Mientras descansamos (algunas consideraciones sobre el Proyecto de Universidades Estatales)

Por estos días, mientras la mayoría del mundo estudiantil se encuentra de vacaciones y los funcionarios comienzan a cerrar el ciclo 2017, se discute en el Parlamento el proyecto de Fortalecimiento de las Universidades Estatales, propuesto con suma urgencia por el gobierno durante los últimos días, debiendo aprobarse de forma expresa antes del 29 de diciembre. El proyecto en general ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pasando en los próximos días al Senado, para ser despachado en los plazos forzados por el ejecutivo.

La legislación, pese a que tiene algunos avances, presenta fallas graves que podrían profundizar los problemas actuales, por lo mismo he considerado necesario plantear algunas consideraciones:

1. El proyecto original establecía que instituciones que cuenten con una acreditación superior al promedio podrían aumentar su matrícula sin límites (según sus capacidades), sumando una serie de beneficios tributarios para facilitar la inversión de excedentes en el mejoramiento de la calidad e investigación. Esos aspectos que fueron aprobados en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados luego fueron recortados por la Comisión de Hacienda, que transgredió sus atribuciones con la complicidad del gobierno y la derecha, continuando con una práctica que ha sido habitual en todas las leyes de educación aprobadas durante el periodo de Michelle Bachelet, en donde finalmente el Ministerio de Educación ha terminado trabajando con la derecha para serenar los aspectos positivos de todos los proyectos. En este caso, las Universidades del Estado tendrán límites para el aumento de su matrícula y no gozarán de mayores beneficios tributarios que les permitan fortalecerse contando con mayores recursos. 2. Continúa manteniéndose una estructura de gobierno universitario tipo "Directorio", en donde los diversos estamentos que componen las universidades son puestos en un rol secundario. La ley amenaza la autonomía de las instituciones de educación superior de forma preocupante, restando poder a los órganos colegiados de la comunidad universitaria en favor de personas nombradas a dedo que gobiernan en una lógica de universidad-empresa, puesto que 4 de los 9 miembros del Consejo Superior de las instituciones, serán externos a las casas de estudio. 3. Pese a que se crea un organismo de coordinación entre las universidades del Estado, no se les mandata a trabajar en una estrategia nacional de desarrollo que implique cooperación y solidaridad entre estas instituciones. Tampoco se suma a esta coordinación a los Centros de Formación Técnica Estatales, lo que hace que la instancia sea un mero saludo a la bandera que no reafirma en ningún caso el rol público que deberían tener las instituciones de educación superior del Estado. 4. Se continúa perpetuando el modelo de financiamiento indirecto vía Voucher. De esta forma, se deja a las universidades sin un financiamiento basal que les permita crecer y fortalecer su rol público, condenándolas al autofinanciamiento y a una competencia descarnada (entre ellas mismas y con el resto de instituciones privadas del sistema). Hoy el 16% de la matrícula se concentra en universidades del Estado, mientras que el 84% de estudiantes se ven obligados a optar por instituciones de educación superior privadas, con escasa regulación -sobre las que existen fundadas sospechas de que continúan lucrando, pese a que la ley lo prohibe- y donde, en muchos casos, la calidad impartida por esas casas de estudio deja mucho que desear.

Los estudiantes con los mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria, la mayoría provenientes de familias con mayores recursos, continúan prefiriendo a las instituciones estatales, convirtiéndolas en espacios elitistas que no se logran abrir al resto de la sociedad, no solamente por su sentido cultural de elite, sino que porque el mismo Estado no entrega los recursos suficientes.

Considerando todo lo anterior, Ley de Fortalecimiento de las Universidades Estatales no cumple con el sentido de su nombre, puesto que continúa obligando a las casas de estudio a la competencia dentro de un sistema que les impide crecer y las obliga a manejarse bajo lógicas de mercado, lo que demuestra la fórmula que ha seguido el gobierno con todas las reformas aprobadas durante la administración Bachelet: ejecutar cambios cosméticos que en ningún caso sacan al mercado de la educación.

