Sobre la detención de Lula Da Silva

En los últimos días hemos sido testigos de diversos movimientos que han terminando en una orden de detención contra el expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, acusado en el denominado caso Lava Jato, que destapó una enorme red de corrupción que involucraba a un conjunto de empresas contratistas de la estatal Petrobras, en donde se pagaban transversalmente sobornos a políticos, medios de comunicación, policías, funcionarios públicos y jueces, con el fin de tener exclusividad en la adjudicación de grandes obras de infraestructura y servicios asociados a la petrolera.

Cuando se destapó el escándalo, en 2014, las fichas se comenzaron a mover en el mapa político de Brasil, llegando al golpe que terminó con la expulsión de Dilma Rousseff de la presidencia de este país en 2016. La derecha neoliberal brasileña aprovechó la crisis para movilizar a todas sus fuerzas y poder hacerse del poder a través de la figura de Michel Temer, quien también se encuentra involucrado en hechos de corrupción -incluso más graves que los que se le acusan a Lula-. El mapa del presente es de un gobierno absolutamente deslegitimado que ha decidido usar mecanismos autoritarios para mantenerse estable, haciendo que toda la atención mediática se centre en el Partido de los Trabajadores (PT) y en la corrupción que salpica a quienes gobernaron Brasil desde 2003, logrando grandes avances en aseguramiento de derechos sociales y mayor justicia social.

Los dos puntos que hay que tener claros son que el mapa político actualmente es dominado de forma autoritaria por la derecha conservadora (en lo valórico) y neoliberal (en lo económico y cultural); y los avances sociales, políticos y culturales logrados durante los periodos de Da Silva y Rousseff son indesmentibles y categóricos. En ese contexto, es entendible la rebelión de los sectores que durante siglos han concentrado el poder en Brasil y que en la última década lo fueron perdiendo. También es entendible que aprovechen los errores y corrupción de algunos sectores de la izquierda brasileña para socavar todos los avances logrados y devolverse a sí mismos su estatus de privilegio.

La prisión a Lula es una jugada política de la ultraderecha para sacarlo del mapa electoral. Las diversas cosas que hemos visto en los últimos días son brutales y atentan contra cualquier debido proceso hacia una persona, vulnerando la Constitución y mostrando que los sectores privilegiados de Brasil -y Latinoamérica- están dispuestos a utilizar todos los medios a su disposición para evitar que las conquistas populares continúen profundizándose. La manipulación de medios como O Globo y Veja, sumada a la acción de militares, políticos y jueces que no tienen miedo en dejar en evidencia su corrupción, deja de manifiesto que estamos frente a una evidente operación política para anular a Lula, montando un caso cuyas pruebas son completamente cuestionables. Están desesperados, porque saben que Brasil es una olla a presión.

Analizando la complejidad de la corrupción en Brasil, si fuera por llevar a prisión a los corruptos la mitad del país estaría preso. Temer, todos los parlamentarios, policías federales y locales, jueces, periodistas y una gran cantidad de personas deberían ir al lado de Lula, porque las redes tejidas por las grandes empresas tienen una dimensión estructural en el Estado brasileño. Frente a eso, la serie O Mecanismo, que ficcionaliza a partir del caso Lava Jato, deja una interesante reflexión que emana desde su mismo nombre: la corrupción está tan interiorizada en la cultura, que opera desde el sujeto que debe arreglar una tubería en una calle hasta los altos ejecutivos de las empresas estatales. Todo es un mecanismo basado en la normalización del sistema de "coimas".

Pero dar cuenta de la persecución política que vive Lula con la intención de anular las ideas de justicia social en Brasil, visibilizando la corrupción estructural del Estado, no quita que también miremos lo escandaloso de los negocios de Petrobras y el PT con el gran capital privado, como un matrimonio que terminó alejando a la ciudadanía del proceso social. Así, con este caso tenemos la demostración viva de que cuando los procesos sociales se alejan del pueblo y no profundizan en mayores canales de democracia directa, terminan siendo fácilmente cooptados y corrompidos por las fuerzas que quieren mantener el orden capitalista de la sociedad, marcado por la producción y reproducción de las desigualdades. El proceso de avances en justicia social que ha vivido Brasil en los últimos años es innegable y debe reconocerse, pero ello no debe quitarnos jamás la capacidad crítica en estos momentos tan difíciles en donde es el pueblo brasileño el que debe resistir a esta nueva embestida de los privilegiados.

NOTA:

El mismo capital privado con el que se terminó casando una parte de la izquierda brasileña es el que financió el viaje de Lula a Chile en 2013. La empresa OAS (una de las contratistas involucradas en el caso Lava Jato) pagó un avión privado que trajo al expresidente al país para apoyar la campaña de Michelle Bachelet. Ese mismo avión se quedó en Chile y fue utilizado en la campaña de Marco Enríquez-Ominami. Ningún medio de comunicación ha profundizado en estos detalles ni en el posible financiamiento de empresas como OAS u Odebrecht a campañas políticas chilenas, cuando esas contratistas tienen millonarios contratos vigentes con el Estado chileno.

