y es que en 1989, en este mismo mes, se produjo uno de los levantamientos más importantes de la historia reciente de este país: el Caracazo. En esa oportunidad, se alzaron en las calles de Caracas las clases empobrecidas por los sucesivos gobiernos de los partidos socialdemócratas y de derecha, que aplicaron una serie de políticas neoliberales privatizadoras, ordenadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pueblo cuestionaba que siendo uno de los países más ricos de América Latina, por tener una cantidad impresionante de petróleo, las políticas del gobierno de Carlos Andrés Pérez tendieran a la privatización de las empresas del Estado y la precarización del trabajo.

Las protestas comenzaron un 27 de febrero, con saqueos, barricadas y diversas concentraciones. Los pobres marchaban desde la periferia al centro de Caracas, comenzaban a levantarse, a molestar al poder. Por esto mismo el gobierno decidió reaccionar. Así, el 28 de febrero se produce uno de los hechos más brutales de la historia de esta república caribeña: policías, militares y agentes del gobierno abren fuego contra miles de manifestantes. En el momento, el gobierno reconoce haber ordenado directamente la represión y da cuenta de 300 muertos y más de mil heridos, pero cifras de investigaciones posteriores hablan incluso de más de 3 mil 500 muertos, que empaparon las calles de Caracas de la sangre de los pobres, de los que solo pedían una mejor calidad de vida y justicia social.

En el momento, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos no condenó la acción del gobierno venezolano, sino que criticó la ola de protestas, llamando a los ciudadanos a la calma y a aceptar las imposiciones del FMI. Ninguna organización como Human Rights Watch o Amnistía Internacional criticó tan abiertamente las protestas, pero tampoco condenaron al gobierno. Los medios de comunicación nacionales e internacionales transmitieron las imágenes posteriores a los saqueos y a la matanza, justificando las acciones represivas dictadas por el gobierno. Todo esto generó las condiciones para que el presidente Carlos Andrés Pérez declarara Estado de Emergencia y aplicara toque de queda en las principales ciudades del país, militarizándolas y ordenando detenciones arbitrarias de centenares de dirigentes sociales. Específicamente en Caracas, el gobierno aplicó el denominado “Plan Ávila”, que consistió en que el ejército se hizo cargo del control total de la ciudad, haciendo uso de armamento de guerra para controlar a los manifestantes. La represión se concentró en los barrios pobres de la capital, mientras que los barrios del este, los de los ricos, fueron cercados para que los pobres no pudieran acceder a ellos. El saldo de fallecidos por el terrorismo de Estado aplicado durante esos días fue de al menos 400 personas, todo esto a vista y paciencia de la comunidad internacional, que solo se limitó a rechazar los hechos de violencia y apoyar al gobierno y las políticas del FMI.

Después de esto, la historia de Venezuela cambiaría por completo. En 1992 un grupo de civiles y militares decide intentar un Golpe de Estado contra los herederos de la represión del Caracazo. Liderados por un joven militar seguidor de las ideas de Simón Bolívar, Hugo Chávez, fracasan, pero el pueblo ya comenzaba a canalizar lo que en el Caracazo había sido una explosión popular temporal, organizándose en diferentes grupos políticos que en febrero de 1999 llevarían a la presidencia al mismo personaje que en 1992 había liderado el intento de golpe que pretendía liberar, por una vía antidemocrática, al pueblo venezolano de la opresión de las políticas neoliberales y de los gobiernos socialdemócratas y de ultra derecha. Durante casi una década el pueblo se organizó para socavar el poder de forma democrática y en 1999 llegar al Palacio Miraflores encarnado en el rostro de Hugo Chávez, quien fue el encargado de liderar lo que hoy es la Revolución Bolivariana.

Como todo proceso social, naturalmente que la Revolución Bolivariana ha tenido vicios y conflictos. Como toda democracia, naturalmente que la venezolana necesita de perfeccionamientos y posee ciertos problemas. Pero las clases oligárquicas no se han quedado tranquilas durante estos años. Así, los mismos que ordenaron las masacres del Caracazo en febrero de 1989, en abril de 2002 orquestaron un golpe de Estado que pretendió sacar del poder a Chávez, pero fue el mismo pueblo el que en las calles salió a defender el gobierno que ellos habían elegido y del que ellos eran parte esencial. Ahora, en febrero de 2014, los mismos que en los años del Caracazo ordenaron a los agentes del Estado asesinar a miles de venezolanos, han convocado a una serie de masivas protestas contra el gobierno del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. La prensa internacional, los organismos de Derechos Humanos, la OEA y el gobierno de Estados Unidos ha criticado duramente al gobierno, cuando el 12 de febrero se produjeron 3 muertes en medio de la violencia desatada en las calles de las principales ciudades del país. Y hay que decirlo, estamos en presencia de un claro intento de desestabilización que tiene como objetivo, lograr un golpe de Estado que termine con la Revolución Bolivariana iniciada en ese estallido social de 1989.

Hoy ese mismo este de la ciudad de Caracas, que durante febrero de 1989 era cercado por los agentes del Estado para que los pobres no pudieran llegar donde viven los ricos, se llena de barricadas, son los ricos los que salen a la calle a protestar contra el gobierno. Muchos lo hacen sin ningún objetivo golpista de fondo, es claro que el gobierno de Maduro ha presentado diversos problemas de organización y el manejo de la crisis alimentaria que vive el país desde hace un par de años ha sido deficiente, por eso muchos se encuentran en las calles. Pero otro porcentaje alto de manifestantes lo hace con un sentido de clase: pretenden volver a recuperar el poder que comenzaron a perder desde el Caracazo de 1989 y del que fueron mayormente despojados desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, por mandato popular.

Teniendo clara la situación anterior, no puedo dejar de decir que hay quienes, en su ceguera ideológica, pretenden decir que en Venezuela no ocurre nada, que todo esta bien y que lo que en los medios se dice es parte de la propaganda imperialista que pretende generar las condiciones para un golpe de Estado. Si bien es clara la posición de algunos medios, notoriamente a favor de un golpe, no podemos obviar que el gobierno que precedió al de Hugo Chávez ha presentado durante todo este tiempo una serie de errores que hoy se están comenzando a visualizar de manera mucho más clara. La burocracia construida desde el aparato estatal se ha profundizado mucho más, dando espacio para la corrupción y el enriquecimiento de lo que podríamos llamar “la boliburguesía”, esas personas que se han enriquecido gracias a ciertas políticas de la revolución bolivariana. Y decir esto no significa el derrumbe del proceso, sino todo lo contrario.

El comprender los problemas y las crisis por las que atraviesa un proceso político que en su generalidad ha sido positivo para la mayoría de los venezolanos, abre la ventana a la posibilidad de solucionar estos conflictos y seguir avanzando, continuar haciéndole frente a los que nunca se quedarán tranquilos al ver que sus riquezas y que su poder ha sido socavado por las masas populares que en algún momento, por allá por febrero de 1989, se alzaron en las calles de Caracas y dijeron basta.