Reforma: institucionalización del mercado en la educación superior

En 2006 miles de estudiantes secundarios salimos a las calles a manifestarnos en lo que se ha conocido como La Revolución Pingüina. Como adolescentes, invisibilizados por las instituciones, habíamos decidido avanzar en nuestros planteamientos pasando, de manifestarnos por mejores condiciones de infraestructura en nuestros colegios o la rebaja de la tarifa del transporte público, a reconocer que este tipo de problemas eran solo síntomas de una falla sistémica, que sentaba sus bases en la revolución neoliberal iniciada por la dictadura cívico-militar, pero afianzada y profundizada por el pacto de la transición –en el que la Alianza y la Concertación no tuvieron muchas diferencias-. Los dardos del movimiento estudiantil apuntaron a la Constitución pinochetista impuesta en 1980 y a sus leyes orgánicas, que amarraban el destino mercantil de la educación. El reclamo contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) comenzó a remover lo que el pacto político postdictatorial decía que no se podía modificar.

La violencia de los agentes del Estado desplegada contra menores de edad que nos manifestábamos en las calles causó revuelo internacional y visibilizó aún más nuestras demandas, que aspiraban a transformaciones sistémicas en la educación, a través de la derogación de la LOCE y cambios concretos en la administración de los precarizados establecimientos públicos (desmunicipalización). Todo esto terminó por forzar a la presidenta Michelle Bachelet a responder con la promesa de trabajar para enviar al parlamento dos proyectos de ley que consideraran las principales demandas estudiantiles. Para trabajar la reforma, la presidenta conformó el Consejo Asesor Presidencial de la Educación, en el que se depositarían las esperanzas de una sociedad que había logrado comprender los problemas de la educación y sintonizar con los estudiantes.

En 2007 se materializaron los compromisos presidenciales, a través de la presentación de la Ley General de Educación. El problema es ésta es que contaría con un amplio acuerdo de los partidos del pacto de la transición (como un solo bloque), pero con el rechazo del movimiento estudiantil y la sociedad chilena. Emblemática resulta la fotografía en donde todos los representantes de los partidos de gobierno y oposición se toman sus manos y las levantan, en señal de triunfo, al momento de pactar una reforma educacional que institucionalizó las desigualdades de la educación escolar y no solucionó las demandas levantadas por la movilización estudiantil, que continuaría ahora en rechazo a la reforma del bloque transicional, que a través de los medios –controlados por grandes conglomerados económicos- nos decían que hasta ahí no más, que los pendejos no sabíamos lo que significaba gobernar un país, que las cosas tenían que cambiar pero habían ciertos límites.

Otra promesa incumplida, otra mentira

Pero ¿por qué recordar ese pasado? Pues porque hoy pareciéramos estar en un momento en donde la historia se vuelve a repetir sin matiz alguno y, quienes nos movilizamos en 2006 siendo derrotados institucionalmente, en 2011 volvimos a las calles aun con más masividad que antes, esperando ganar. Michelle Bachelet tomó las consignas del movimiento estudiantil nuevamente, las usó en su campaña obteniendo un mayoritario apoyo ciudadano que la posicionó por segunda vez en el gobierno, pero cuatro años después de ese histórico 2011 volvemos a observar impávidos la caída de la promesa de construir un sistema más justo, reemplazada por la institucionalización de la educación de mercado.

Fortalecimiento a la educación pública, fin al lucro, gratuidad de la enseñanza y mayor calidad fueron las principales demandas levantadas por los secundarios de 2006, que en 2011 siendo universitarios nos volvimos a alzar. Bachelet respondió en su programa de gobierno, prometiendo que en sus primeros 100 días en La Moneda presentaría una “reforma estructural” que llevaría a la educación de ser un bien de consumo manejado bajo lógicas de mercado a convertirse en un derecho social garantizado para toda la población. Muchos creyeron en las promesas, pero otros sabíamos que era casi imposible que los mismos que construyeron la educación de mercado decidieran botar su proyecto neoliberal. Después de los primeros 100 días las acciones comenzaron a darnos la razón a aquellos desconfiados, que para nada nos sentimos ganadores, sino que todo lo contrario, lamentamos el haber tenido la razón. La “reforma estructural” prometida comenzó a postergarse, postergarse y postergarse, no una, dos o tres veces, sino que nueve y habiendo pasado más de dos años y medio de gobierno recién durante este mes el gobierno ha presentado al Congreso lo que ha denominado “Reforma a la Educación Superior”.