La gratuidad de Piñera y el tejado de vidrio de la Nueva Mayoría

En tiempos de elecciones se ven muchas cosas increíbles, sobre todo cuando nos acercamos a una segunda vuelta con un panorama tan incierto como lo que ocurre en el presente, en donde Piñera llega debilitado, a casi 14 puntos de alcanzar el 50% más un voto que lo llevaría a su segundo mandato como Presidente de la República. Así, el candidato que todos los medios de comunicación y grandes encuestadoras daban como ganador seguro -incluso abriéndose a la posibilidad de que no hubiera balotaje y la coyuntura se cerrara con un triunfo en primera vuelta- resulta herido de gravedad y con un diagnóstico que aspira a un cuadro terminal, cuestión que ha abierto paso a situaciones dignas de retratar para la posteridad.

Comenzó la campaña post primera vuelta con la ex deportista y ahora Diputada electa Erika Olivera asegurando que si Guillier ganaba Chile podría convertirse en Venezuela –que junto a Cuba y Norcorea son como los artilugios discursivos más patéticos que suele utilizar la derecha chilena para desacreditar al oponente cuando sienten amenazados sus privilegios-, que en principio sería vista como una “mala declaración”, pero luego fue aprovechada por el mismo Piñera para atacar al candidato del oficialismo. Al término de la semana, los reporteos periodísticos darían cuenta de que no fue un error comunicacional, sino que una estrategia articulada desde el interior del comando de Piñera por sus espadachines Chadwick y Ubilla, con el fin de instalar un miedo colectivo al más puro estilo de la posverdad.

Después de eso vendrían los llamados desesperados a uno de los enemigos más públicos del candidato de la derecha, su antiguo contendor en las elecciones primarias, Manuel José Ossandón, para que hiciera explícito su apoyo a Piñera en la primera vuelta. Y se produjo, no como quisieran en el comando del expresidente, pero el referente de una parte no menor de la derecha popular chilena le entregó su respaldo, aunque anunciando que el abanderado de Chile Vamos se había comprometido explícitamente con algunos puntos claves de su programa. El más polémico: la gratuidad en la educación superior.

Que Piñera, enemigo declarado de la idea de gratuidad, cambiara de posición, fue la ventana para que se desataran una serie de cuestionamientos y acusaciones de “volteretas políticas” al interior de la misma derecha, porque –hay que decirlo- fue este bloque el que se opuso férreamente a la gratuidad implementada por el gobierno de Michelle Bachelet, incluso al punto de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. En concordancia con este cambio, el candidato también le informó al país que pasó de creer que “la educación es un bien de consumo” a que “es un derecho”, así, por arte de magia.

La Nueva Mayoría, aprovechando la instancia, disparó con todo al ya herido Piñera, con la intención de asegurar el triunfo de Alejandro Guillier y terminar de desmoronar la campaña de la derecha. No es un secreto que el comando del candidato oficialista ha pasado a estar controlado por voces conservadoras (como la de Sergio Bitar) que abogan por no hacer concesiones programáticas al Frente Amplio (la nueva y potente tercera fuerza que se abre paso en el parlamento) y apostar por el “voto contra Piñera”, articulando un discurso que pretende movilizar en base al miedo por el retroceso social y político que podría significar para el país un triunfo de la derecha.

Sin hacer mayores gestos programáticos ni articular una propuesta de cambios reales, todo parece indicar que la estrategia de Guillier no le entrega al grueso de la masa electoral del Frente Amplio un motivo de peso para asistir en diciembre a las urnas y votar contra Piñera. Más bien, algunos sectores de este mundo están apostando por terminar con la tentación de votar por el mal menor y, si el candidato oficialista no se acerca con propuestas, todo parece indicar que no habría un apoyo explícito del mundo frenteamplista, lo que crearía un panorama adverso para el periodista y pondría una cuota de incertidumbre aún más extrema a esta segunda vuelta.

Por todo lo anterior, el cambio de Piñera con el tema de la gratuidad les cayó del cielo a quienes querían dejar en evidencia la desesperación de la derecha ante una eventual derrota electoral. Lo que no se atreven a decir es que el espacio para que el candidato de Chile Vamos se definiera por apoyar la gratuidad en la educación superior, fue abierto por la pésima política pública implementada por la misma Nueva Mayoría en torno al tema.

Me explico…

Entregar la gratuidad como una beca, bajo la lógica del voucher, no fue un invento de los Chicago Boys ni de los ingenieros neoliberales de Piñera, sino que fue la misma Nueva Mayoría la que pensó en un modelo en donde se favorece a la “oferta” del mundo “privado” y se dinamiza el “mercado educativo”. No es un detalle menor el que la Universidad Autónoma sea la que recibe la mayor cantidad de recursos asociados al concepto de gratuidad: un plantel privado que estuvo siendo investigado por lucro y hasta nuestros días presenta una escasa regulación del uso de sus recursos que provienen masivamente del fisco. Mientras tanto, universidades integrales, estatales, públicas y de reconocida calidad solo han aumentado sus déficits al adherir a esta política.

