La fuerza de la ley

“Quisiera referirme a hechos violentos que hemos visto, tras la toma de colegios, en especial los daños en el INBA. Yo creo que Chile necesita una juventud con ideales y comprometida con los asuntos públicos, pero eso se hace construyendo y no destruyendo… nada tienen que ver estas cosas que hemos visto, estos actos vandálicos con las movilizaciones aquellas del 2011 que despertaron la conciencia de todo un país sobre los desafíos que Chile tenía con la educación de sus hijos… Yo creo que el país no entiende y por eso nos indignan aquellos vándalos que sólo se movilizan para destruirla, y vamos a aplicar contra ellos toda la fuerza de la ley porque eso es lo que nos pide toda la sociedad”. Con esa frase la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, opinaba por primera vez de forma directa de las masivas manifestaciones estudiantiles que hoy mantienen más de un centenar de escuelas secundarias tomadas y alrededor de 35 planteles de educación superior movilizados a través de tomas o paros indefinidos.

El sistema de Educación Superior está en crisis y la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles centra el foco en hechos aislados, como las millonarias destrucciones de un establecimiento educacional emblemático de Santiago -el Internado Nacional Barros Arana (INBA)- y no en la masiva fuerza social demostrada por las y los estudiantes en las calles, sacando más de 150 mil personas a las calles del país.

Los periódicos, radios y cadenas de televisión, controladas vertical y horizontalmente por tres cuatro grupos empresariales (nacionales y transnacionales) dedican grandes espacios en donde se repiten palabras como “delincuentes”, “vándalos” y “antisociales” para calificar a los estudiantes movilizados, a tal punto que el discurso mediático-empresarial valida el que en medio de desalojos de estudiantes secundarios, la policía haya ingresado a un establecimiento (el INBA) con sus armas de servicio desenfundadas, en una acción de extrema violencia.

A nadie parece importarle que la misma mañana en donde todos los medios centraban sus focos en los destrozos del INBA se hayan llevado detenidos con fuerte violencia a un grupo de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios por estar en la acera de una calle, frente al Ministerio de Hacienda, intentando hacer un acto pacífico. Se les realizó un control de identidad y los detuvieron, como si no hubiera ninguna diferencia entre la "democracia" de 2016 y la dictadura de 1983, reprimiendo de la misma forma a los secundarios.

El círculo se cierra cuando la presidenta responde anunciando la aplicación de “toda la fuerza de la ley” contra los “vándalos”, convirtiendo un caso aislado en una generalidad con el fin de criminalizar a los estudiantes. El problema es que la máxima autoridad del país no tiene la misma fuerza para aplicar toda la fuerza de la ley a los bancos que endeudan brutalmente a los estudiantes y a sus familias, persiguiéndolos y embargándoles sus viviendas; tampoco se aplica la fuerza de la ley a las universidades privadas, muchas de grandes grupos transnacionales (como Laureate International Universities) que lucran brutalmente y se aprovechan de los sueños de miles de estudiantes; menos se aplica la fuerza de la ley a los agentes del Estado que ingresaron al Liceo de Aplicación (otro establecimiento emblemático de la capital) rompiendo una puerta que es monumento histórico y tiene más de 150 años de antigüedad, ahí el patrimonio parece que se olvida. Por último, nadie aplica la fuerza de la ley a los policías que torturan (sí, torturan) a estudiantes secundarios y universitarios en comisarías o que detienen a cualquier joven que camina por la calle solo por el hecho de ser joven.

Podríamos seguir hablando de situaciones que la prensa omite para desinformar a la población o en donde no se hacen carne viva las palabras que la mandataria chilena usa para criminalizar a los estudiantes, pero el objetivo de este relato es recalcar que el movimiento estudiantil debe ser conciente de que en los grandes medios controlados por el empresariado hay un enemigo, que no se combate necesariamente con una violencia física directa, sino que generando fuerzas mediáticas contrahegemónicas, que le hagan el contrapeso a los relatos de quienes defienden el status quo. Junto con eso, no podemos dejar que los medios de los empresarios controlen el debate, hay que llevarlos a las discusiones de fondo, dejarlos en evidencia, denunciar en su propio terreno la desinformación que promueven. No pretendo con esto hacer una apología o explicar los hechos de violencia en las manifestaciones sociales poniéndolos en una balanza con las acciones del Estado neoliberal y las instituciones económicas, sino que llamar a la reflexión: ¿qué es más violento para el sistema imperante hoy en día? ¿los semáforos, paraderos y liceos destruidos o la organización, la ocupación de espacios y las expresiones de masividad de un movimiento para que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que esto hay que cambiarlo de una vez por todas?