Quienes tenemos conocimiento de algunas cuestiones que suceden en los pasillos del Ministerio de Educación sabemos que hasta última hora las autoridades no estaban seguras con la presentación del proyecto. Incluso, tres días antes de la Cadena Nacional de la presidenta Bachelet anunciando el ingreso de la propuesta de ley al Congreso, el Mineduc se reunía con los rectores de las universidades estatales para intentar convencerlos de apoyar la “reforma” y éstos le daban la espalda, declarando valientemente que lo que se pretende hacer con la iniciativa es privatizar completamente el sistema. En esa misma reunión, sin ningún tapujo Nicolás Eyzaguirre, ex economista del FMI y actual ministro secretario general de gobierno (encargado de la tramitación del proyecto en el parlamento), declaró frente a los rectores que “el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuará de por vida” para “ayudar” a quienes realicen sus estudios en “universidades privadas con arancel liberado”, reconociendo que la lógica de mercantil que mantiene endeudadas a más de un millón doscientas mil familias no desaparece, sino que se acentúa.

A las palabras del economista se suman las de Adriana Delpiano, asistente social ex miembro del think-tank Educación2020 y actual ministra de educación, quien declaró que “el problema del CAE es por la participación de la banca en este crédito”, asegurando que si se buscan soluciones, en ningún caso alguna pasa por suprimir las lógicas de endeudamiento estudiantil (La Tercera 9/07/2016). Y agregando una clave importantísima para comprender la forma en la que se gesta esta “reforma”, Delpiano señala en una entrevista televisiva que “no se sabe cuánto cuesta la gratuidad para el 100% de los estudiantes” (CNN Chile), dejando en evidencia el problema de fondo: jamás pensaron realmente en cumplir las promesas realizadas a la sociedad chilena. Le mintieron a la gente.

El problema de fondo: la institucionalización de la educación de mercado

Pero revisando el proyecto de educación superior presentado por el gobierno (evitaré hablar de reforma porque solo es un marco regulatorio del mercado) éste establece que todas las universidades deberán acreditarse para poder existir como tal, pero será decisión de cada plantel adherir a la gratuidad o no. Si se suman al sistema de gratuidad (comprendida como una beca, bajo la lógica neoliberal del financiamiento a la demanda) se deberán someter a un sistema de “regulación y fijación de aranceles” establecido por los organismos reguladores que la misma ley instituye (Subsecretaría, Superintendencia y Consejo para la Calidad de la Educación Superior).

Si esto ya es un problema, porque la lógica mercantil está siempre detrás de todo, la cosa se pone más compleja porque el mismo proyecto establece que los denominados “beneficios estudiantiles” que la ley entiende como becas y créditos (aunque es completamente legítimo cuestionarnos si es que estos últimos son realmente un beneficio para los estudiantes) se entregarán a todas las instituciones acreditadas.

Ahora el problema grave: solo las universidades que adscriban a la gratuidad van a tener aranceles regulados, mientras que un conjunto de planteles que no se sumen a esta forma de financiamiento van a poder elevar todo lo que quieran sus aranceles y hacer que sus estudiantes los paguen a través de becas y formas de endeudamiento que el mismo Estado promueve. Esto representa un claro gesto hacia planteles como la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián, todas instituciones privadas investigadas por lucro y receptoras de más de un cuarto de los dineros del CAE para toda la educación superior (Fuente: Fundación Sol). Así, el gobierno entrega un gesto a estos planteles, permitiéndoles seguir creciendo a costa del endeudamiento y el subsidio estatal, pero no solo eso, pese a que se prohíbe no se tipifica el lucro como delito y se legaliza el traspaso de recursos de las universidades a otras instituciones relacionadas por concepto de arriendo de espacios, mecanismo utilizado por las casas que lucran para “retirar excedentes”, es decir, apropiarse de recursos que deberían invertir en la educación de sus estudiantes. Lucrar.

Pero esto no es coincidencia. Si miramos los directorios de las universidades-empresa, veremos que están conformados por muchos militantes del oficialismo, que han presionado fuertemente para que este proyecto de ley no avance por el camino que indicó la sociedad en 2011 y siga fortaleciendo su negocio educativo. El ejemplo más concreto es Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, militante de la Democracia Cristiana (partido de gobierno), ex ministro de Bachelet, que ha sido acusado directamente de hacer lobby para que continúe el sistema de endeudamiento estudiantil como forma de financiar los estudios de miles de personas (revisar entrevista a Mónica González en CNN Chile). En el mismo cuadro está Jesús Villate, Director Ejecutivo para la región andina de la transnacional Laureate, grupo controlador de la Universidad Nacional Andrés Bello (universidad con la mayor matrícula del país) y otras 4 instituciones de educación superior, que mantiene estrechos vínculos con el gobierno.