Con ese cuadro heredado por el gobierno actual, con ese tejado de vidrio con el que hoy pontifican los sectores oficialistas para atacar al candidato de la derecha, Sebastián Piñera ha apostado por una promesa tramposa que responde a sus intereses personales de continuar por la senda de la “educación como un bien de consumo”. El anuncio de expandir la gratuidad en la educación superior tiene una especificación: será a través de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Esto nuevamente no es una improvisación, puesto que es este sector el que quedó intocable después de los ajustes realizados por la Nueva Mayoría durante este periodo de gobierno, incluso permitiéndosele a estos planteles lucrar. Así, la gratuidad propuesta por el expresidente transita por el mismo camino del negocio educativo que el gobierno de Michelle Bachelet no quiso terminar: llenarle los bolsillos de plata a quienes siguen lucrando con el derecho a la educación.

Contra todo pronóstico

Este 19 de noviembre hemos vivido un día histórico en donde el Frente Amplio ha superado todos los vaticinios y campañas que se realizaron desde las encuestadoras y los medios de comunicación. Sebastián Piñera (36%) y Alejandro Guillier (22%) pasan a segunda vuelta, pero la candidata Beatriz Sánchez obtiene un 20% de los votos. La situación resulta compleja de analizar, puesto que habrán algunos que dirán que es un fracaso el no haber pasado al balotaje. Pese a ello, a continuación escribo algunos antecedentes para aportar al debate:

1. Los recursos

Se deben tener en cuenta los recursos utilizados por cada candidatura. En cifras, la proporción el gasto de campaña de Guillier y Sánchez es de 5 a 1, respectivamente. Mientras tanto, la proporción entre Piñera y Sánchez es de 10 a 1. La situación resulta fundamental para reconocer que los resultados electorales obtenidos por el Frente Amplio son un éxito en materia de campaña. Una situación aún más grave sucede con los recursos utilizados por las diferentes coaliciones que competían por escaños en el parlamento. Pese a ello, contra todo pronóstico el Frente Amplio se constituye como alternativa y alcanza porcentajes históricos que tienen una disonancia si se les compara con los gastos. Así, la consigna "el poder de much*s" se convierte en una realidad.

2. Los medios

En el tránsito de la campaña, los medios de comunicación fueron fundamentales. Al respecto, la cobertura de la campaña del Frente Amplio fue muy parecida a la proporcionalidad del gasto de campaña, si la comparamos con el resto de los candidatos (con Guillier 5 a 1 y con Piñera 10 a 1, aproximadamente). A eso debemos sumarle la acción de las grandes empresas encuestadoras que, en base a los resultados, podríamos indicar que mintieron descaradamente. Sumados los medios y las encuestadoras, se construyó una realidad en donde la carrera ya estaba corrida y existía la seria posibilidad de que Piñera ganara en primera vuelta. Los acontecimientos del 19N han demostrado que jamás fue así y que simplemente estas instancias generaron una falsa realidad que el Frente Amplio debe reconocer como un problema fundamental de su quehacer político futuro, puesto que ha quedado en evidencia que la concentración de los medios de comunicación conspira contra una alternativa de cambio.

3. La irrupción de una nueva fuerza

La cantidad de parlamentarios obtenidos por el Frente Amplio -que a esta hora alcanzaría 20 diputados y un senador- ha sido el mayor éxito electoral de una fuerza política en las últimas décadas. Con ello, el Frente Amplio debe comprender que se posiciona como un actor clave que rompe definitivamente con el modelo duopólico de esta democracia pactada. El desafío ahora es profundizar el programa y constituirse, en un futuro no muy lejano, como una opción política que asegure gobernabilidad y aspire decididamente a la construcción de un país más justo y verdaderamente democrático. El triunfo debe ser tomado con cautela y los nuevos liderazgos que ingresarán al Parlamento deben propender hacia facilitar la llegada de esta nueva fuerza a los territorios. El triunfo debe ser canalizado desde el día 1 hacia un trabajo territorial que visibilice las nuevas formas de hacer política que propone el Frente Amplio -como ejemplos tenemos el gran trabajo que han realizado los actuales tres parlamentarios del bloque en sus distritos-.

4. CONSIDERACIONES DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA

Ahora, con los resultados a cuestas, van a venir los patudos de siempre a decirle al Frente Amplio que sea responsable, que firme un cheque en blanco a Guillier, cuando en realidad es el candidato de la Nueva Mayoría el que tiene que pensar mejor su programa y acercarse a los votantes del Frente Amplio con propuestas concretas. Si realmente quiere ganar, Guillier debe comenzar a hacer política y replantearse sus objetivos programáticos que apuntaron hacia una mantención de las AFP's, el CAE y el endeudamiento estudiantil, las Isapres y las dudas sobre una convocatoria a Asamblea Constituyente. Todos esos elementos deben ser repensados por el comando de quien pasa a segunda vuelta, puesto que son temas que el Frente Amplio levantó como banderas de lucha y que, si no se cambian, en ningún caso podría abrir paso a un apoyo electoral por parte del bloque naciente hacia el periodista en la segunda vuelta, puesto que no es responsabilidad de Beatriz Sánchez conseguirle los votos a Guillier.

