La reciente aprobación Proyecto Mina Invierno, el primero de 5 proyectos mineros que pretenden destruir prácticamente la Isla Riesco, creando minas a tajo abierto para extraer carbón y suplir la necesidad de materias primas que tienen las termoeléctricas sin tomar en cuenta los enormes daños al ecosistema que esto producirá, nos ha hecho sacar numerosas conclusiones.
Ante esta iniciativa, que implica una inversión de 480 millones de dólares y que será financiada por dos de los mayores holdings económicos de Chile, el grupo Ultramar, de la familia Von Appen, y el grupo Copec, de los Angelini, tanto las empresas mineras como las termoeléctricas han demostrado su más profunda alegría. Ante esto, me he puesto a pensar de donde parte todo y humildemente esbozare algo de lo cual muchos ya se han dado cuenta, hablo de la “cadena de la avaricia” que se esconde detrás del proyecto minero en Isla Riesco:
I. El interés y avaricia de las grandes empresas mineras, principalmente las pertenecientes al grupo BHP Billiton, la compañía minera más grande del mundo y principal empresa extranjera que se enriquece día a día explotando los recursos naturales chilenos. Este tipo de compañías, frente a la crisis que se vive con respecto al cobre, en donde la producción de cobre se encuentra muy por debajo de la demanda mundial, han presionado para lograr ampliar su producción y de esta forma poder hacer el negocio rápido, explotando lo más que puedan y vendiendo lo más rápido posible. Un verdadero saqueo, entendiendo saqueo como lo mismo que define la RAE: apoderarse de todo o la mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio. Toda esta presión ha hecho que los gobiernos, desde la dictadura en adelante, nunca hayan centrado su política energética en cómo satisfacer las necesidades del la industria y domiciliaria por igual, sino que siempre el eje de las políticas energéticas haya sido la producción de energía a nivel industrial, en base a eso los gobiernos han centrado sus acciones en el marco de “lo más barato”, la energía en base a combustión de carbón, gas o petróleo, siendo la primera la opción más promovida tanto por los privados como por las instituciones del Estado.
II. En base a las necesidades de las empresas mineras y de la gran industria en manos de pocos empresarios chilenos y grandes multinacionales, han surgido las empresas termoeléctricas de carbón, que proveen de energía barata pero muy contaminante. Lo de contaminante ha sido olvidado por los gobiernos, los que han creado diversos mecanismos para “fiscalizar” a las empresas termoeléctricas, pero no obstruir su desarrollo. De esa forma podemos observar como un ejemplo el caso de la Central Termoeléctrica de Castilla en la región de Atacama, en donde la presión de las diversas organizaciones sociales de la zona y los grupos comprometidos con el cuidado del medioambiente en Santiago, hizo que la Seremi de Atacama decidiera catalogar el proyecto como “Contaminante” y de esta forma invalidad cualquier intención de la COREMA por aprobar el proyecto. En los meses posteriores cuando el fervor social ya ha pasado, este miércoles 16 de febrero, se informo mediante varios medios de comunicación un cambio inesperado, que el secretario de salud de la región de Atacama volvió a cambiar el estado de la Termoeléctrica Castilla de “contaminante” a “molesta”, haciendo que nuevamente el proyecto vuelva a tener cierta viabilidad. Todo esto a espaldas de la ciudadanía. Finalmente, aunque existen resoluciones contrarias al proyecto tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema, el 25 de febrero de 2011, la instancia gubernamental encargada de aprobar el proyecto (Comisión de Evaluación Ambiental, ex COREMA), compuesta solo por autoridades que son nombradas por el presidente de la republica y sin participación de otros actores sociales en la votación ni en la discusión, lo volvió a votar aprobándolo por unanimidad.