El panorama es claro. Se avanza entonces hacia la institucionalización de un sistema que es la antítesis del “fortalecimiento de la educación pública”, petición estudiantil con la que se llenaron la boca personas como Michelle Bachelet y quienes hoy están en el congreso representando su programa de gobierno. El fin de la reforma es construir un sistema en donde lo privado sea el eje articulador del sistema educativo, como sucede con la educación escolar, en donde existan universidades privadas para quienes puedan pagarlas, planteles privados subvencionados por el Estado (a través de Becas) para quienes puedan hacer aportes propios o endeudarse, e instituciones públicas precarizadas y disminuidas para quienes no tengan recursos. Así, la Concertación, hoy Nueva Mayoría, sigue sumando puntos en su obsesión por construir guetos. Lo hicieron con la educación escolar, con la salud, con la vivienda y ahora avanzan a la educación superior.

No podemos permitirnos una nueva derrota. No otra vez. Hoy las fuerzas sociales deben decirlo claro y fuerte: la ley de educación superior enviada este mes al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet no es una reforma, ni menos tiene algún componente que desestabilice la estructura del modelo vigente. El proyecto institucionaliza la privatización de la educación como forma de administrar el sistema y el subsidio a la demanda a través de becas y créditos como mecanismo de financiamiento.

* Texto preparado para exposición en las Jornadas de Discusión Triestamental sobre la Reforma a la Educación Superior, realizadas en la Universidad de Chile en el mes de julio de 2016.

La fuerza de la ley

“Quisiera referirme a hechos violentos que hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en el INBA. Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y comprometida con los asuntos públicos, pero eso se hace construyendo y no destruyendo… nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos vandálicos con las movilizaciones aquellas del 2011 que despertaron la conciencia de todo un país sobre los desafíos que Chile tenía con la educación de sus hijos… Yo creo que el país no entiende y por eso nos indignan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla, y vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley porque eso es lo que nos pide toda la sociedad”. Con esa frase la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, opinaba por primera vez de forma directa de las masivas manifestaciones estudiantiles que hoy mantienen más de un centenar de escuelas secundarias tomadas y alrededor de 35 planteles de educación superior movilizados a través de tomas o paros indefinidos.

El sistema de Educación Superior está en crisis y la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles centra el foco en hechos aislados, como las millonarias destrucciones de un establecimiento educacional emblemático de Santiago -el Internado Nacional Barros Arana (INBA)- y no en la masiva fuerza social demostrada por las y los estudiantes en las calles, sacando más de 150 mil personas a las calles del país.

Los periódicos, radios y cadenas de televisión, controladas vertical y horizontalmente por tres cuatro grupos empresariales (nacionales y transnacionales) dedican grandes espacios en donde se repiten palabras como “delincuentes”, “vándalos” y “antisociales” para calificar a los estudiantes movilizados, a tal punto que el discurso mediático-empresarial valida el que en medio de desalojos de estudiantes secundarios, la policía haya ingresado a un establecimiento (el INBA) con sus armas de servicio desenfundadas, en una acción de extrema violencia.

A nadie parece importarle que la misma mañana en donde todos los medios centraban sus focos en los destrozos del INBA se hayan llevado detenidos con fuerte violencia a un grupo de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios por estar en la acera de una calle, frente al Ministerio de Hacienda, intentando hacer un acto pacífico. Se les realizó un control de identidad y los detuvieron, como si no hubiera ninguna diferencia entre la "democracia" de 2016 y la dictadura de 1983, reprimiendo de la misma forma a los secundarios.