El nuevo ciclo histórico que comienza con este parlamento pone fin al binominal, pero también a las cocinas, los acuerdos cupulares y los traspasos de votos. Si el Frente Amplio quiere constituirse como fuerza, debe apostar por medidas programáticas concretas, sin firmar cheques en blanco ni apostar por cogobernar junto a quienes no han demostrado interés por llevar a cabo los cambios que Chile necesita.

Con qué fin... A 12 años de la desaparición de José Huenante

José Huenante Huenante es un joven que nació el 1 de noviembre de 1988 en la ciudad de Puerto Montt, en sur de Chile. Ahí se crió en un clima de pobreza y escasez, que forzó a su madre a salir de la ciudad y dirigirse a Santiago a trabajar como asesora del hogar. La historia de la infancia de José es la de muchas niñas y niños chilenos: se desescolarizó tempranamente, fue a vivir con una tía e intentó trabajar y hacer algún dinero para poder aportar a los gastos de la nueva casa en donde vivía. Sus amigos y familia dicen que siempre quizo volver a estudiar, pero las condiciones no lo permitieron. Primero hay que comer.

José Huenante Huenante

Cuando tenía 16 años, el 3 de septiembre de 2005, fue visto por última vez siendo golpeado y detenido por una patrulla de Carabineros en medio de un operativo que desplegó a tres automóviles llenos de policías civiles y uniformados. Desde ese día, la lucha incesante de su familia y amigos no ha tenido respuesta por parte de las instituciones del Estado chileno. Han pasado 12 años y el gobierno de Michelle Bachelet, en su primer periodo en ese entonces, no desarrolló ninguna acción concreta para esclarecer el hecho y llegar a la verdad, convirtiendo a José Huenante Huenante en el primer desaparecido después del fin de la dictadura cívico-militar. Así mismo, los gobiernos de Piñera y nuevamente Bachelet, han intentado bajarle el perfil a la grave situación, incluso cuando en 2013 esta última fue emplazada en medio de su campaña para ser electa en su segundo mandato y mandó a callar a quienes protestaban, asegurando que en democracia los problemas no se resuelven de esa forma. Tampoco evitando investigar desapariciones forzadas, se le olvidó a la Presienta.

Los medios de comunicación, actores principales en un cuadro democrático sano en donde las instituciones deberían estar bajo permanente cuestionamiento respecto de actuar, también guardaron silencio, un silencio que se hace cómplice del olvido, puesto que los convierte en partícipes activos del manto de impunidad que se ha intentado imponer en esta situación, en donde las policías han actuado como verdaderas mafias en contra de quienes han tenido la valentía de entregar informaciones que permitan esclarecer los hechos. Paralelo a eso, la alteración de bitácoras de viaje, informes policiales y versiones de los carabineros involucrados no han logrado llamar la atención y durante todo este tiempo el olvido se ha transformado en una aspiración para todas las instituciones cómplices de esta desaparición forzada.

Al cumplirse una docena de años desde la última vez en que se tuvo información del paradero de José, el programa Informe Especial, de TVN, emitió un reportaje titulado "¿Dónde está José Huenante? Desaparecido en democracia". Ahí se entrevista a un ex funcionario de Carabineros involucrado en su desaparición, quien se pregunta en algún momento "¿con qué fin vas a hacer desaparecer a una persona?", pretendiendo disipar sospechas. La inexistencia de un motivo fundado para la comisión de la desaparición forzada de José los ha salvado de ser condenados por todas las irregularidades cometidas, pero en la realidad, la violencia policial tiene móvil en sí misma, porque es una práctica normalizada en las instituciones del Estado chileno.

Ronnie Ibarra, Sargento en retiro de Carabineros que participó en el procedimiento durante la noche en la que desapareció José Huenante

La respuesta de un periodismo incisivo y no temeroso frente a ese policía mentiroso debería haber sido "entonces ¿con qué fin golpearon hasta la inconsciencia al otro detenido junto a José?", porque reportajes como este suelen omitir o mostrar como un detalle menor el hecho de que hubo otro menor de edad detenido la misma noche en que desaparece José y cuyo testimonio podría ser clave, pero fue tan golpeado por esos mismos carabineros que ahora sostienen un evidente pacto de silencio, que hoy no recuerda -o no quiere recordar- nada, cuestión comprensible dadas las brutales irregularidades, seguimientos y amedrentamientos por parte de agentes del Estado hacia quienes se han atrevido a dar su testimonio de lo ocurrido esa noche.