III. La proliferación de Centrales Termoeléctricas en base a carbón y el desolador panorama para el futuro, en donde se plantea que más del 40% de las inversiones energéticas hasta el 2020 se concentran solo en esta área extremadamente contaminante, hace que los grandes holdings económicos del país se interesen en el negocio de proveer de carbón a las empresas termoeléctricas, es ahí en donde las familias más poderosas del país, como los Von Appen y los Angelini, con sus grupos Ultramar y Copec respectivamente, se muestren notoriamente interesados en la explotación de diversas zonas con la finalidad de extraer carbón a como dé lugar. Es ahí donde nace el ambicioso proyecto de extracción minera a tajo abierto en Isla Riesco. Cinco minas que en 20 años pretenden saquear una de las islas más grandes del país, que alberga recursos naturales invaluables. Debemos recordar que cerca de la mitad de las 500 mil hectáreas que ocupa Isla Riesco son parte de la Reserva Nacional Alacalufe, donde conviven una gran cantidad de especies protegidas de flora y fauna, como lenga, ñirre, cihue, huemules y pájaros carpinteros, todos los que se verían notoriamente afectados por la expansión de los residuos de la extracción. También en las aguas que la rodean viven delfines, lobos marinos y pingüinos, y en el cercano Parque Marino Francisco Coloane habitan ballenas jorobadas, todas estas especies podrían verse también afectadas por el gran puerto que estos grupos económicos planean construir para de esta forma sacar de la isla lo saqueado y trasladarlo a las grandes termoeléctricas existentes en el norte de Chile. Son ellos, los grandes grupos económicos, los que están dispuestos a destruir todo contar de sacar dividendos.
IV. Es en medio de todo esto, en donde entra a tallar el papel del Estado y todas sus instituciones para velar por el bien común por sobre el interés de los pocos empresarios y multinacionales que se enriquecen con la explotación de los recursos naturales de todos los chilenos. Lamentablemente, esta idea de el para qué debieran estar las instituciones del Estado, se ve completamente suprimida debido a la constitución vigente, impuesta en dictadura y fortalecida por la idea de “democracia protegida” presente un dentro del espectro político chileno, la que abre espacio para la creación de una verdadera clase política gobernante y cierra el espacio a la participación de los ciudadanos, definiendo solo unos pocos cuales son los intereses del país. Al tener a una minoría delimitando los intereses del país, se han puesto los intereses de los grandes empresarios y las multinacionales como los grandes intereses del país. El proyecto de extracción minera en Isla Riesco y la Central Termoeléctrica de Castilla son solo la demostración de un Estado que pone todas sus instituciones al servicio del empresariado y las multinacionales. Dentro de esta institucionalidad, se forman las COREMA, ahora denominadas Comisiones de Evaluación Ambiental, que como buena institución dentro de un Estado que “protege” su democracia de la participación ciudadana, está compuesta por Intendentes Regionales y Seremis, todos nombrados por el presidente y los únicos con derecho a decidir si los proyectos son viables o no, en base a los argumentos que presenten las respectivas empresas interesadas. Un claro ejemplo del espacio de participación que se le abre a la ciudadanía dentro de estas instituciones, son los solo 15 minutos que tuvieron en total, todas las organizaciones sociales que querían dar su punto de vista y sus indicaciones técnicas al proyecto en Isla Riesco.
Frente a toda esta “cadena de la avaricia”, Isla Riesco ha sacado a relucir el aspecto más crudo del saqueo a nuestros recursos naturales, en donde solo unos pocos se enriquecen y los intereses del país, que debieran ser los de todos los ciudadanos, son definidos por una clase política como los mismos intereses de los grandes empresarios y las multinacionales.
Isaac Gajardo
Cuando leí la noticia calificada por los medios como una “polémica” o “insólita” ordenanza Municipal de Huechuraba para condenar incluso con cárcel a los apoderados cuyos hijos presentaran alta inasistencias en su colegio, no pude evitar tener una suerte de crisis, específicamente cuando escuche el nombre de la patrocinadora oficial de este proyecto: Carolina Plaza. Después de escuchar ese nombre, ya descubrí qué era lo único que había detrás de esa ordenanza, ¿o a caso usted cree que es “por el bien de los niños”? Nonono! Le explicare cómo funciona el sucio negocio de un sistema de educación mercantil.