El círculo se cierra cuando la presidenta responde anunciando la aplicación de “toda la fuerza de la ley” contra los “vándalos”, convirtiendo un caso aislado en una generalidad con el fin de criminalizar a los estudiantes. El problema es que la máxima autoridad del país no tiene la misma fuerza para aplicar toda la fuerza de la ley a los bancos que endeudan brutalmente a los estudiantes y a sus familias, persiguiéndolos y embargándoles sus viviendas; tampoco se aplica la fuerza de la ley a las universidades privadas, muchas de grandes grupos transnacionales (como Laureate International Universities) que lucran brutalmente y se aprovechan de los sueños de miles de estudiantes; menos se aplica la fuerza de la ley a los agentes del Estado que ingresaron al Liceo de Aplicación (otro establecimiento emblemático de la capital) rompiendo una puerta que es monumento histórico y tiene más de 150 años de antigüedad, ahí el patrimonio parece que se olvida. Por último, nadie aplica la fuerza de la ley a los policías que torturan (sí, torturan) a estudiantes secundarios y universitarios en comisarías o que detienen a cualquier joven que camina por la calle solo por el hecho de ser joven.

Podríamos seguir hablando de situaciones que la prensa omite para desinformar a la población o en donde no se hacen carne viva las palabras que la mandataria chilena usa para criminalizar a los estudiantes, pero el objetivo de este relato es recalcar que el movimiento estudiantil debe ser conciente de que en los grandes medios controlados por el empresariado hay un enemigo, que no se combate necesariamente con una violencia física directa, sino que generando fuerzas mediáticas contrahegemónicas, que le hagan el contrapeso a los relatos de quienes defienden el status quo. Junto con eso, no podemos dejar que los medios de los empresarios controlen el debate, hay que llevarlos a las discusiones de fondo, dejarlos en evidencia, denunciar en su propio terreno la desinformación que promueven. No pretendo con esto hacer una apología o explicar los hechos de violencia en las manifestaciones sociales poniéndolos en una balanza con las acciones del Estado neoliberal y las instituciones económicas, sino que llamar a la reflexión: ¿qué es más violento para el sistema imperante hoy en día? ¿los semáforos, paraderos y liceos destruidos o la organización, la ocupación de espacios y las expresiones de masividad de un movimiento para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que esto hay que cambiarlo de una vez por todas?

* Escrito originalmente para rebelion.org

El Cristo decapitado

Este jueves 9 de junio de 2016, mientras se desarrollaba una marcha por la educación en Chile, que fue cortada en tres oportunidades por la policía con uso de gases lacrimógenos y carro lanza agua sin haber motivo alguno (la marcha se realizaba pacíficamente y en un trazado acordado con las autoridades), en medio de una nube vimos aparecer a Cristo crucificado desde el interior de una iglesia. No comprendíamos el hecho histórico que estábamos presenciando a tan solo unos metros de distancia. Yo, con mi cámara en las manos, quedé tan pasmado que no pude reaccionar para ni pensar en obtener una fotografía y solo observé. Una señal: Cristo marchando con los pobres, con los endeudados, c on los que quieren cambiar el sistema injusto, con quienes a diario son aplastados por esos otros cristianos ortodoxos que ocupan altos puestos en el gobierno y corporaciones empresariales, como el recientemente nombrado Ministro del Interior del Gobierno de la "socialista" Michelle Bachelet, el supernumerario del Opus Dei Mario Fernández.

La aparición del Cristo crucificado parecía conmover a la población hasta el punto de las lagrimas. El Cristo se alzó por sobre las cabezas de los manifestantes, crucificado y torturado por quienes lo vieron -en su tiempo- como un peligro para la subsistencia del sistema. Ese Cristo agonizante que había recibido todo el repudio de los conservadores luego de echar violentamente a los mercaderes del tempo, hoy marchaba con los estudiantes chilenos que se deben endeudar con la banca privada o llorar por becas para poder formar parte de una educación mirada como un "bien de consumo" y en ningún caso como un "derecho social". Así como en aquel tiempo un grupo de personas se enriquecía con la fe de los miles que llegaban hasta el templo, hoy en Chile un grupo de bancos privados y grandes corporaciones transnacionales de la educación se enriquecen lucrando con los sueños y la esperanza de un futuro mejor que tienen miles de estudiantes pobres. Cristo, crucificado y torturado, había decidido levantarse con los estudiantes.

La imagen fue impresionante, corrimos a verla, pero en el camino se vino abajo estrepitosamente. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, hubo un silencio en medio de tanto alboroto. El Cristo al caer terminaba decapitado.