¿Con qué fin golpean a un menor de edad hasta la inconsciencia los policías que ahora se pintan de buenos? Pues con el mismo fin con el que hicieron desaparecer a José y con el mismo fin con el que han guardado silencio desde el 3 de septiembre del 2005, por 12 dolorosos años; con el mismo fin con el que los dos gobiernos de Michelle Bachelet y el de Piñera han sido cómplices activos de toda esta situación: la sucia protección de un Estado que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de los más pobres y luego cubre sus huellas con mantos de impunidad y pactos de silencio.

La fuerza de la ley

“Quisiera referirme a hechos violentos que hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en el INBA. Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y comprometida con los asuntos públicos, pero eso se hace construyendo y no destruyendo… nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos vandálicos con las movilizaciones aquellas del 2011 que despertaron la conciencia de todo un país sobre los desafíos que Chile tenía con la educación de sus hijos… Yo creo que el país no entiende y por eso nos indignan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla, y vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley porque eso es lo que nos pide toda la sociedad”. Con esa frase la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, opinaba por primera vez de forma directa de las masivas manifestaciones estudiantiles que hoy mantienen más de un centenar de escuelas secundarias tomadas y alrededor de 35 planteles de educación superior movilizados a través de tomas o paros indefinidos.

El sistema de Educación Superior está en crisis y la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles centra el foco en hechos aislados, como las millonarias destrucciones de un establecimiento educacional emblemático de Santiago -el Internado Nacional Barros Arana (INBA)- y no en la masiva fuerza social demostrada por las y los estudiantes en las calles, sacando más de 150 mil personas a las calles del país.

Los periódicos, radios y cadenas de televisión, controladas vertical y horizontalmente por tres cuatro grupos empresariales (nacionales y transnacionales) dedican grandes espacios en donde se repiten palabras como “delincuentes”, “vándalos” y “antisociales” para calificar a los estudiantes movilizados, a tal punto que el discurso mediático-empresarial valida el que en medio de desalojos de estudiantes secundarios, la policía haya ingresado a un establecimiento (el INBA) con sus armas de servicio desenfundadas, en una acción de extrema violencia.

A nadie parece importarle que la misma mañana en donde todos los medios centraban sus focos en los destrozos del INBA se hayan llevado detenidos con fuerte violencia a un grupo de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios por estar en la acera de una calle, frente al Ministerio de Hacienda, intentando hacer un acto pacífico. Se les realizó un control de identidad y los detuvieron, como si no hubiera ninguna diferencia entre la "democracia" de 2016 y la dictadura de 1983, reprimiendo de la misma forma a los secundarios.

El círculo se cierra cuando la presidenta responde anunciando la aplicación de “toda la fuerza de la ley” contra los “vándalos”, convirtiendo un caso aislado en una generalidad con el fin de criminalizar a los estudiantes. El problema es que la máxima autoridad del país no tiene la misma fuerza para aplicar toda la fuerza de la ley a los bancos que endeudan brutalmente a los estudiantes y a sus familias, persiguiéndolos y embargándoles sus viviendas; tampoco se aplica la fuerza de la ley a las universidades privadas, muchas de grandes grupos transnacionales (como Laureate International Universities) que lucran brutalmente y se aprovechan de los sueños de miles de estudiantes; menos se aplica la fuerza de la ley a los agentes del Estado que ingresaron al Liceo de Aplicación (otro establecimiento emblemático de la capital) rompiendo una puerta que es monumento histórico y tiene más de 150 años de antigüedad, ahí el patrimonio parece que se olvida. Por último, nadie aplica la fuerza de la ley a los policías que torturan (sí, torturan) a estudiantes secundarios y universitarios en comisarías o que detienen a cualquier joven que camina por la calle solo por el hecho de ser joven.

Podríamos seguir hablando de situaciones que la prensa omite para desinformar a la población o en donde no se hacen carne viva las palabras que la mandataria chilena usa para criminalizar a los estudiantes, pero el objetivo de este relato es recalcar que el movimiento estudiantil debe ser conciente de que en los grandes medios controlados por el empresariado hay un enemigo, que no se combate necesariamente con una violencia física directa, sino que generando fuerzas mediáticas contrahegemónicas, que le hagan el contrapeso a los relatos de quienes defienden el status quo. Junto con eso, no podemos dejar que los medios de los empresarios controlen el debate, hay que llevarlos a las discusiones de fondo, dejarlos en evidencia, denunciar en su propio terreno la desinformación que promueven. No pretendo con esto hacer una apología o explicar los hechos de violencia en las manifestaciones sociales poniéndolos en una balanza con las acciones del Estado neoliberal y las instituciones económicas, sino que llamar a la reflexión: ¿qué es más violento para el sistema imperante hoy en día? ¿los semáforos, paraderos y liceos destruidos o la organización, la ocupación de espacios y las expresiones de masividad de un movimiento para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que esto hay que cambiarlo de una vez por todas?