* Escrito originalmente para rebelion.org

El Cristo decapitado

Este jueves 9 de junio de 2016, mientras se desarrollaba una marcha por la educación en Chile, que fue cortada en tres oportunidades por la policía con uso de gases lacrimógenos y carro lanza agua sin haber motivo alguno (la marcha se realizaba pacíficamente y en un trazado acordado con las autoridades), en medio de una nube vimos aparecer a Cristo crucificado desde el interior de una iglesia. No comprendíamos el hecho histórico que estábamos presenciando a tan solo unos metros de distancia. Yo, con mi cámara en las manos, quedé tan pasmado que no pude reaccionar para ni pensar en obtener una fotografía y solo observé. Una señal: Cristo marchando con los pobres, con los endeudados, c on los que quieren cambiar el sistema injusto, con quienes a diario son aplastados por esos otros cristianos ortodoxos que ocupan altos puestos en el gobierno y corporaciones empresariales, como el recientemente nombrado Ministro del Interior del Gobierno de la "socialista" Michelle Bachelet, el supernumerario del Opus Dei Mario Fernández.

La aparición del Cristo crucificado parecía conmover a la población hasta el punto de las lagrimas. El Cristo se alzó por sobre las cabezas de los manifestantes, crucificado y torturado por quienes lo vieron -en su tiempo- como un peligro para la subsistencia del sistema. Ese Cristo agonizante que había recibido todo el repudio de los conservadores luego de echar violentamente a los mercaderes del tempo, hoy marchaba con los estudiantes chilenos que se deben endeudar con la banca privada o llorar por becas para poder formar parte de una educación mirada como un "bien de consumo" y en ningún caso como un "derecho social". Así como en aquel tiempo un grupo de personas se enriquecía con la fe de los miles que llegaban hasta el templo, hoy en Chile un grupo de bancos privados y grandes corporaciones transnacionales de la educación se enriquecen lucrando con los sueños y la esperanza de un futuro mejor que tienen miles de estudiantes pobres. Cristo, crucificado y torturado, había decidido levantarse con los estudiantes.

La imagen fue impresionante, corrimos a verla, pero en el camino se vino abajo estrepitosamente. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, hubo un silencio en medio de tanto alboroto. El Cristo al caer terminaba decapitado.

No era una nube celestial, era lacrimógena. No era emoción, era el efecto del gas con el que reprimen indiscriminadamente a quienes se manifiestan. No era una aparición, era el saqueo de la iglesia. Sí era Cristo marchando y terminando descabezado. La policía, que anteriormente había intervenido sin razón en la manifestación, ahora observaba desde lejos esa acción y permitía a la prensa filmar y fotografiar al Cristo torturado, crucificado y decapitado, para que hoy estemos viendo todas esas imágenes en los principales medios de comunicación -controlados por esos pocos cristianos que tienen el poder y explotan a la mayoría de cristianos-, acompañadas de discursos que llaman a más violencia, no sólo contra quienes hagan destrozos, sino que contra cualquier manifestación social, aprovechándose del Cristo decapitado para criminalizar la protesta estudiantil, como si esa acción les hubiera caído del cielo para seguir protegiendo su orden conservador y neoliberal.

* Escrito originalmente para rebelion.org

Elecciones en Venezuela: la extraña dictadura y los extraños demócratas

Este domingo 6 de diciembre se celebran las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Los medios de comunicación hegemónicos –situados a la derecha del espectro político- han anunciado con bombos y platillos que podría ser una oportunidad de la derecha para controlar la Asamblea Nacional, con mayoría revolucionaria desde que asumió Hugo Chávez el poder el 2 de febrero de 1999. Estos mismos medios que se han encargado de anunciar un supuesto “inminente triunfo” de la oposición, también han puesto en tela de juicio el proceso eleccionario, porque parece que solo si ellos ganan será considerado un proceso limpio y si no, tendrán la oportunidad de acusar fraude.

