De ello debiera desprenderse que, sin perjuicio del necesario debate académico, las autoridades de gobierno debieran explicar de manera clara sus prioridades de gestión, si no para solucionar, al menos para mitigar en el corto plazo los problemas más urgentes que genera la brecha de la desigualdad.
No se percibe, lamentablemente, sentido de urgencia. Por el contrario la política aparece plagada de diagnósticos y propuestas estratégicas que, sin perjuicio de ser útiles y necesarios, o son ampliamente conocidos o son aproximaciones generales al futuro.
Un caso paradigmático de una cierta inmovilidad gubernamental y exceso de diagnóstico es lo que ocurre en Educación, sector en el que empiezan a acumularse los problemas y donde aún no se percibe la acción innovadora.
Esta semana, el Ministro de Educación Joaquín Lavín junto con su par de Mideplan, Felipe Kast, dieron a conocer resultados de la Encuesta CASEN que indican que las brechas de la desigualdad hacen que los sectores de menores ingresos estudien menos años, que ello es un handicap negativo en materia de ingresos y también en el acceso a la educación superior, y que el impacto de todo el proceso de desigualdades en la clase media es el mayor.
Nada de lo dicho por los ministros es desconocido, sorprende o resulta novedoso. El país ha escuchado estas y otras cifras hasta la saciedad. Muchas de las causas están más que diagnosticadas, y se cuenta con un suficiente stock de información, estadísticas y conocimiento, como para que algo pueda sorprender en esta materia.
Lo paradójico es que tales noticias llegan en el momento en que empieza a producirse un nuevo movimiento estudiantil secundario, con planteamientos muy similares – si no idénticos- a los del año 2006, y al cual el Ministerio de Educación tiene pocas noticias que entregarle.
En estricto rigor, el Ministerio tiene escasa o ninguna acción que indique iniciativas innovadoras en curso frente a los impactos de la desigualdad en Educación.
Lo que más llama la atención en esta agenda es la búsqueda de mecanismos validatorios de política, muy similares a los utilizados durante el gobierno de Michelle Bachelet, que generan la sensación de que los malos resultados y la crisis de la educación son un problema del azar y no de las malas políticas.
Tal es el caso del Panel de Expertos para mejorar la profesión docente, cuya integración licua las propias críticas hechas por el Ministro Lavín en el tema.
Compuesta por doce personas que coordina Harald Beyer, cuenta entre sus integrantes a tres ex ministros de Educación de la Concertación: José Pablo Arellano, Mariana Aylwin y Sergio Molina; a una ex subsecretaria, Pilar Romaguera, quienes en distintas épocas estuvieron, por sus cargos, directamente involucrados en la generación o gestión de las políticas fracasadas.
En este escenario, sería conveniente que las autoridades percibieran la urgencia de gestión real que tiene la Educación, antes que el incipiente problema que se percibe en las actuales movilizaciones estudiantiles vuelva a colocar en la agenda pública, tal como ocurrió el año 2006, de manera abrupta y dramática, el tema de la crisis y abandono de la Educación.
Editorial de El Mostrador
Jueves 5 de agosto de 2010