* Escrito originalmente para rebelion.org

Elecciones en Venezuela: la extraña dictadura y los extraños demócratas

Este domingo 6 de diciembre se celebran las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Los medios de comunicación hegemónicos –situados a la derecha del espectro político- han anunciado con bombos y platillos que podría ser una oportunidad de la derecha para controlar la Asamblea Nacional, con mayoría revolucionaria desde que asumió Hugo Chávez el poder el 2 de febrero de 1999. Estos mismos medios que se han encargado de anunciar un supuesto “inminente triunfo” de la oposición, también han puesto en tela de juicio el proceso eleccionario, porque parece que solo si ellos ganan será considerado un proceso limpio y si no, tendrán la oportunidad de acusar fraude.

Y esta no es una actitud de ahora, ya que los mismos que hoy se ponen el traje de demócratas para atacar la supuesta dictadura chavista, son los artífices del golpe de Estado que en 2002 sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas, hasta que la movilización popular en las calles y el ejército obediente al mandato popular -extraña cosa en la historia latinoamericana- devolvieron al depuesto presidente al poder. Los mismos que hoy se ponen traje de demócratas para acusar falta de libertad de expresión son quienes, en medio de ese golpe cerraron el Canal 8 (Venezolana de Televisión, la televisora pública) y una serie de radios para que no mantuvieran informada a la población y se generara una visión mentirosa y alterada de los hechos que supuestamente justificaban el golpe.

El golpe de Estado de 2002 terminó con los golpistas nuevamente en la oposición, hoy vistiéndose de demócratas.

Por otro lado nos encontramos con una extraña dictadura que en su constitución –plenamente vigente en este momento, realizada por una asamblea constituyente y aprobada en urnas por toda la población- establece un referéndum en cualquier momento del periodo presidencial, si el mandatario así lo quisiera o si el parlamento, con un quorum no muy alto, se lo solicitara. Fue así como la oposición logró en 2004 conseguir los votos para forzar a Chávez a someterse a este mecanismo. Entonces presenciamos, por primera vez en la historia de la humanidad, a un “dictador” sometiéndose al escrutinio de su pueblo, quien lo ratificó en el poder con el 59,1% de las preferencias. En ese momento delegaciones de observadores de Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos e independientes invitados por el oficialismo y la oposición, validaron el proceso, reconociéndolo como una muestra de madurez democrática. Además, aprovecharon de calificar el sistema eleccionario venezolano (voto electrónico) como uno de los más seguros del mundo, en términos de dejar casi nula la posibilidad de fraude –ya que se realizan auditorías previas, en el momento y posterior a la elección, con presencia de representantes de todos los sectores participantes y observadores internacionales, además de miembros del Consejo Nacional Electoral, que constitucionalmente se articula como un poder del Estado-. Extrañamente son varias de esas mismas instituciones las que hoy se abren a hablar, anticipadamente, de una posibilidad de fraude, cuando el sistema electoral sigue siendo el mismo que anteriormente reconocieron y apoyaron.

Entonces, vale la pena cuestionarnos por qué los medios de comunicación, que debieran ser los mediadores entre una realidad particular, en este caso la venezolana, y el resto de la sociedad, han generado un relato completamente alejado de la realidad y hecho a la medida de quienes, reitero, hoy se disfrazan de demócratas.

Por último, dejar en claro que con lo anterior no quiero decir que la situación en Venezuela sea la panacea. Por supuesto que hay problemas, como en todos los países, pero solo hace un par de semanas acabo de llegar de un viaje de casi tres semanas por Caracas, en donde participé de diversas actividades académicas y pude conocer a revolucionarios, antirrevolucionarios, apáticos y desinteresados. Ahí me di cuenta de la forma en la que se ha construido el proceso revolucionario venezolano, que pasó de 1,5 millones de analfabetos a ser reconocido como un país libre de ese problema, en donde se desarrolla un fuerte plan de intervención al espacio urbano para generar más de un millón de viviendas para la población pobre, donde un país tan pequeño y latinoamericano se ubica en el quinto lugar en matrícula universitaria en el mundo, con más de 20 nuevos planteles estatales, gratuitos y de calidad creados desde 1999 hasta la fecha. Después de dar cuenta de todo eso puedo decir que los logros son visibles, que por más que se quiera vender una imagen caótica y servil a los intereses de las élites que han ido perdiendo su poder frente a los avances del pueblo, en el suelo venezolano, en el día a día, se sabe la realidad y se ven a simple vista los logros de la revolución.

También se ven otras cosas: la corrupción, la inseguridad, las filas para conseguir ciertos productos (principalmente de aseo personal), la inflación, etcétera. Sí, también se ve y sería bochornoso criticar a los medios que solo muestran una parte manipulada de la realidad y responder haciendo lo mismo de vuelta. Hay problemas y también se ven a simple vista. Pese a lo anterior, creo que el conflicto más grande está en la necesidad de repensar y replantear un proceso social y político que ya cumple 17 años y que, pasando a una etapa de madurez, necesita construir un nuevo relato, plantear un nuevo horizonte en donde las bases del proyecto político revolucionario sigan más vivas que nunca, pero se logre volver a reactivar la acción y el compromiso que caracterizó la primera época del proceso. Hoy la revolución, lo que los medios denominan “el chavismo” por toda esa demonización que se generó en torno a la figura de Hugo Chávez, enfrenta un gran desafío: generar un relato político que despierte nuevamente la revolución y perfeccione las malas decisiones que se pueden haber tomado en los últimos años. Pero frente a las elecciones, solo queda terminar con una frase del escritor Eduardo Galeano, quien conoció de cerca la realidad venezolana siendo corresponsal de prensa en este país durante un tiempo:

“Esos y otros muchos invisibles no están dispuestos a regresar a Nadalandia, que es el país donde habitan los nadies. Ellos han conquistado su país, que tan ajeno era… Hoy están en el gobierno y, por más que los medios alteren la realidad, no están dispuestos a irse y así lo demuestran en las urnas”.