Y esta no es una actitud de ahora, ya que los mismos que hoy se ponen el traje de demócratas para atacar la supuesta dictadura chavista, son los artífices del golpe de Estado que en 2002 sacó a Hugo Chávez del poder durante 48 horas, hasta que la movilización popular en las calles y el ejército obediente al mandato popular -extraña cosa en la historia latinoamericana- devolvieron al depuesto presidente al poder. Los mismos que hoy se ponen traje de demócratas para acusar falta de libertad de expresión son quienes, en medio de ese golpe cerraron el Canal 8 (Venezolana de Televisión, la televisora pública) y una serie de radios para que no mantuvieran informada a la población y se generara una visión mentirosa y alterada de los hechos que supuestamente justificaban el golpe.

El golpe de Estado de 2002 terminó con los golpistas nuevamente en la oposición, hoy vistiéndose de demócratas.

Por otro lado nos encontramos con una extraña dictadura que en su constitución –plenamente vigente en este momento, realizada por una asamblea constituyente y aprobada en urnas por toda la población- establece un referéndum en cualquier momento del periodo presidencial, si el mandatario así lo quisiera o si el parlamento, con un quorum no muy alto, se lo solicitara. Fue así como la oposición logró en 2004 conseguir los votos para forzar a Chávez a someterse a este mecanismo. Entonces presenciamos, por primera vez en la historia de la humanidad, a un “dictador” sometiéndose al escrutinio de su pueblo, quien lo ratificó en el poder con el 59,1% de las preferencias. En ese momento delegaciones de observadores de Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos e independientes invitados por el oficialismo y la oposición, validaron el proceso, reconociéndolo como una muestra de madurez democrática. Además, aprovecharon de calificar el sistema eleccionario venezolano (voto electrónico) como uno de los más seguros del mundo, en términos de dejar casi nula la posibilidad de fraude –ya que se realizan auditorías previas, en el momento y posterior a la elección, con presencia de representantes de todos los sectores participantes y observadores internacionales, además de miembros del Consejo Nacional Electoral, que constitucionalmente se articula como un poder del Estado-. Extrañamente son varias de esas mismas instituciones las que hoy se abren a hablar, anticipadamente, de una posibilidad de fraude, cuando el sistema electoral sigue siendo el mismo que anteriormente reconocieron y apoyaron.

Entonces, vale la pena cuestionarnos por qué los medios de comunicación, que debieran ser los mediadores entre una realidad particular, en este caso la venezolana, y el resto de la sociedad, han generado un relato completamente alejado de la realidad y hecho a la medida de quienes, reitero, hoy se disfrazan de demócratas.

Por último, dejar en claro que con lo anterior no quiero decir que la situación en Venezuela sea la panacea. Por supuesto que hay problemas, como en todos los países, pero solo hace un par de semanas acabo de llegar de un viaje de casi tres semanas por Caracas, en donde participé de diversas actividades académicas y pude conocer a revolucionarios, antirrevolucionarios, apáticos y desinteresados. Ahí me di cuenta de la forma en la que se ha construido el proceso revolucionario venezolano, que pasó de 1,5 millones de analfabetos a ser reconocido como un país libre de ese problema, en donde se desarrolla un fuerte plan de intervención al espacio urbano para generar más de un millón de viviendas para la población pobre, donde un país tan pequeño y latinoamericano se ubica en el quinto lugar en matrícula universitaria en el mundo, con más de 20 nuevos planteles estatales, gratuitos y de calidad creados desde 1999 hasta la fecha. Después de dar cuenta de todo eso puedo decir que los logros son visibles, que por más que se quiera vender una imagen caótica y servil a los intereses de las élites que han ido perdiendo su poder frente a los avances del pueblo, en el suelo venezolano, en el día a día, se sabe la realidad y se ven a simple vista los logros de la revolución.