No era una nube celestial, era lacrimógena. No era emoción, era el efecto del gas con el que reprimen indiscriminadamente a quienes se manifiestan. No era una aparición, era el saqueo de la iglesia. Sí era Cristo marchando y terminando descabezado. La policía, que anteriormente había intervenido sin razón en la manifestación, ahora observaba desde lejos esa acción y permitía a la prensa filmar y fotografiar al Cristo torturado, crucificado y decapitado, para que hoy estemos viendo todas esas imágenes en los principales medios de comunicación -controlados por esos pocos cristianos que tienen el poder y explotan a la mayoría de cristianos-, acompañadas de discursos que llaman a más violencia, no sólo contra quienes hagan destrozos, sino que contra cualquier manifestación social, aprovechándose del Cristo decapitado para criminalizar la protesta estudiantil, como si esa acción les hubiera caído del cielo para seguir protegiendo su orden conservador y neoliberal.

* Escrito originalmente para rebelion.org

El lento cambio cultural y la institucionalidad neoliberal

Ni en 2006 ni en 2011 conseguimos un cambio institucional en la educación chilena. Con el gobierno de Bachelet se tomaron las consignas del movimiento estudiantil, pero hemos visto cómo hacen oídos sordos a las propuestas que con mucho trabajo y responsabilidad han emanado de los actores de la educación. Podríamos decir que eso es un fracaso, que nuestras movilizaciones no han logrado nada, pero si miramos las discusiones que se han abierto en el país, en los colegios, en las universidades, nos vamos a dar cuenta que hay cambios culturales que están transgrediendo y superando la institucionalidad vigente heredada de la dictadura y potenciada por quienes se dicen la "izquierda" concertacionista.

Hoy en los colegios se abren espacios de participación a las comunidades, los estudiantes secundarios tienen cada vez más protagonismo. En las universidades se comienza a exigir mayor democratización, participación de las comunidades universitarias en la toma de decisiones, derogación a estatutos que en muchas casas de estudio rigen desde la dictadura cívico militar. Hoy exigimos que nuestros espacios educativos estén realmente vinculados con la sociedad, que respondan a los intereses del país y no a los de un grupo reducido de empresarios que nos quieren como mano de obra, exigimos transparencia, que el Estado se cuadre como garante no solo del derecho a la educación, sino que también de otros derechos fundamentales como la salud, la vivienda o el buen vivir. Eso es un cambio cultural que está ocurriendo, poco a poco, y en algún momento la institucionalidad neoliberal pinochetista-concertacionista va a quedar chica. Eso no pasa de un día para otro, no pasará si nosotros no actuamos para seguir profundizando y madurando esta oportunidad de cambio.

El gobierno responde hoy con una supuesta gratuidad en la educación. Por estos días me encuentro de viaje en Caracas (Venezuela) y me han dicho en varias oportunidades: "pero Bachelet les entregó gratuidad para el 2016". Cuando les explico la forma en la que se materializa esa promesa, cuando les cuento cómo funciona el Crédito con Aval del Estado y que éste mecanismo de financiamiento aumenta su aporte estatal para el 2016 en 122 mil millones de pesos -que van directamente a los bolsillos de los bancos y que representa un 20% del aumento del presupuesto para educación, que el gobierno anunció diciendo que era para la gratuidad- no comprenden nada, dicen que es un sistema que carece de toda lógica. Y no estoy hablando de estudiantes chavistas, me refiero a personas de la calle, incluso de oposición. Para cualquiera que no sea chileno es imposible entender que el Estado le entregue a la banca privada dinero y que después los estudiantes tengamos que volver a pagar de nuevo lo mismo, por 20 años, en un crédito eterno. Eso es el deseo indiscriminado y descarado de privilegiar el mercado en la educación, cosa que va en contra del cambio cultural (lento pero efectivo) que está viviendo la sociedad chilena.

Es de esperar que, entre todos, podamos seguir construyendo, profundizando y madurando este cambio, que en algún momento superará a la institucionalidad encerrada en los cerrojos neoliberales que ni Bachelet ni la Nueva Mayoría están dispuestos a romper. Se abren posibilidades de cambio en la Universidad de Santiago, con estatutos que deroguen a los de la dictadura; se abren cambios futuros en la Universidad Alberto Hurtado, avanzando en democratización y transparencia; se abren caminos en la Universidad Católica cuando comienza a existir, como alternativa viable y concreta a la Federación de Estudiantes, un proyecto que promueve la unidad de la comunidad educativa para alcanzar democratización efectiva y luchar contra la elitización de esa casa de estudios. Son cambios pequeños, pero así avanzamos.