Democracia: ¿elegir y ser elegido?

Desde pequeños en nuestros colegios nos enseñaron, básicamente, que en lo que consistía un régimen democrático es en la posibilidad de elegir y ser elegidos. Así, pensamos que cualquier ciudadano, como tiene la oportunidad de seleccionar a quien lo representará en el parlamento o a quien presidirá el gobierno, también está en todo su derecho de poder concursar por ser elegido para representar a otros o para liderar la conducción del país asumiendo la Presidencia de la República. Se supone que ese es el juego de la democracia, o por lo menos eso nos hacen creer. Nos dicen que eso es cierto, que solo basta mirar la cantidad de candidatos presidenciales que se han presentado con el sueño de poder ser electos. La pregunta es ¿cuántos de los que van a la papeleta de las elecciones tienen la posibilidad real de ser elegidos?

Al observar la invasión de palomitas, gigantografías y los millones de panfletos que  nos entregan en cada esquina que pasamos cuando caminamos por las calles del país, solamente con eso, ya podríamos postular una nueva pregunta que nos ayude a verificar si en realidad todos tenemos la posibilidad de ser favorecidos en este juego democrático. Nos preguntaremos entonces, ¿tienen la posibilidad de ser elegidos candidatos que no inviertan cantidades multimillonarias en llenar los espacios públicos con fotografías de sus rostros? Realmente no. El sistema electoral está diseñado para que los grandes partidos, los que tienen impresionantes sumas de dinero y reciben millonarias donaciones por parte de ricos empresarios, tengan más posibilidades de ganar, ya que forman una verdadera maquinaria electoral que sostiene a los candidatos –empapelando y contaminando todo Chile, además– y, en el fondo, la perversidad de un modelo que solo les permite a ciertos postulantes la posibilidad ser elegidos.

Otro factor que va de la mano con el dinero y el control de este, son los medios de comunicación, en que la contienda se hace más desigual aun, pues la cobertura que realizan los grandes medios pretende, intencionalmente, duopolizar el debate político, haciendo parecer como si las elecciones siempre fueran una lucha entre solo dos coaliciones, la Concertación (Nueva Mayoría) y la Alianza. Siendo que existen 9 candidatos presidenciales actualmente, nos han mostrado en los noticieros hasta la exclusiva en la que Bachelet o Matthei van al baño, pero no las acciones de los demás candidatos. El mismo canal “público” (TVN), que hace gala de ser “el canal de todos los chilenos”, otorgó durante meses, al menos 10 minutos del noticiero central a informar solo lo que ocurría con las candidatas de la Concertación y Alianza, mientras que los demás –Parisi, Claude, Enríquez-Ominami, Israel, Miranda, Sfeir y Jocelyn-Holt– quedaron completamente relegados, pudiendo pararse de igual a igual solo en una oportunidad que fue el “debate” Anatel, en donde muchos recién comenzaron a ser conocidos por la gente. De esta forma, los grandes medios de comunicación son los que potencian la dictadura de dos coaliciones políticas que se reparten la torta, porque son los que duopolizan el debate, sosteniendo tanto a la Concertación como a la Alianza como los únicos detentadores del poder.

Con estos dos ejemplos, podemos decir que estamos frente a un sistema en donde solo algunos, una minoría, pueden pensar en ser elegidos, mientras que la mayoría sigue engañada, relegada a la posibilidad de votar, pero no de ser elegidos o elegidas. El dinero y los medios de comunicación de los dueños de Chile son los que les dicen a la mayoría de chilenos por quién votar y por quien no, con los tiempos que le otorgan a cada candidato en pantalla. Solo nos resta reflexionar que para que se desarrolle en este país una verdadera democracia, debiera existir un sistema electoral en donde los candidatos puedan competir en igualdad de condiciones; en donde las ideas, discursos y programas tengan más peso que el empapelar todo el país con el rostro de un candidato y los medios de comunicación sean realmente democráticos y pluralistas, difundiendo la voz de todos por igual o reconociendo, de frente al país, su simpatía por un candidato en específico.

*Columna escrita por mi para el sitio www.enaltavoz.cl. Lxs invito a visitarlo y compartir los post y las noticias que estamos subiendo ahí.