También se ven otras cosas: la corrupción, la inseguridad, las filas para conseguir ciertos productos (principalmente de aseo personal), la inflación, etcétera. Sí, también se ve y sería bochornoso criticar a los medios que solo muestran una parte manipulada de la realidad y responder haciendo lo mismo de vuelta. Hay problemas y también se ven a simple vista. Pese a lo anterior, creo que el conflicto más grande está en la necesidad de repensar y replantear un proceso social y político que ya cumple 17 años y que, pasando a una etapa de madurez, necesita construir un nuevo relato, plantear un nuevo horizonte en donde las bases del proyecto político revolucionario sigan más vivas que nunca, pero se logre volver a reactivar la acción y el compromiso que caracterizó la primera época del proceso. Hoy la revolución, lo que los medios denominan “el chavismo” por toda esa demonización que se generó en torno a la figura de Hugo Chávez, enfrenta un gran desafío: generar un relato político que despierte nuevamente la revolución y perfeccione las malas decisiones que se pueden haber tomado en los últimos años. Pero frente a las elecciones, solo queda terminar con una frase del escritor Eduardo Galeano, quien conoció de cerca la realidad venezolana siendo corresponsal de prensa en este país durante un tiempo:

“Esos y otros muchos invisibles no están dispuestos a regresar a Nadalandia, que es el país donde habitan los nadies. Ellos han conquistado su país, que tan ajeno era… Hoy están en el gobierno y, por más que los medios alteren la realidad, no están dispuestos a irse y así lo demuestran en las urnas”.

El lento cambio cultural y la institucionalidad neoliberal

Ni en 2006 ni en 2011 conseguimos un cambio institucional en la educación chilena. Con el gobierno de Bachelet se tomaron las consignas del movimiento estudiantil, pero hemos visto cómo hacen oídos sordos a las propuestas que con mucho trabajo y responsabilidad han emanado de los actores de la educación. Podríamos decir que eso es un fracaso, que nuestras movilizaciones no han logrado nada, pero si miramos las discusiones que se han abierto en el país, en los colegios, en las universidades, nos vamos a dar cuenta que hay cambios culturales que están transgrediendo y superando la institucionalidad vigente heredada de la dictadura y potenciada por quienes se dicen la "izquierda" concertacionista.

Hoy en los colegios se abren espacios de participación a las comunidades, los estudiantes secundarios tienen cada vez más protagonismo. En las universidades se comienza a exigir mayor democratización, participación de las comunidades universitarias en la toma de decisiones, derogación a estatutos que en muchas casas de estudio rigen desde la dictadura cívico militar. Hoy exigimos que nuestros espacios educativos estén realmente vinculados con la sociedad, que respondan a los intereses del país y no a los de un grupo reducido de empresarios que nos quieren como mano de obra, exigimos transparencia, que el Estado se cuadre como garante no solo del derecho a la educación, sino que también de otros derechos fundamentales como la salud, la vivienda o el buen vivir. Eso es un cambio cultural que está ocurriendo, poco a poco, y en algún momento la institucionalidad neoliberal pinochetista-concertacionista va a quedar chica. Eso no pasa de un día para otro, no pasará si nosotros no actuamos para seguir profundizando y madurando esta oportunidad de cambio.

El gobierno responde hoy con una supuesta gratuidad en la educación. Por estos días me encuentro de viaje en Caracas (Venezuela) y me han dicho en varias oportunidades: "pero Bachelet les entregó gratuidad para el 2016". Cuando les explico la forma en la que se materializa esa promesa, cuando les cuento cómo funciona el Crédito con Aval del Estado y que éste mecanismo de financiamiento aumenta su aporte estatal para el 2016 en 122 mil millones de pesos -que van directamente a los bolsillos de los bancos y que representa un 20% del aumento del presupuesto para educación, que el gobierno anunció diciendo que era para la gratuidad- no comprenden nada, dicen que es un sistema que carece de toda lógica. Y no estoy hablando de estudiantes chavistas, me refiero a personas de la calle, incluso de oposición. Para cualquiera que no sea chileno es imposible entender que el Estado le entregue a la banca privada dinero y que después los estudiantes tengamos que volver a pagar de nuevo lo mismo, por 20 años, en un crédito eterno. Eso es el deseo indiscriminado y descarado de privilegiar el mercado en la educación, cosa que va en contra del cambio cultural (lento pero efectivo) que está viviendo la sociedad chilena.

