Aunque las demandas de los profesores por el pago de la llamada deuda histórica volvió a acaparar portadas, ya se transformó en una frase que de tanto repetirla incluso ha perdido sentido para quienes la escuchan. Pocos se acuerdan de dónde proviene y por qué se produjo esta situación que año a año saca a los docentes a la calle a protestar por obtener lo que es justo. Una reivindicación de hechos acontecidos en la dictadura y que la democracia no ha logrado saldar.Fue en 1980 cuando la ley 3.551 aumentó el sueldo a profesores, empleados públicos, funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, pero esta asignación duraría muy poco para los docentes. En junio de 1981 la dictadura traspasó la responsabilidad de la Educación pública del ministerio a los municipios y los profesores que fueron trasladados dejaron de percibir el aumento salarial y luego debieron someterse al régimen previsional y de salud privado. Este hecho originó el problema pues, además de dejar de recibir la asignación, los docentes argumentan que durante estos 19 años han tenido cuantiosas pérdidas en sus montos de pensiones.
En 1986, uno de los años más duros de la dictadura, y el magisterio decide emprender juicios laborales en todo el país que nunca vieron frutos, por lo que el tema quedó guardado entre los anhelos del gremio para la democracia, pero en 1996 el presidente de la Corte Suprema convocó al entonces ministro de Educación, José Pablo Arellano, y al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Pavés, a una reunión para buscar una solución, pero la respuesta del secretario de Estado fue tajante: no hay política, que la justicia decida.
El 2000, los maestros presentaron una serie de demandas al fisco pidiendo indemnizaciones por el daño causado, pero estas acciones judiciales aún no obtienen un fallo.
La justicia no logró dar una respuesta satisfactoria al gremio docente, así que optaron por la vía política. En 2006, con Michelle Bachelet a la cabeza del país, vieron un escenario favorable para sus demandas y comenzaron una ardua campaña de cartas, audiencias y movilizaciones que favoreciera su postura a nivel político y gubernamental. La estrategia comenzó a rendir frutos. La Presidenta les señaló su disposición a lograr una salida y parlamentarios firmaron diversos proyectos de acuerdo que enviaron al Ejecutivo solicitando el pago de la deuda.
Recién en abril de 2008 se logró determinar el número de docentes afectados por la deuda histórica porque se formó una comisión de estudios compuesta por representantes del Colegio de Profesores y de la Cámara Alta, quienes cifraron en 94.000 a los acreedores del Estado.
Pero en noviembre de ese año se produjo un hecho fundamental para la demanda del profesorado. El Congreso decidió poner en jaque la aprobación del Presupuesto 2009 para Educación si no daba una solución. En un acuerdo con el gobierno para sacar adelante el proyecto de ley con los recursos fiscales, los parlamentarios formaron una comisión especial que estudiaría esta larga historia y entregaría un informe al Ejecutivo con una propuesta de pago, la misma que el 15 de octubre respondieron negativamente los ministros de Hacienda y Educación.
La comisión parlamentaria además fijó el número de afectados por la deuda histórica en 84.002, incluyendo a jubilados, retirados y fallecidos, y el monto en la elevada suma de 5,2 billones de pesos, es decir, 9.133 millones de dólares.
Con esas cifras en la mano, los profesores propusieron el pago de un bono de 10 millones de pesos a cada uno de los perjudicados, establecer una pensión mínima docente de 400 mil pesos y un reajuste del diez por ciento, además de una indemnización directa al gremio. Los parlamentarios, en tanto, establecieron la solución en el pago de un beneficio adicional de pensiones a 26.345 maestros, que fluctuaba entre 50 mil y 120 mil pesos.
Sin embargo, hoy todo parece volver a foja cero con la tajante negativa del gobierno de cancelar la deuda histórica. “No vamos a aflojar”, aseguró Jaime Gajardo y manifestó que, dadas las circunstancias, se conformar con un pago reparatorio de un 20 por ciento de la deuda total, lo que corresponde a unos 1.826 millones de dólares. Una reparación que asciende a un monto mucho menor que los 4 mil 600 que el Estado gastó, por ejemplo, en armamento durante 2008 y que lograría poner el punto final a una historia que se escapa a los tecnicismos legales o a los cálculos matemáticos y que, luego de dos décadas, se ha transformado ya en una deuda política del Estado.
“Mentiras y contradicciones”, esa es la conclusión que han manifestado desde el Colegio de Profesores ante las respuesta que entregó el gobierno al Congreso por al pago de la deuda histórica. Definitivamente el conflicto no termina y ahora parlamentarios de la comisión de educación del congreso han señalado que de no solucionarse el problema de los profesores solo aprobara el monto de $1.000 en el presupuesto para educación del 2010 lo que ahora si que pone el jaque al gobierno.
Fuente principal: Texto Radio U. Chile
Isaac Gajardo©