Los que juntos impusieron la amnesia, hoy conmemoran el Golpe de Estado por separado

Los discursos conmemorando el 11 de Septiembre de 1973

Este lunes el establishment conmemoró los 40 años del Golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. Durante los últimos días, a través de los medios de comunicación, hemos recibido un bombardeo de información relacionada al tema, por lo que me ha llamado más la atención escribir sobre estas dos conmemoraciones que realiza la Concertación, la Nueva Mayoría y la Alianza, en donde ambas coaliciones pretenden atribuirse el monopolio del recuerdo, luego de haber impuesto, por más de 20 años, una amnesia colectiva. Así, en La Moneda se congregaron los rostros más despreciables de la misma derecha que apoyó el Golpe de Estado y gobernó con los militares, mientras que en el Museo de la Memoria se reunió la misma Concertación, que por más de 20 años propició la impunidad de los militares y civiles que durante la dictadura violaron los Derechos Humanos e impusieron una política del olvido e injusticia, diciendo que todo lo que hacían era “en la medida de lo posible”.

Los 77 de Chacarillas

En La Moneda, podíamos observar con espanto y rabia, cómo los Chacarillas Boys regresaban en gloria y majestad. La ceremonia nos recordaba esa aberrante acción en donde un 9 de julio de 1977, un grupo de 77 jóvenes subió con antorchas al Cerro Chacarillas a celebrar al dictador, en uno de los actos más fascistas que ha conocido la historia reciente de nuestro país. Así mismo vuelven el 2013 a La Moneda, ahora sin antorchas, pero con sus sonrisas llenas de crueldad, llegando incluso a decir que estaban conmemorando una etapa negativa para el país, pero sus expresiones nos decían otra cosa: celebraban. Estaban alegres, porque desde el mismo lugar que fue bombardeado ese 11 de Septiembre de 1973, ellos hablaban hoy de reconciliación y olvido. Se configuraban entonces, como el ejemplo vivo de cómo el pueblo chileno ha olvidado todas las aberraciones cometidas por la dictadura. Personajes como Cristián Larroulet, Jovino Novoa, Juan Antonio Coloma o Andrés Chadwick llenaban el palco desde donde el presidente entregaba su discurso haciendo alusión, con una palabrería mucho más diplomática, al ‘caos marxista’ que provocó la ‘intervención militar’ y justificando finalmente, desde el mismo edificio en donde el Presidente Allende dio su vida defendiendo un proyecto que buscaba un país más justo, la acción criminal emprendida por los militares para derrocar al gobierno democrático de la Unidad Popular. El perdón falso de los que en público dicen no justificar los crímenes de la dictadura, pero que en el interior siguen siendo los más Pinochetistas, entregaba una visión de completo olvido que existe en torno lo ocurrido en esa época.

La transición al olvido y a una falsa reconciliación

Pero los Chacarillas Boys llegaron a La Moneda por el trabajo que realizaron por más de 20 años los gobiernos de la Concertación, que pactaron con el dictador y sus secuaces, vendiendo olvido e impunidad, bajo un discurso de falsa reconciliación. Impusieron el miedo a hablar del pasado, impusieron una amnesia obligatoria, que se puede ver desde los planes de estudio que se producían para los colegios, hasta los discursos y las prácticas políticas que se dieron cuando la justicia pretendió hacer su trabajo: buscar la verdad de lo ocurrido y castigar a los culpables. Los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet crearon un ambiente que en muchos momentos recordó a los caídos, pero que al mismo tiempo, donde se recordaba escuetamente lo ocurrido, se protegía a los violadores de los Derechos Humanos, a quienes detuvieron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de chilenos. Se buscaba verdad, en momentos, “en la medida de lo posible”. Se buscaba justicia de igual forma, todo en la medida de lo posible. Así podemos recordar cuando el dictador es detenido en Londres y el gobierno de Ricardo Lagos articula una estrategia política que terminó defendiendo a Pinochet. Ese es el vivo ejemplo de la reconciliación, dirían muchos concertacionistas. Para los que estudiamos e indagamos en la memoria, ese es el vivo ejemplo de la amnesia impuesta por esos gobiernos, que validó la impunidad y los pactos de silencio que aun existen en el ejército.

No eran tan diferentes cuando defendían la educación como un negocio

Así, ambos grupos que este lunes se reunían en lugares diferentes, pretendiendo demostrarle a los chilenos y chilenas que entre ellos existen grandes diferencias respecto de la comprensión y el trato a los hechos ocurridos en la dictadura, terminan conviviendo en paz, pues ambos han propiciado la política del olvido para seguir validando lo que nos ha quedado de la dictadura: una constitución, una institucionalidad, un sistema político, social y económico que fue impuesto a punta de torturas y crímenes aberrantes que no fueron castigados. Y así como las violaciones a los Derechos Humanos no fueron debidamente sancionadas producto de la pactada política de la amnesia, tampoco ha sido sancionada la herencia de la dictadura, la que ambos grupos defienden el día de hoy, desde trincheras que parecieran diferentes, pero que al final son más parecidas cuando se trata de defender al modelo impuesto en dictadura.