Es de esperar que, entre todos, podamos seguir construyendo, profundizando y madurando este cambio, que en algún momento superará a la institucionalidad encerrada en los cerrojos neoliberales que ni Bachelet ni la Nueva Mayoría están dispuestos a romper. Se abren posibilidades de cambio en la Universidad de Santiago, con estatutos que deroguen a los de la dictadura; se abren cambios futuros en la Universidad Alberto Hurtado, avanzando en democratización y transparencia; se abren caminos en la Universidad Católica cuando comienza a existir, como alternativa viable y concreta a la Federación de Estudiantes, un proyecto que promueve la unidad de la comunidad educativa para alcanzar democratización efectiva y luchar contra la elitización de esa casa de estudios. Son cambios pequeños, pero así avanzamos.

¿“Hechos aislados” o violencia policial como política de Estado? (Parte I)

La madrugada de este viernes 24 de julio de 2015 será recordada como un nuevo día oscuro para las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Nelson Quichillao López fue baleado por Fuerzas Especiales de Carabineros, que habían llegado hasta la división El Salvador durante el día anterior, con el objetivo de “reforzar” el trabajo de la policía local en medio de las manifestaciones de los trabajadores subcontratistas de Codelco, que se encontraban en su cuarto día de huelga, exigiendo mejoras sustanciales a las condiciones en las que desarrollan su labor. Según el intendente de Atacama, Miguel Vargas, tres oficiales de policía habrían hecho uso de sus armas de fuego al verse “amenazados” por un grupo de personas que usando “maquinaria pesada” pretendía precipitarse sobre ellos. Quichillao resultó muerto y El Salvador se tiñó nuevamente de sangre obrera.

Lugar en donde es baleado Nelson Quichillao por Carabineros.

Cuando nos encontramos con este tipo de hechos suele decirse que son “aislados”, pero lo mismo se dijo el pasado 21 de mayo cuando en Valparaíso cayó herido de gravedad el estudiante Rodrigo Avilés y Carabineros montó una declaración con mentiras, que quedaron en evidencia cuando la prensa develó un vídeo en donde aparecía que el joven se encontraba en la vereda y simplemente fue agredido brutalmente por la fuerza policial; lo mismo dijeron cuando el 3 de mayo de 2007 en la región del Biobío cayó muerto el trabajador forestal Rodrigo Cisterna, producto las balas que Fuerzas Especiales le propinó luego de que subiera a una maquinaria de la empresa de Anacleto Angelini y los amenazara–misteriosamente los relatos del gobierno de la época, primer mandato de Michelle Bachelet, son muy parecidos a los del caso de Quichillao.

Que era un hecho aislado, dijo también Edmundo Pérez Zujovic, el ministro del interior del gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, luego de que el 11 de marzo de 1966 resultaran ocho personas muertas y más de medio centenar heridas, en una intervención conjunta de agentes del Estado –Carabineros, investigaciones y ejército- en el sindicato de la Confederación de Trabajadores del Cobre en la división El Salvador, de Andes Cooper Mining Company  (parte de la conocida Anaconda Cooper Company), todo esto en medio de una huelga que fue calificada como “ilegal” por las autoridades. En ese hecho, la historia ha demostrado que si no hubiese sido por el médico y el sacerdote del pueblo, que intervinieron en la acción, la masacre hubiese continuado.

El ministro del interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el DC Edmundo Pérez Zujovic

Tres años después, el 9 de marzo de 1969, el mismo Edmundo Pérez Zujovic diría que era un hecho aislado la matanza de 10 pobladores -incluyendo un menor de edad que falleció ahogado por las bombas lacrimógenas, de las que también se abusaba en esa época- en medio de un violento desalojo de una ocupación que casi medio millar de personas desarrollaba en un terreno baldío ubicado en el sector alto de Puerto Montt, conocido también como La Pampa Irigoin.

La reacción de las fuerzas progresistas y de izquierda fue apuntar directamente al Ministerio del Interior, como responsable político de tamañas masacres. El senador Salvador Allende, representando la voz del Partido Socialista, el 13 de marzo de 1969 denunciaba públicamente la situación de Puerto Montt, acusando “premeditación” y calificando la situación como un “crimen, un homicidio premeditado y alevoso”. Además acusaba a Edmundo Pérez Zujovic como el responsable político de la situación, puesto que en él recaía la responsabilidad constitucional de ordenar a las policías. El Partido Comunista también hacía lo propio, exigiendo la renuncia del alto mando de Carabineros y el Ministro del Interior del gobierno DC. Hasta Víctor Jara haría una canción: “Preguntas por Puerto Montt”, publicada a fines de 1969 en el disco Pongo en tus manos abiertas, donde denunciaba la “matanza tan vil” y exigía que Pérez Zujovic respondiera “por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil”.

Jorge Burgos, ministro del interior de Bachelet y responsable del accionar de las policías.

Volviendo al presente, tenemos que comprender que hay responsabilidades individuales comprometidas en el suceso, claro está que hubo tres efectivos que emitieron los disparos. Pero pese a eso, al igual que en la década de los ’60 hoy también hay responsabilidades políticas detrás de los hechos ocurridos, ya que pese a que pareciera que se ha constituido como una política de Estado –a lo largo de la historia- combatir las protestas con balas, no podemos darnos el lujo de seguir permitiéndolo, por más que las fuerzas de izquierda de ayer (el PC y el PS) hoy prefieran mirar al cielo y omitir los brutales hechos de represión y montajes policiales ocurridos en el último tiempo. Jorge Burgos y Mahmud Aleuy, responsables directos del accionar de las policías, hoy deben responder. Y podrá decirte que con sus renuncias en el escritorio presidencial no se cambia nada en lo concreto, sí, pero es un acto mínimo que hablaría de la nueva forma en que el Estado debiera enfrentar los abusos de sus agentes contra la población civil. Ministro Burgos, usted debe responder.

Cara de mayoría en la fiesta de la minoría

Comúnmente suelo decir que tengo cara de “cholo” y no por una cosa de ofenderme a mi mismo, sino que me siento orgulloso de mis rasgos mestizos latinoamericanos. Porque voy a las Europas y nadie dirá que soy de allá, voy a Estados Unidos y todos me reconocerán como un otro, un inmigrante. Y ante eso no siento vergüenza, me reconozco como soy y sé que somos mayoría en América Latina. Por eso, cuando durante este domingo, mientras se presentaba en uno de los escenarios del festival Lollapalooza la cantante Ana Tijoux, un grupo de personajes le gritaron “cara de nana”, entendido como una ofensa, estaban marcando una distancia, anunciando algo: había una persona con cara de mayoría, una chola, una mujer con las características físicas de la gente pobre en una fiesta de la minoría.

Al percatarse de esos gritos con intensión ofensiva, Tijoux contestó “para los que creen insultarme llamándome nana, tremendo orgullo por todas las mujeres trabajadoras, ejemplo de valor”. A eso agregó una frase en tu estilo, diciendo “yo soy esa cara de nana, esa cara parecida a la tuya, pequeña y pelo negro, yo soy esa cara con rasgos que parece incomodar tu clase desclasada”.

La respuesta ha sido aplaudida por muchos en las redes sociales, pero son los mismos que constantemente se burlan de las características físicas de indígenas, negros, mestizos, pobres, etc., desconociéndose como ello y sintiéndose parte de una supuesta minoría, de los europeos sobre los indios, de los caucásicos sobre los cholos, de los colonizadores sobre los colonizados, de los ricos sobre los pobres y así sucesivamente, vamos reproduciendo una lógica de segregación racial, algo que en Chile se ve menos, pero que claramente es una característica de Nuestra América. Los cholos, las mayorías, están condenadas a ser clases aplastadas por una minoría que se cree superior solo por el hecho de tener ciertas condiciones físicas que los diferencian de los demás.

Lollapalooza es la fiesta de una elite, no se podía esperar menos, pero también hay que decir que muchos de los que emitieron esos gritos hacia Anita también son parte de la mayoría, son cholos, son personas que trabajaron mucho para poder comprar una entrada carísima y compartir con la elite su fiesta musical. Esas personas son denominadas en la respuesta de la cantante como “desclasados” y efectivamente lo son, ya que creen que por estar mezclados con el resto durante un rato, pueden ofender a los demás y sentirse con algún nivel de superioridad.

En una columna publicada en El Dínamo, el periodista Rodrigo Guendelman habla de Anita y de todos los que tenemos “cara de nana” como una minoría que crece y que se suma a otras minorías conformando una mayoría. Debo decir que estoy completamente en desacuerdo, ya que en realidad somos mayoría. Hay que avisarle al periodista que no estamos en Europa y que el cuento de los ingleses de Latinoamérica ya no se lo cree nadie. Cuando comprendamos que en realidad los “cara de nana”, los cholos, los trabajadores, somos la mayoría que sostiene el poder de esa minoría que solo se diferencia por su negación al resto (no-cara de nana, no-cholo, no-trabajador) y no por una identidad propia, vamos a poder valorarnos a nosotros mismos y al resto, con su diversidad y sus diferencias, pero sin sentido de superioridad. Parafraseando a la misma Anita y una de sus canciones, si nos reconocemos a nosotros mismos como la mayoría históricamente excluida, vamos a poder sacar la voz, respirar y tomar las riendas de nuestra historia.

El ‘Caracazo’: cuando los pobres de Venezuela dijeron basta

Hoy pareciera que es una moda hablar de Venezuela, sobretodo cuando desde principios del mes de febrero se vienen realizando diversas manifestaciones donde la oposición se ha propuesto como objetivo sacar del poder al presidente democráticamente elegido, Nicolás Maduro.  Pero el mes de febrero para Venezuela está lleno de historia. Y es que en 1989, en este mismo mes, se produjo uno de los levantamientos más importantes de la historia reciente de este país: el Caracazo. En esa oportunidad, se alzaron en las calles de Caracas las clases empobrecidas por los sucesivos gobiernos de los partidos socialdemócratas y de derecha, que aplicaron una serie de políticas neoliberales privatizadoras, ordenadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pueblo cuestionaba que siendo uno de los países más ricos de América Latina, por tener una cantidad impresionante de petróleo, las políticas del gobierno de Carlos Andrés Pérez tendieran a la privatización de las empresas del Estado y la precarización del trabajo.

Las protestas comenzaron un 27 de febrero, con saqueos, barricadas y diversas concentraciones. Los pobres marchaban desde la periferia al centro de Caracas, comenzaban a levantarse, a molestar al poder. Por esto mismo el gobierno decidió reaccionar. Así, el 28 de febrero se produce uno de los hechos más brutales de la historia de esta república caribeña: policías, militares y agentes del gobierno abren fuego contra miles de manifestantes. En el momento, el gobierno reconoce haber ordenado directamente la represión y da cuenta de 300 muertos y más de mil heridos, pero cifras de investigaciones posteriores hablan incluso de más de 3 mil 500 muertos, que empaparon las calles de Caracas de la sangre de los pobres, de los que solo pedían una mejor calidad de vida y justicia social.

En el momento, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos no condenó la acción del gobierno venezolano, sino que criticó la ola de protestas, llamando a los ciudadanos a la calma y a aceptar las imposiciones del FMI. Ninguna organización como Human Rights Watch o Amnistía Internacional criticó tan abiertamente las protestas, pero tampoco condenaron al gobierno. Los medios de comunicación nacionales e internacionales transmitieron las imágenes posteriores a los saqueos y a la matanza, justificando las acciones represivas dictadas por el gobierno. Todo esto generó las condiciones para que el presidente Carlos Andrés Pérez declarara Estado de Emergencia y aplicara toque de queda en las principales ciudades del país, militarizándolas y ordenando detenciones arbitrarias de centenares de dirigentes sociales. Específicamente en Caracas, el gobierno aplicó el denominado “Plan Ávila”, que consistió en que el ejército se hizo cargo del control total de la ciudad, haciendo uso de armamento de guerra para controlar a los manifestantes. La represión se concentró en los barrios pobres de la capital, mientras que los barrios del este, los de los ricos, fueron cercados para que los pobres no pudieran acceder a ellos. El saldo de fallecidos por el terrorismo de Estado aplicado durante esos días fue de al menos 400 personas, todo esto a vista y paciencia de la comunidad internacional, que solo se limitó a rechazar los hechos de violencia y apoyar al gobierno y las políticas del FMI.

Después de esto, la historia de Venezuela cambiaría por completo. En 1992 un grupo de civiles y militares decide intentar un Golpe de Estado contra los herederos de la represión del Caracazo. Liderados por un joven militar seguidor de las ideas de Simón Bolívar, Hugo Chávez, fracasan, pero el pueblo ya comenzaba a canalizar lo que en el Caracazo había sido una explosión popular temporal, organizándose en diferentes grupos políticos que en febrero de 1999 llevarían a la presidencia al mismo personaje que en 1992 había liderado el intento de golpe que pretendía liberar, por una vía antidemocrática, al pueblo venezolano de la opresión de las políticas neoliberales y de los gobiernos socialdemócratas y de ultra derecha. Durante casi una década el pueblo se organizó para socavar el poder de forma democrática y en 1999 llegar al Palacio Miraflores encarnado en el rostro de Hugo Chávez, quien fue el encargado de liderar lo que hoy es la Revolución Bolivariana.

Como todo proceso social, naturalmente que la Revolución Bolivariana ha tenido vicios y conflictos. Como toda democracia, naturalmente que la venezolana necesita de perfeccionamientos y posee ciertos problemas. Pero las clases oligárquicas no se han quedado tranquilas durante estos años. Así, los mismos que ordenaron las masacres del Caracazo en febrero de 1989, en abril de 2002 orquestaron un golpe de Estado que pretendió sacar del poder a Chávez, pero fue el mismo pueblo el que en las calles salió a defender el gobierno que ellos habían elegido y del que ellos eran parte esencial. Ahora, en febrero de 2014, los mismos que en los años del Caracazo ordenaron a los agentes del Estado asesinar a miles de venezolanos, han convocado a una serie de masivas protestas contra el gobierno del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. La prensa internacional, los organismos de Derechos Humanos, la OEA y el gobierno de Estados Unidos ha criticado duramente al gobierno, cuando el 12 de febrero se produjeron 3 muertes en medio de la violencia desatada en las calles de las principales ciudades del país. Y hay que decirlo, estamos en presencia de un claro intento de desestabilización que tiene como objetivo, lograr un golpe de Estado que termine con la Revolución Bolivariana iniciada en ese estallido social de 1989.

Hoy ese mismo este de la ciudad de Caracas, que durante febrero de 1989 era cercado por los agentes del Estado para que los pobres no pudieran llegar donde viven los ricos, se llena de barricadas, son los ricos los que salen a la calle a protestar contra el gobierno. Muchos lo hacen sin ningún objetivo golpista de fondo, es claro que el gobierno de Maduro ha presentado diversos problemas de organización y el manejo de la crisis alimentaria que vive el país desde hace un par de años ha sido deficiente, por eso muchos se encuentran en las calles. Pero otro porcentaje alto de manifestantes lo hace con un sentido de clase: pretenden volver a recuperar el poder que comenzaron a perder desde el Caracazo de 1989 y del que fueron mayormente despojados desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, por mandato popular.

Teniendo clara la situación anterior, no puedo dejar de decir que hay quienes, en su ceguera ideológica, pretenden decir que en Venezuela no ocurre nada, que todo esta bien y que lo que en los medios se dice es parte de la propaganda imperialista que pretende generar las condiciones para un golpe de Estado. Si bien es clara la posición de algunos medios, notoriamente a favor de un golpe, no podemos obviar que el gobierno que precedió al de Hugo Chávez ha presentado durante todo este tiempo una serie de errores que hoy se están comenzando a visualizar de manera mucho más clara. La burocracia construida desde el aparato estatal se ha profundizado mucho más, dando espacio para la corrupción y el enriquecimiento de lo que podríamos llamar “la boliburguesía”, esas personas que se han enriquecido gracias a ciertas políticas de la revolución bolivariana. Y decir esto no significa el derrumbe del proceso, sino todo lo contrario.

El comprender los problemas y las crisis por las que atraviesa un proceso político que en su generalidad ha sido positivo para la mayoría de los venezolanos, abre la ventana a la posibilidad de solucionar estos conflictos y seguir avanzando, continuar haciéndole frente a los que nunca se quedarán tranquilos al ver que sus riquezas y que su poder ha sido socavado por las masas populares que en algún momento, por allá por febrero de 1989, se alzaron en las calles de Caracas y dijeron basta.